Tegucigalpa – El Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca decretó este día Auto de Formal Procesamiento en contra de Ananías Misael Silva Almendares por la supuesta comisión de los delitos de tortura y abuso de autoridad en perjuicio de varios trabajadores de la Mina La Cuculmeca de San Juan Arriba del municipio de El Corpus.
Silva Almendares es uno de los militares acusados por el Ministerio Público junto a Wilfredo Corrales Sánchez y Yonathan Ariel Estrada Borjas también miembros del Ejército. No obstante, la juez que conoce la causa consideró que en el caso de los últimos el Ministerio Público no acreditó el elemento objetivo y subjetivo de su participación en los ilícitos.
A juicio de la togada, hubo ausencia de prueba en la audiencia para acreditar la participación y no habiéndose evacuado prueba mínima relacionada al delito que se les atribuye se les concedió sobreseimiento provisional ya que según los recortes periodísticos presentados el único militar identificable es Silva Almendares, lo cual es un indicio mínimo de participación en los hechos suscitados el 10 de septiembre de 2014 en la mencionada mina.
Dado que no hubo presencia de los ofendidos en la audiencia que pudieran identificar a todos los supuestos participantes, los indicios mínimos de participación únicamente señalan en este momento a Silva Almendarea, a quien se decretó la medida cautelar de prisión preventiva, medida que deberá cumplir en la 101 Brigada de Infantería bajo la guarda y custodia de su comandante José Benedicto Chicas a quien se libró el correspondiente oficio.
Para los otros dos acusados, la jueza considera que en el futuro el Ministerio Público puede incorporar nuevos elementos de prueba dentro de un término de cinco años a partir de la fecha por lo que corresponde un sobreseimiento provisional.
En los hechos ocurridos en la mina la Cuculmeca resultaron perjudicados Yerldo Bladimir Centeno Muñoz, Evis Arkelao Rueda Muñoz, Andi Macdonal Muñoz Hernández y José Santos Centeno Muñoz, quienes fueron víctimas de tortura, y la administración pública en el caso del abuso de autoridad.
