Tegucigalpa – La Fiscalía hondureña presentó en últimas horas ante el juez competente del Juzgado de Letras Primero de Intibucá, el cese de la medida impuesta al mexicano Gustavo Castro Soto y que le impide abandonar el país. Acto seguido se autorizó la salida del ciudadano azteca.
Castro es principal testigo de la muerte de la dirigente indígena, Berta Cáceres, hecho ocurrido el pasado 3 de marzo en la Residencial El Líbano en la Esperanza, Intibucá.
Mediante un comunicado de prensa, esta tarde el MP avala la medida que el mexicano Castro pueda abandonar el territorio hondureño, sin embargo se establece que no se descarta que a futuro se pueda solicitar la presencia del testigo de surgir nuevos elementos en la investigación.
“La Fiscalía quiere agradecer al señor Castro Soto por toda la colaboración brindada”, reza una parte de la nota oficial.
La jueza del Juzgado de Letras de lo Penal de Intibucá, Victorina Flores Orellana, ordenó a las autoridades migratorias suspender la medida de prohibición de salir del país girada en contra del ciudadano mexicano.
“Señor director ordene a las delegaciones terrestres, aéreas y marítimas de la presente suspensión de alerta migratoria, le libro el presente oficio en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, a los 31 días de marzo de 2016”, dice la nota girada al Instituto Nacional de Migración (INM).
Apoderados legales y la Embajada de México acreditada en Honduras habían solicitado en reiteradas oportunidades que se le concediera a Castro poder irse a su país, siempre con la premisa que seguirá colaborando con las diligencias de los operadores de justicia en torno al asesinato de Berta Cáceres.
Por decisión de las autoridades hondureñas, Castro debía permanecer en el país al menos 30 días -desde el crimen cometido el pasado 3 de marzo- porque como único testigo del asesinato podía contribuir a su esclarecimiento. El mexicano era huésped de la dirigente indígena el día de su homicidio y resultó herido en ese incidente, pero no de gravedad.
Organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras también pidieron esta semana a la Corte Suprema de Justicia que admitiera el “amicus curiae” y resolviera un recurso de hábeas corpus pendiente a favor del ambientalista mexicano.
