Washington.- El fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, encabezó hoy una delegación que reiteró ante el Gobierno de Estados Unidos el pedido de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus exministros, acusados por la represión de protestas que dejaron 60 muertos en 2003.
«Hemos añadido testimonios y documentos que sustentan el pedido de extradición», dijo a Efe el fiscal general, quien hoy mismo concurrirá a una audiencia con el Departamento de Justicia.
Guerrero añadió que su Gobierno ha confirmado los domicilios de los exfuncionarios bolivianos cuya extradición se requiere y «uno de ellos está en Washington, los otros dos en Florida».
El Gobierno de Estados Unidos ya rechazó en 2012 ese pedido pero Fernando Díaz, de la Fiscalía General boliviana, explicó a Efe que ello ocurrió porque «no se cumplieron algunos procedimientos del tratado de extradición».
El Gobierno de Bolivia quiere juzgar a Sánchez de Lozada, el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, y el exministro de Hidrocarburos Jorge Berindoagüe, quienes están acusados de cometer una «matanza sangrienta», homicidio, vejaciones y torturas, lesiones graves, privación de libertad y allanamiento de domicilios.
Los supuestos delitos ocurrieron durante la represión en octubre de 2003 de las protestas contra la decisión del gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas boliviano a Estados Unidos por un puerto chileno.
En los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad murieron por lo menos sesenta persona.
La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, que concurrió con Guerrero a las citas con los funcionarios estadounidenses, dijo que «esos prófugos de la justicia tienen que volver a Bolivia porque deben rendir cuentas por el genocidio, tienen que ser juzgados en nuestros tribunales».
El abogado Freddy Ávalos, que representa a las víctimas, expresó su esperanza «para que en un corto tiempo este señor (Sánchez de Lozada) llegue a Bolivia a someterse a la justicia boliviana para responder por todos los delitos que ha cometido en nuestro país».
Díaz señaló que el pedido de extradición anterior no se presentó acompañado por una traducción de los documentos al inglés realizada por un organismo oficial acreditado ante el Gobierno de EE.UU.
«Hemos obtenido el trabajo de traductores de la Organización de Estados Americanos», una gestión que le costó al Gobierno boliviano un millón de bolivianos (aproximadamente 144.700 dólares), agregó.
«Las traducciones fueron legalizadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, y el Departamento Consular de la Embajada de EE.UU. en La Paz ha autentificado y visado los documentos y traducciones», dijo el funcionario.
Mientras que el primer exhorto no pasaba de las 1.970 páginas, los documentos que hoy presentó Bolivia superan las 2.200 páginas y, según Díaz, incluye la traducción de las declaraciones de todos los testigos y mejora la documentación de las pruebas de las víctimas.
Siguiendo el proceso debido, el Departamento de Estado enviará el pedido de extradición al Departamento de Justicia que evaluará las pruebas y las acusaciones antes de llegar a una decisión.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín encaran, además, una causa en Fort Lauderdale (Florida) donde el juez James Cohn aprobó en mayo el procesamiento de una causa civil iniciada por familiares de las víctimas de la violencia de 2003.
Los abogados que defienden a los exfuncionarios del Gobierno boliviano han pedido a Cohn que revise su decisión y que no permita el avance de la acción civil. El juez Cohn puede tomar una decisión final sobre este asunto en agosto.
Tras los incidentes violentos, Sánchez de Lozada renunció a la Presidencia de bolivia el 17 de octubre de 2003 y viajó a Estados Unidos, donde permanece desde entonces.
Por ese mismo caso, el Tribunal Supremo de Justicia boliviano condenó en 2011 a dos exministros y cinco exjefes militares que ejercían mando en 2003, y que fueron condenados a penas que van de tres a quince años de prisión.
El juicio quedó en suspenso para el expresidente y los dos exministros hasta su extradición ya que la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.
Guerrero añadió que su Gobierno ha confirmado los domicilios de los exfuncionarios bolivianos cuya extradición se requiere y «uno de ellos está en Washington, los otros dos en Florida».
El Gobierno de Estados Unidos ya rechazó en 2012 ese pedido pero Fernando Díaz, de la Fiscalía General boliviana, explicó a Efe que ello ocurrió porque «no se cumplieron algunos procedimientos del tratado de extradición».
El Gobierno de Bolivia quiere juzgar a Sánchez de Lozada, el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, y el exministro de Hidrocarburos Jorge Berindoagüe, quienes están acusados de cometer una «matanza sangrienta», homicidio, vejaciones y torturas, lesiones graves, privación de libertad y allanamiento de domicilios.
Los supuestos delitos ocurrieron durante la represión en octubre de 2003 de las protestas contra la decisión del gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas boliviano a Estados Unidos por un puerto chileno.
En los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad murieron por lo menos sesenta persona.
La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, que concurrió con Guerrero a las citas con los funcionarios estadounidenses, dijo que «esos prófugos de la justicia tienen que volver a Bolivia porque deben rendir cuentas por el genocidio, tienen que ser juzgados en nuestros tribunales».
El abogado Freddy Ávalos, que representa a las víctimas, expresó su esperanza «para que en un corto tiempo este señor (Sánchez de Lozada) llegue a Bolivia a someterse a la justicia boliviana para responder por todos los delitos que ha cometido en nuestro país».
Díaz señaló que el pedido de extradición anterior no se presentó acompañado por una traducción de los documentos al inglés realizada por un organismo oficial acreditado ante el Gobierno de EE.UU.
«Hemos obtenido el trabajo de traductores de la Organización de Estados Americanos», una gestión que le costó al Gobierno boliviano un millón de bolivianos (aproximadamente 144.700 dólares), agregó.
«Las traducciones fueron legalizadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, y el Departamento Consular de la Embajada de EE.UU. en La Paz ha autentificado y visado los documentos y traducciones», dijo el funcionario.
Mientras que el primer exhorto no pasaba de las 1.970 páginas, los documentos que hoy presentó Bolivia superan las 2.200 páginas y, según Díaz, incluye la traducción de las declaraciones de todos los testigos y mejora la documentación de las pruebas de las víctimas.
Siguiendo el proceso debido, el Departamento de Estado enviará el pedido de extradición al Departamento de Justicia que evaluará las pruebas y las acusaciones antes de llegar a una decisión.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín encaran, además, una causa en Fort Lauderdale (Florida) donde el juez James Cohn aprobó en mayo el procesamiento de una causa civil iniciada por familiares de las víctimas de la violencia de 2003.
Los abogados que defienden a los exfuncionarios del Gobierno boliviano han pedido a Cohn que revise su decisión y que no permita el avance de la acción civil. El juez Cohn puede tomar una decisión final sobre este asunto en agosto.
Tras los incidentes violentos, Sánchez de Lozada renunció a la Presidencia de bolivia el 17 de octubre de 2003 y viajó a Estados Unidos, donde permanece desde entonces.
Por ese mismo caso, el Tribunal Supremo de Justicia boliviano condenó en 2011 a dos exministros y cinco exjefes militares que ejercían mando en 2003, y que fueron condenados a penas que van de tres a quince años de prisión.
El juicio quedó en suspenso para el expresidente y los dos exministros hasta su extradición ya que la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.
