El 26 de mayo nos enteramos que el diputado Óscar Nájera presentó una propuesta en el Congreso Nacional que busca reformar el Artículo 21 de la Ley General de la Industria Eléctrica, LGIE. Esta propuesta, introducida en medio de la algarabía provocada por la aprobación de la nueva Ley Electoral y por la inminente convocatoria a las elecciones generales, busca favorecer a un pequeño grupo de empresarios, a expensas de los dos millones de consumidores de la ENEE. Realmente resulta difícil entender por qué el Congreso pareciera estar empecinado en perjudicar a la gran mayoría para favorecer a un minúsculo grupo de privilegiados. Pero permítanme explicar mejor la situación.
La LGIE prevé que las contrataciones para la compra de energía y potencia deben hacerse mediante licitación pública internacional. No obstante, de todos era sabido que en el período entre la aprobación de la Ley en el Congreso y su publicación en La Gaceta, la Administración Hernández procedió con la “piñata eléctrica”, en la cual la ENEE firmó un gran número de contratos de compra-venta de energía y potencia, PPAs, sin que mediara licitación. A pesar de ello, algunas de las solicitudes de firma de PPAs no fueron atendidas por la ENEE, por lo cual esos proponentes no cuentan con PPAs firmados. Muchos, incluyendo al FMI, hemos venido solicitando que todo eso que no fue oportunamente formalizado, y que se basa en propuestas con precios exageradamente altos, sea formalmente cancelado, pero a la fecha, eso no ha ocurrido. Ahora resulta que quienes no lograron su PPA presionan por que se les otorgue uno y han encontrado en el diputado Nájera un aliado en su batalla.
La ENEE, por su parte, ha venido arguyendo que no puede firmar esos PPAs porque la LGIE estipula que en estos casos la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CREE, no trasladará los precios de esos contratos a la tarifa, lo cual vendrá a exacerbar su ya maltrecha situación financiera. En efecto, el Articulo 2 de la LGIE, entre otras cosas, literalmente dice que “Para aquellos contratos de compra de potencia y energía que la distribuidora haya suscrito mediante licitación pública, los costos se determinarán con base en los precios del contrato; para los contratos que hayan resultado de otros procedimientos de selección, la CREE determinará costos estándar en función de la tecnología y de la antigüedad de la central o centrales de que se trate.” Muy claro, ¿no le parece? De hecho, el espíritu de la Ley es que no se debe trasladar las ineficiencias de las empresas del sector al consumidor, ya sea que estas se origen en altas pérdidas eléctricas o en precios leoninos en generación.
Pues bien, la propuesta del diputado cambiaría la parte final del Artículo para que lea “Los costos se determinarán con base en los precios de los contratos suscritos o por suscribir entre las empresas desarrolladoras o generadoras y la distribuidora, por tanto la CREE trasladará a las tarifas los costos de compra de energía de esos contratos.“ Es decir, aunque los contratos no hayan resultado de una licitación pública, se deberá trasladar a la tarifa el costo abultado del contrato. La CREE no tendrá la autoridad para trasladar solamente lo que considere un precio razonable, sino que tendrá que darle al privado, quien logró el contrato mediante un proceso no competitivo, el precio leonino que satisfaga sus pretensiones. En otras palabras, traslade la ineficiencia al consumidor y suba las tarifas para que la ENEE pueda pagar precios exagerados por la energía y potencia que le venden estos empresarios.
¿Cuál es la lógica de todo esto? Si se trata de fomentar el uso de nuestros recursos naturales renovables, entonces lo lógico sería que el diputado y estos empresarios promuevan que la ENEE proceda a licitar la compra de energía y potencia proveniente de fuentes renovables. Seguramente que tal licitación produciría precios mucho más bajos que los que contemplan los contratos que ahora promueven. Por lo tanto, no se trata de promover el desarrollo de los recursos renovables. La lógica de los privados es fácilmente entendible. Sus contratos son tan jugosos que pueden darse el lujo que la ENEE les pague cada seis meses o cada año. Después de todo, los proyectos eólicos o fotovoltaicos tienen un costo de operación y mantenimiento muy bajo. El costo más importante es el servicio de la deuda, el cual usualmente se paga semestralmente. Pueden los inversionistas por tanto pagar los gastos de su bolsa y resarcirse seis meses después, cuando les pague la ENEE. Los precios de los contratos son así de jugosos. Por supuesto que, si lo ocurrido en la Administración Hernández es una indicación de lo que ocurrirá a futuro, la situación de la ENEE continuará deteriorándose y ya no podrán pagarles cada seis meses. Sin embargo supongo que pensarán que tarde o temprano el gobierno central tendrá que rescatar a la ENEE, y que en el proceso sus contratos serán protegidos por el afán de hacer prevalecer el estado de derecho.
Lo difícil es entender la lógica de los diputados. ¿Será que piensan que sus acciones en contra del interés común no tendrán consecuencias? ¿Piensan que son intocables y que seguiremos votando por ellos de cualquier forma? ¿Creen que el Ministerio Público y el Consejo Nacional Anti Corrupción jamás investigarán las contrataciones hechas por la ENEE? La impunidad está alcanzando niveles increíbles. En el caso de la reciente reforma de la ley de las ZEDE, escucho que ha sido imposible obtener los nombres de los diputados que votaron a favor de la reforma. Con ese funesto precedente, supongo que también nos negarán los nombres de quienes votaron por la reforma propuesta por el diputado Nájera. ¿Será posible que sigamos votando por estas personas? Yo, por lo menos no lo haré. Llegó en momento de decir ¡BASTA! Levantemos nuestras voces y no votemos por estos diputados. Si agachamos la cabeza y permanecemos callados, no podremos quejarnos de nuestro triste futuro en un estado fallido y deshecho.
