El 13 de agosto, un tribunal federal del estado de Texas ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) que diera “cumplimiento e implementación” al programa “Quédate en México”, una política de la administración de Trump que desató un desastre humanitario sin precedentes en la frontera entre Estados Unidos y México.
También conocido como “Protocolos de Protección Migratoria”, el restablecimiento de “Quédate en México” significaría un retorno a una política inhumana e ilegal que ha obligado a más de 71.038 personas solicitantes de asilo a esperar en México por sus audiencias de inmigración en Estados Unidos. La política de “Quédate en México” ha impulsado a niveles sin precedentes la creación de campamentos —con condiciones de vida profundamente insalubres e inseguras— en las ciudades fronterizas mexicanas, donde las personas solicitantes de asilo son expuestas de nuevo a peligrosos actores criminales, con más de 1.500 casos reportados de violación, secuestro, tortura y otros delitos contra las personas sujetas al programa.
Incluso cuando los casos llegan a la corte de inmigración de Estados Unidos, el difícil acceso a un abogado y los procedimientos apresurados, a menudo virtuales, han hecho que obtener asilo sea casi imposible: de los más de 15.000 casos cerrados a los que personas solicitantes de asilo asistieron a todas sus audiencias mientras permanecían en México, solo 720 (el 4,7 por ciento) recibieron algún tipo de alternativa a la deportación —la tasa media de alivios del sistema de inmigración fue del 28,4 por ciento en 2020—.
Al buscar terminar con “Quédate en México”, la administración de Biden dio un paso importante hacia mejorar la situación de un sistema de asilo diezmado por la administración de Trump, incluso en un momento en que el acceso al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México está lejos de ser restablecido. En lo que parece ser un progreso alentador, se estima que 13.000 víctimas de “Quédate en México” han podido ingresar a Estados Unidos en lo que va de 2021 para adelantar sus solicitudes de asilo, de conformidad con el derecho internacional y estadounidense.
Sin embargo, el 24 de agosto, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de suspender la orden de un tribunal inferior para restablecer “Quédate en México”. El DHS ha dicho que “continuará impugnando enérgicamente” el fallo del tribunal inferior, incluso mediante una apelación formal. Además, un posible camino a seguir, como señaló la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés), es que el DHS emita una nueva orden que cancele de nuevo el programa “Quédate en México”, con una explicación ampliada de las razones para finalizarlo.
El cruel e ilegal programa “Quédate en México” es un legado horrendo de la administración de Trump. El gobierno mexicano expresó su desacuerdo con la medida unilateral implementada por la administración de Trump cuando se promulgó por primera vez, pero se comprometió a recibir personas bajo el programa por razones humanitarias. Ahora, independientemente de la batalla judicial en curso para restablecer esta política desastrosa, el gobierno de López Obrador no debería colaborar en su reimplementación en México. Como se señala en una carta enviada el 23 de agosto al gobierno mexicano por más de 70 grupos de la sociedad civil, “es imposible volver a implementar [los Protocolos de Protección Migratoria] de una manera que se respeten los derechos humanos y el debido proceso, y México tiene la responsabilidad de bloquear [esta política]”.
La disputa en los tribunales por “Quédate en México” es apenas un síntoma de un problema mucho mayor: la falta de respeto del gobierno de Estados Unidos al derecho a buscar asilo en su frontera sur. Los altos niveles de migración son la nueva realidad en la frontera entre Estados Unidos y México, e incluyen a muchas personas que huyen de la violencia y la persecución en sus países de origen. Para afrontar mejor este momento, la administración de Biden necesita construir un sistema que esté preparado para procesar un gran número de migrantes y solicitantes de asilo de manera justa y eficiente. Pero si bien es cierto que es urgente acabar con “Quédate en México” para comenzar a restaurar el acceso al asilo en la frontera, también hay que reconocer que otras políticas de la administración de Biden han llevado al sistema de asilo de Estados Unidos en la dirección equivocada.
De manera alarmante, mientras que la administración ha desarrollado algunas estrategias regionales para aumentar el acceso a la protección y abordar los factores que impulsan la migración, las políticas fronterizas bajo Biden con frecuencia han mostrado un espíritu similar al de otras impulsadas por Trump como “Quédate en México”, cuyo énfasis no está en garantizar la derecho legal a solicitar asilo, sino en la aplicación de medidas disuasivas que violan los derechos humanos y ponen en peligro innecesario a quienes buscan protección.
La administración continúa manteniendo “Título 42”, otra política de la era Trump que, como “Quédate en México”, representa una violación flagrante del derecho a buscar asilo. Entre el 1 de febrero y el 31 de julio, citando la pandemia, el DHS expulsó con ligereza a 76.384 familias con hijos, la mayoría a México, sin siquiera ofrecerles la oportunidad de pedir protección en Estados Unidos. Muchas de estas personas se encuentran actualmente abandonadas en ciudades fronterizas mexicanas, incluyendo a las 5.000 personas apiñadas en un parque en la ciudad de Reynosa, asolada por el crimen organizado, y las al menos 500 personas que fueron llevadas en avión a la remota frontera entre México y Guatemala, y después acorraladas hacia Guatemala. Además de los vuelos de expulsión, la administración de Biden está utilizando también las deportaciones aceleradas.
Estas son las manifestaciones de un enfoque migratorio basado en la disuasión, en el que la atención no se centra en defender los derechos de asilo en un momento de desplazamiento masivo, sino en tratar a los solicitantes con dureza y negarles protección, a pesar de la amplia evidencia de que la represión y la crueldad no sirven para reducir la migración a largo plazo.
El DHS debe seguir todas las vías legales para desafiar enérgicamente el intento de restablecer los llamados “Protocolos de Protección Migratoria” de Trump. Además, la administración de Biden necesita desmantelar por completo las políticas migratorias restantes de la era Trump como Título 42 y reemplazarlas por medidas que apunten a un sistema de asilo que ofrezca el debido proceso a quienes huyen de sus hogares en busca de protección.
