El convenio establece que dichos fondos se destinarán a la elaboración de planes participativos de gestión de riesgo en 101 municipios de los 128 clasificados de alto riesgo en el territorio nacional.
De igual forma, se planea la construcción de obras estructurales para el drenaje pluvial, control de inundaciones, canalización y protección de márgenes de ríos, así como presas de retención de sedimentos, entre otros.
Además, se dedicarán parte de estos recursos a la capacitación comunitaria en gestión de riesgo, ordenamiento territorial y uso de la tierra, según aparezcan priorizados en los respectivos planes de prevención y mitigación de los municipios, una vez aprobados por el reglamento operativo del convenio.
También se llevarán a cabo otras medidas integrales para la gestión del riesgo como: sistemas de alerta temprana, proyectos piloto de adaptación al cambio climático, formación de comités de contingencia elaboración de ordenanzas municipales y adecuación de infraestructuras críticas.
Prioritariamente se destinarán fondos para acondicionar centros de salud, escuelas, albergues y refugios.
El convenio cuya unidad ejecutora será la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), establece además que se financiará el proceso de socialización y reglamentación de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), así como el desarrollo de un plan estratégico para la gestión del riesgo en el país.
Se incluye también la reglamentación de normas técnicas para la construcción, así como el apoyo a la inclusión de la gestión del riesgo de desastres en los planes de estudio del nivel primario y secundario de los municipios priorizados.
Se preparara además, el currículo de gestión de riesgo de desastres para al menos cinco carreras universitarias.
