El funcionario advirtió que esas acciones “no nos amedrentan”.
“No es consecuente en este caso delegar y cargar la responsabilidad al Ministerio Público o diluir la responsabilidad que tiene la institución, porque no contribuye al esfuerzo de vencer la impunidad que impera en el país”, señaló.
Agregó que los derechos humanos también deben de defenderse por el lado de los fiscales.
Asimismo, cuestionó que hace falta voluntad política para garantizar la seguridad de los empleados de los entes operadores de justicia.
El funcionario admitió que se está en deuda con todos los sectores, pero “ya es tiempo de unir toda la institucionalidad y no sólo de estar criticando”, indicó.
En ese sentido, hizo un llamado a todos los abogados para que se reúnan mañana miércoles en todos los capítulos del Colegio de Abogados de Honduras, del cual es su presidente, para elaborar una manifestación y hacer propuestas para que se ejecuten lo más pronto posible.
“Tienen razón la gente cuando dice que sólo se habla de investigación, presupuesto, pero hagan un análisis a la institución y verán que con lo poco que se cuenta se ha dado respuesta con los grupos de apoyo”, sostuvo.
Por su parte, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, señaló que los niveles de impunidad en el país, comprometen la imagen y la responsabilidad nacional e internacional del Estado.
Pineda pidió que se investigue y se identifique la vulnerabilidad existente en los operadores de justicia para responder a la sociedad.
“Si es cierto que hay una situación de inseguridad en la que los operadores de justicia se encuentran expuestos así como el resto de la población”, aceptó.
Reprochó la justificación del Ministerio Público que argumenta la falta de presupuesto o las carencias en la investigación; cuando los familiares piden justicia, apuntó.
