Tegucigalpa – La Fiscalía hondureña está a la espera de asistencia legal internacional para obtener mayores elementos al momento de presentar los requerimientos fiscales en el caso de la compra irregular de siete hospitales móviles a un opaco intermediario que a su vez los encargó en Turquía por 48 millones de dólares (1 mil 200 millones de lempiras), pagados al contado por Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H).
– Aunque el pago se hizo desde abril, ya pasaron cuatro meses y los dos que llegaron hace 42 días aún no funcionan.
Las investigaciones están avanzadas en un 70 por ciento y solo se espera la información de la asistencia internacional por parte de Estados Unidos para hacer un seguimiento de la ruta del dinero pagado por el Estado de Honduras en la transacción de los siete sanatorios rodantes, de los que apenas dos llegaron desde hace 42 días, pero que aún no están desempeñando la labor para la cual fueron adquiridos.
“Solo se está a la espera de algunos detalles para presentar las acusaciones en el caso de la compra de los hospitales móviles”, dijo una fuente califica.
Se prevé, de acuerdo con el testimonio confiable, que las acusaciones serían para varias personas y no exclusivamente para una solo, sin detallar más allá para dejar que los hechos ocurran sin tropiezos.
La Junta Interventora de Invest-H ha apoyado la investigación que tiene en curso el Ministerio Público mínimamente, – “poco o nada, por eso es por lo que se ha hecho constantemente secuestros de documentos en esa oficina del Estado” – infirió.
La ATIC decomisó documentos en Invest-H.El gobierno hondureño, a través de Invest-H, pagó 48 millones de dólares (1 mil 200 millones de lempiras) al empresario guatemalteco Axel López, quien a su vez actuó como intermediario para pedirlos a una fábrica en Turquía. Por esta transacción el empresario se habría adjudicado dos tercios del valor total pagado por los siete sanatorios, según denuncias e investigaciones realizadas en el país y dadas a conocer por organizaciones civiles mientras el MP sigue con sus líneas claras de investigación desde el inicio de las adquisiciones para afrontar la pandemia.
Dos de los siete hospitales llegaron hace casi un mes a la terminal portuaria de Cortés, norte de Honduras, desde donde se trasladaron a San Pedro Sula y Tegucigalpa, para ser instalados, pero aún su armado no ha concluido.
Por estas transacciones rodó la cabeza del director de Invest-H, Marco Bográn, quien además es uno de los principales investigados por el MP. Luego se nombró a Evelyn Bautista para que lo sustituyera, pero a los días dimitió del puesto asegurando no tener apoyo del Consejo Directivo.
El gobierno determinó nombrar una Junta Interventora para escudriñar las operaciones realizadas por esa oficina durante la emergencia de COVID-19, que ya cobró la vida de más de 1 mil 600 personas.
El MP tiene 16 líneas de investigación por las compras de emergencia.Después de mucho tiempo de incertidumbre sin conocer el paradero de los restantes cinco hospitales móviles, la interventora dio a conocer que se construyen en Ankara, Turquía, y que llegarán a Honduras a finales de septiembre.
Las respuestas de los interventores no muestran respuestas contundentes, sus actitudes son dubitativas frente al panorama que tienen frente a sí. Ellos aún no logran definir la auditoría forense, uno de los propósitos de su existencia, tampoco la anunciada comisión que viajaría a Turquía para darle seguimiento a la construcción de los sanatorios ha salidos de Honduras y otros temas relacionados a las adquisiciones siguen en nebulosa.
Facturas de carpa no aparecen
En tanto, pese a los constantes secuestros de documentos y citatorias de funcionarios involucrados en la compra del hospital móvil de Villanueva, Cortés, nadie da razón de las facturas en torno a esta transacción que ejecutó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
Así conoció Procedo Digital de la misma fuente, quien agregó “nadie da razón de las compras de las carpas de Villanueva”.
Detectives de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), han ejecutado en varias oportunidades secuestro de documentos en Copeco en torno a la compra de las clínicas inflables.
Por este caso inicialmente declaró Gabriel Rubí, extitular de Copeco e igualmente se ha tomado declaración de actuales funcionarios de esa institución de contingencias.
Rubí fue separado del cargo tras una ola de críticas por el manejo en los procesos de compra durante la pandemia desde esa institución del Estado.
Varias visitas ha hecho la Fiscalía a las oficinas de Copeco.La última acción de recolección de información en Copeco se produjo el martes de la presente semana, cuando agentes de la Fiscalía llegaron para buscar las facturas sobre la compra de las carpas médicas.
Allí se determinó realizar el secuestro de documentos. Asimismo, se han realizado inspecciones de campo en el sanatorio inflable.
La compra, instalación y funcionamiento de esta carpa médica ha generado fuertes críticas por supuesta sobrevaloración y negligencia al momento de ser instalada en Villanueva, Cortés.
Una fuerte lluvia vulneró esta instalación al grado de exponer a los pacientes de COVID-19 que eran atendidos en esa zona del norte del país.
organizaciones civiles, políticas y ciudadanos retornaron al boulevard Suyapa para repintar esa interrogante en un puente a desnivel
Mientras avanzan todas estas diligencias judiciales, crece en el pueblo la gran interrogante de #DondeEstáElDinero. La frase se ha vuelto tendencia y aunque el propio presidente Juan Orlando Hernández ha contestado que el uso del dinero está desglosado en el portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas.
En las últimas horas, organizaciones civiles, políticas y ciudadanos retornaron al boulevard Suyapa para repintar esa interrogante en un puente a desnivel, misma que ha sido borrada y vuelta a marcar en una incansable lucha por la rendición de cuentas y la libertad de expresión.
