Mossi advirtió que la gerente de la ENEE, Rixi Moncada, al igual que sus funcionarios, incurren en responsabilidad administrativa al no acatar la ley y podrían ser reparados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) al no aplicar la modificación de las tarifas en concepto de ajustes de combustibles en consonancia con la citada normativa.
“Desde mi punto de vista, si las variaciones indican que el precio base que tiene la tarifa y el precio que ahora tiene no lo han aplicado, están violando la ley definitivamente y eso también es reparable”, refirió.
Citó que la Ley del Subsector Eléctrico establece claramente que la ENEE debe hacer las modificaciones o trasladar a sus clientes todos los ajustes que registren los combustibles en el mercado internacional, sean estos hacia la alza o a la baja, algo que la empresa estatal no ha efectuado con las últimas bajas de los carburantes.
Recientemente la gerente de la ENEE, Rixi Moncada, argumentó que el gobierno no puede trasladar las rebajas del bunker a las tarifas de la electricidad porque las generadoras térmicas se niegan a modificar sus contratos en lo concerniente a los cargos fijos y la empresa no puede absorber esos costos, dada su situación financiera.
Con ello, el gobierno del presidente Manuel Zelaya mantiene su posición de no reducir las tarifas a la energía a pesar que el precio del bunker, con el cual las empresas térmicas producen electricidad, cayó drásticamente en los últimos tres meses en 64.33 dólares, es decir un 142 por ciento.
Honduras cuenta con una capacidad instalada de 1,393 megavatios de energía, de la cual un 38 por ciento es generada por la ENEE a través de las centrales hidroeléctricas y algunas plantas térmicas, un 57 por ciento por los generadoras privadas que operan con bunker y el resto lo generan plantas hidroeléctricas y de biomasa privadas.
Obreros, empresarios y sociedad en general han venido exigiendo en las últimas dos semanas la reducción de las tarifas de electricidad, mientras que en el Congreso Nacional se conoció esta semana una iniciativa tendiente a que se modifiquen los cobros que la ENEE hace a sus clientes en concepto de ajuste de combustibles.
Procedimiento ilegal
Mauricio Mossi indicó que es ilegal que la ENEE se esté quedando con el remanente millonario que le genera la reducción del bunker y por consiguiente está obligada a trasladar esa disminución a sus miles de usuarios.
Apuntó que la empresa estatal de energía está también obligada a publicar el precio que tenía el bunker antes y después de las últimas rebajas en el mercado internacional y como esos se está aplicando a las tarifas.
El experto recordó que, además de la Ley del Subsector Eléctrico, está en vigor un decreto legislativo que establece que, si por ejemplo, el valor del ajuste fue de un 20 por ciento, ese debe ser el mismo valor que debe trasladarse a los usuarios del servicio y no menos.
“El procedimiento mediante el cual se ha venido aplicando estos ajustes no es transparente, la situación financiera es una cosa y el ajuste por combustibles es otra. El ajuste por combustibles no es para paliar la situación financiera de la empresa, simplemente es para compensar las variaciones en el precio de los combustibles y no es para obtener dinero adicional de parte de la ENEE”, apuntó.
Mossi insistió que la ley no autoriza al Ejecutivo a realizar la operación de quedarse con la diferencia que deja la baja del bunker en el mercado internacional y ratificó que “el ajuste es solo para compensar esa variación y no para cubrir déficit de ninguna naturaleza, de modo que es inapropiado e ilegal lo que se está haciendo”.
En función de lo anterior, el consultor señaló que si la ENEE continua negándose a trasladar la rebaja a la tarifa de electricidad, cualquier ciudadano puede solicitar al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que actúe o el mismo organismo contralor puede actuar de oficio para hacer cumplir la ley, de lo contrario proceder a sancionar a los funcionarios que se niegan hacerlo.
