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Así es la Seguridad en Honduras: 16,716 muertes en casi tres años

Tegucigalpa.- A casi tres años de la administración del presidente Porfirio Lobo Sosa, el tema de la seguridad, uno de los pilares de su oferta de campaña, evidencia un estrepitoso fracaso al registrarse de 2010 a junio de 2012 cerca de 16,716 muertes violentas, de acuerdo a cifras oficiales, donde once de los dieciocho departamentos del país marcan el pico ascendente de la violencia.
 

De los 11 departamentos más inseguros, siete encabezan la lista de los más violentos y son Atlántida, Cortés, Copán, Colón, Ocotepeque, Yoro y Francisco Morazán. Les siguen Comayagua, Santa Bárbara, Olancho y Lempira.

Sobre ellos, desde hace tres años y un poco más, el Observatorio de la Violencia de la UNAH y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos vienen poniendo el dedo en la llaga en busca de respuestas estatales que se atropellan entre los discursos, las reformas inconclusas, los remiendos a medias y el imparable tráfico de armas.

Pero el resto de Honduras, con menor intensidad que los once departamentos más violentos, también se ha vuelto inseguro. Siguen predominando en el mapa hondureño los colores rojo intenso, el naranja y el amarillo para graficar cómo se mueve la inseguridad en este país del corazón de América Central.

Cifras del Observatorio de la Violencia indican que en el 2010, cuando inicia la administración del presidente Lobo Sosa, el número de homicidios o muertes violentas fue de 6,239 asesinatos violentos.

La tasa promedio en ese año por 100 mil habitantes fue de 77.5 homicidios, registrándose un total de 520 muertes violentas al mes y un promedio diario de 17 víctimas.

Cifras en ascenso

Para el 2011, el número de homicidios fue de 7,104 muertes violentas, con 592 asesinatos mensuales y un promedio diario de 20 homicidios. La tasa nacional de homicidios en ese año fue de 86.5 por cada 100 mil habitantes.

En el 2012, solo en el primer semestre del año se registraba un número de 3,373 muertes violentas u homicidios y todo parece indicar que al cerrar el año, esa tendencia no bajará, al contrario, es probable que se dispare. Las proyecciones son que podría mantenerse una tasa anual de homicidios similar a la del 2011.

Son cifras despiadadas, tan reales que se estrellan contra los discursos políticos de la inseguridad. Los esfuerzos hasta ahora son poco alentadores, centrados en la podredumbre que corroe a la policía y sus reformas, unas a medias, y otras que se ignora el rumbo a tomar.

Hay resistencia, para el caso, en entrar de lleno al tema de la reforma académica en la formación policial, cuna del semillero de los nuevos egresados de la policía.

Todo se ha centrado en las controvertidas pruebas de confianza, mismas que fueron inconstitucionales en el fenecido decreto de reforma a la ley especial de la policía, y que ahora fueron corregidas en una nueva reforma a la ley orgánica de la policía, tomando en cuenta la observaciones de la Sala de lo Constitucional, a la cual los diputados descabezaron por advertirles de las violaciones a las garantías constitucionales, para terminar dándoles la razón, pero igual dañaron la institucionalidad al intervenir en un poder del Estado.

No obstante, al margen de toda una estrategia gubernamental para intentar justificar los fracasos en la inseguridad, estas zonas rojas del país, son en su mayoría territorios en donde el Estado y el gobierno han perdido el control.

Armas y sicarios, ¿quién controla?

Su violencia no viene por un fallo constitucional, su violencia tiene otras lecturas a las cuales no se ha querido atender. Los siete departamentos más violentos ya mostraban esa tendencia desde el 2005 y aunque las cifras del Observatorio de la Violencia son un indicador para tomar acciones, la práctica muestra que la inseguridad no es prioridad, sino un discurso que empieza a agotar la paciencia ciudadana.

En todo el país, pero en los once departamentos más inseguros en especial, la mayoría de las muertes violentas son producto de acciones de sicariato, de bandas criminales que tanto los cuerpos de inteligencia de la Policía Nacional como del reciente Consejo Nacional de Seguridad Nacional saben dónde operan.

Estos sicarios operan con armas de fuego, la herramienta más utilizada para sus hechos delictivos, pero nadie—ni en el Congreso—quiere atender la regulación de la ley de portación de armas que se estima circulan en Honduras cerca de 800 mil armas, una cifra descomunal para un país de ocho millones de habitantes y con amplios márgenes de desigualdad social.

¿Pasa la seguridad por la policía? Probablemente sí, pero también pasa por políticas y acciones claras como el tema del control de las armas, la ubicación de los sicarios y también de las mafias del crimen organizado. Pasa porque funcione la cadena de control de los operadores de justicia, pero también porque la ciudadanía conozca los resultados de las postas policiales intervenidas en los territorios calientes para que se deje de llamar la atención mediática de “eficiencia” y comience a dar resultados concretos.

Más de 16 mil muertes en menos de tres años, son hechos que pesan. Igual que sus antecesores el gobierno, tiene y ha tenido en sus manos el diagnóstico de la violencia para actuar, no para archivar o usar con fines políticos, mientras los casquillos de bala siguen haciendo de las suyas en cualquier sitio de esta Honduras insegura. De momento, la política de seguridad no da las respuestas.

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