Ese sentido de responsabilidad es un reflejo de nuestra cultura y educación en el ámbito de la familia, la comunidad local y la comunidad nacional. La cultura nos permite ser capaces de tener ideas claras sobre nuestros valores comunes; sobre quiénes somos; sobre cómo nos relacionamos los unos con los otros; y sobre cuál es nuestro objetivo local, nacional e internacional. En efecto, la cultura es fundamento de la imaginación creativa y de la iniciativa humana en todas las manifestaciones del ser humano, para conservar los valores más significativos del individuo y de la sociedad, para la adaptación a lo nuevo y para transformar la realidad como grupo familiar, como comunidad local, como pueblo soberano del Estado o como miembro de la comunidad internacional.
Esa comprensión constituye la esencia de la vida de la sociedad y del Estado que nos permite promover, a través de la educación, una cultura democrática y participativa en una comunidad de mujeres y hombres de todas las edades, en donde el diseño constitucional y el proyecto de reconstruirlo responsablemente con visión de país, basada en el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona humana, sea compartido por todos y todas, sin exclusiones ni marginaciones, y donde se aliente, al mismo tiempo, el respeto mutuo y la cooperación solidaria, entre todas las personas, para el desarrollo sostenible.
En esa dirección, la cultura democrática contribuye significativamente a explicar las distintas razones del cambio y a abandonar las prácticas viciadas, tal es el caso de aquellas que, desde casi el inicio de nuestra organización como Estado soberano, se desviaron históricamente de su compatibilidad con el fin supremo del Estado democrático de Derecho que es la protección y respeto de la dignidad humana, expresada en el goce real, por parte de los (as) habitantes, de bienestar, democracia, libertad y paz.
Esa desviación que necesitamos erradicar en nuestro país, tiende a ser mantenida por quienes con lenguaje descubierto a favor del bien común, continúan siendo animados por el propósito encubierto de apoderarse de las estructuras gubernamentales y de las instituciones del Estado para su utilización indebida y aprovechamiento individual o de grupo, discriminando y dividiendo la sociedad y deslegitimando la institucionalidad, incluyendo la de los partidos políticos a los cuales pertenecen, en menoscabo del orden democrático y del bien común esperado.
De ahí que podamos coincidir con lo expuesto por la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, cuando afirma que: «Si se busca una relación sinérgica entre la educación y la práctica de una democracia participativa, además de preparar a cada individuo para el ejercicio de sus derechos y deberes, conviene recurrir a la educación permanente para edificar una sociedad civil activa que, entre los individuos dispersos y el poder político lejano, permita a todos asumir su parte de responsabilidad en la sociedad, al servicio de una auténtica solidaridad de destino.
La educación de cada ciudadano, debe continuar durante toda la vida, para convertirse en un eje de la sociedad civil y de la democracia viva. Se confunde incluso con esta última, cuando todos participan en la construcción de una sociedad responsable y solidaria, respetuosa de los derechos fundamentales de cada individuo».
