Tegucigalpa – De acuerdo al Programa de Auditoría Penitenciaria en los distintos centros penales del país se registraron hasta septiembre de 2014 un total de 756 privados de libertad con enfermedades graves, los que pudieran ser susceptibles de una análisis y evaluación para considerarlos en un proceso de excarcelación.
De estos 756 internos, 452 están condenados y 304 permanecen en situación de procesados.
Ante esa situación, la Coordinación Nacional de Jueces y Juezas de Ejecución a cargo de la abogada Rosa Irene Gudiel contempla dentro de los objetivos de su trabajo plantear una reforma a la Ley Especial para Personas Privadas de Libertad con Enfermedades en Fase Terminal y Enfermedades Degenerativas del Sistema Nervioso con el fin de que se adopten medidas más humanitarias y garanticen el derecho a tener una muerte en condiciones dignas y una efectiva asistencia médica y apoyo familiar a esta población en condición de vulnerabilidad.
Las enfermedades que han sido registradas con mayor frecuencia y que tienen una connotación de gravedad son enfermedades mentales, VIH, enfermedades cardiovasculares, diabetes, tuberculosis, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatía isquémica, enfisema pulmonar, bronquitis crónica, cáncer, asma bronquial, enfermedad terminal y epilepsia.
No obstante, a juicio de la Coordinación Nacional de Jueces y Juezas de Ejecución, la ley vigente es sumamente limitada y las evaluaciones así como el potencial desinternamiento de un privado de libertad es sumamente restrictivo ya que se condiciona a situaciones de salud estrictamente terminales como el cáncer en su última etapa, lo que no favorece el derecho humano de un reo ya que en las cárceles no hay condiciones para atender adecuadamente situaciones graves de salud como las enlistadas.
En este sentido, la discusión de una nueva ley en esta materia es fundamental a fin de velar por los derechos y garantías de la población privada de libertad, por lo cual se hará llegar los planes proyectos de reforma a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, a fin de que Honduras cuente con una ley más amplia que favorezca a los privados de libertad que se encuentran sufriendo graves situaciones de salud.
