Nicaragua – El asesor económico del presidente Daniel Ortega, Bayardo Arce, se encuentra bajo vigilancia policial desde el pasado 26 de julio, informaron medios de comunicación de Nicaragua.
-Arce sería el tercer exmiembro la Dirección Nacional del FSLN, al que los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo, le imponen un régimen de arresto domiciliario de facto junto al excomandante de la revolución Henry Ruiz Hernández.
El exmiembro de la Dirección Nacional del FSLN fue despojado de sus escoltas en su casa de habitación, donde permanece bajo vigilancia policial.
En la noche del sábado 26 de julio de 2025, la Policía Nacional despojó al asesor presidencial en Asuntos Económicos, Bayardo Arce Castaño, de su escolta policial en su casa, y desalojó a los guardias de seguridad privada de sus oficinas ubicadas en el reparto El Carmen, que quedaron bajo resguardo policial.
Arce, exmiembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista y aliado de Daniel Ortega, fue nombrado asesor presidencial en 2007 y ratificado en el cargo el 16 de agosto de 2024, aunque desde hace varios años había sido un asesor sin funciones en asuntos de Gobierno, dedicado a sus negocios privados.
En el ámbito político, Arce Castaño, fue el responsable partidario del FSLN en la Corte Suprema de Justicia desde 1997, cuando el FSLN aún estaba en la oposición, hasta que fue separado de ese cargo con la intervención ordenada por Rosario Murillo en octubre de 2023, y sustituido por Fidel Moreno, secretario de organización del FSLN.
Fuentes vinculadas a Arce, confirmaron que su asistente ejecutivo Ricardo Bonilla, quien trabajó con Arce en funciones partidarias y de gobierno, fue interrogado el fin de semana por la Policía y la Procuraduría General de la República (PGR). También fueron citados y comparecieron ante la PGR, Ajax Delgado, socio en varios negocios con Arce, y un hermano del exasesor presidencial. Las tres personas interrogadas están en libertad.
El 26 de abril de 2018, sólo ocho días del inicio de las protestas ciudadanas, Arce admitió que hacer la reforma al Seguro Social sin consenso con el sector empresarial fue un error, pero lo justificó en que era urgente aprobarla ante el riesgo de “iliquidez” que impida pagar las pensiones. PD/agencias
