Recientemente se ha dado un debate en torno a la presentación en el Congreso de un proyecto de Ley para la modernización de la ENEE. Me parece que ese proyecto de Ley (con las modificaciones que pueda requerir para enfatizar que no contempla la privatización de bienes estatales) es necesario, aunque no suficiente, para la reforma del sector. No obstante, está en peligro de ser rechazado porque, entre otras razones, estamos anestesiados. Pero permitan que explique mejor mi punto de vista.
En un país como el nuestro, con instituciones débiles y sumido en la inmadurez política, cuando una empresa está en el sector público responde a incentivos políticos y no a la eficiencia económica. Quienes dirigen esas empresas entienden que su principal función es contribuir al capital político del partido que les nombró en su cargo. En el sector eléctrico, y en el ámbito de la distribución particularmente, eso implica no tomar medidas que afecten la popularidad del partido, entre las cuales figura el corte del servicio a quienes no paguen o a quienes hurten energía. Por otro lado, se busca invertir en obras grandiosas, particularmente en generación, descuidando siempre la inversión en distribución ya que allí la inversión no se nota fácilmente. Esa actitud benevolente frente al hurto y el no pago de la energía, así como la falta de inversión lleva rápidamente a altos niveles de pérdidas de energía eléctrica, tal como ha ocurrido en Honduras y en República Dominicana, por mencionar dos casos.
Lamentablemente, esa situación no tiene un impacto directo sobre los consumidores, ya que la ineficiencia de la empresa pública, en nuestro caso la ENEE, no se traslada totalmente al consumidor. Eso, sin embargo, no implica que esa ineficiencia no se pague. De hecho, la ineficiencia es pagada endeudándonos y luego pagando la deuda con nuestros impuestos. En otras palabras, la ineficiencia que no pagamos mediante la tarifa eléctrica la pagamos reduciendo los fondos para la compra de medicinas, la construcción de nuevos hospitales, el mejoramiento y la construcción de nuevas escuelas y de carreteras. Los políticos saben que pueden ocultarle al pueblo el nefasto efecto de estas medidas, pero suponen, correctamente, que “ojos que no ven, corazón que no siente”. Esa razón explica por qué no hay un clamor generalizado pidiendo que la ENEE reduzca las pérdidas eléctricas. Simplemente no se siente su impacto y algunos se benefician del hurto y fraude. Estamos anestesiados, y es peor cuando el Presidente, abusando de su poder, pretende impedir un ajuste tarifario autorizado conforme a Ley. Al final el exabrupto del Presidente desembocó en un subsidio generalizado que costará, según el gobierno, quinientos millones de lempiras que no estarán disponibles para atender las necesidades de quienes padecen de varias enfermedades.
Ahora bien, piense la estimada lectora, que sucedería si la ENEE fuera escindida en diferentes empresas. El Gerente de la Empresa de Distribución obviamente que invertiría los recursos disponibles en distribución y no en las áreas glamorosas como generación y transmisión. Esta es una de las razones por las cuales la Ley de Modernización es necesaria, aunque no suficiente, para que el sector eléctrico sea eficiente y sostenible. La Ley es además necesaria para promover la competencia en el sector. Si la misma empresa controla transmisión, generación y distribución, entonces podrá usar sus bienes para impedir la competencia. Para el caso, puede usar su sistema de transmisión y de distribución para dificultar, e incluso impedir, que un privado pueda vender a otro privado ubicado en otra parte del país. La experiencia nos dice que es la competencia la que reduce precios y mejora la calidad del producto, y sin la Ley de Modernización no podrá haber competencia en el sector.
Hay quienes piensan que todo está bien y que lo único que falta es que los políticos no metan sus manos en la ENEE. Pero si esto no ha ocurrido en el pasado, ¿cómo lograrán que ocurra en el futuro? Recordemos que no se trata de nombrar un profesional de reconocido talento y experiencia una sola vez. Es necesario que se haga siempre así, y la historia nos dice que en nuestro caso, eso ha sido imposible. No es razonable hacer lo mismo y esperar resultados diferentes.
Hay otros que opinan que lo que debe hacerse es castigar a los responsables del descalabro de la ENEE. Si bien todos podemos estar de acuerdo con que se investigue y se castigue a los responsables, eso ignora la necesidad de solventar la crisis financiera de la ENEE y de reformar el sector para volverlo eficiente y sostenible.
Finalmente, hay quienes nos dicen que es inútil aprobar nuevas leyes. Nos recuerdan que en el pasado se aprobó la Ley Marco del Subsector Eléctrico y que no se respetó. Sin embargo, olvidan que esa Ley se aprobó para superar los racionamientos que golpeaban a la población y la economía, y la Ley resolvió ese problema. Como yo lo entiendo, la legislación es necesaria, pero no suficiente. Es decir, sin la Ley de Modernización no habrá reforma del sector, pero para lograr la reforma se requiere además de la voluntad y el liderazgo político al más alto nivel. Así ocurrió en Guatemala y Panamá, países que transformaron exitosamente sus sectores eléctricos.
Finalmente, tampoco puede decirse que basta con solventar el problema de reducción de pérdidas eléctricas. En primer lugar, poco o nada puede hacerse en este ámbito en tanto no se solucione el diferendo con EEH. En segundo término, la experiencia nos enseña que reducir pérdidas requiere tiempo, años, y recursos. En el entretanto, ¿qué hacemos con el déficit de la ENEE y con la reforma del sector? ¿Nada? Finalmente, supongamos que solo nos dedicamos a reducir pérdidas y que lo logramos. Sin la reforma del sector, ¿cómo podemos estar seguros de que no volveremos próximamente a caer en la misma situación? Si nada ha cambiado sería ingenuo pensar que el resultado será diferente la próxima vez.
Acepto que el proyecto de Ley de Modernización enfrenta un futuro incierto, pero todavía estamos a tiempo. Pensemos en los intereses nacionales y no en sacar ventaja política o personal. Sentémonos a dialogar y hagámosle los ajustes necesarios al proyecto para atender los planteamientos válidos de quienes realmente estén dispuestos a trabajar por el bien común. Que sea este acuerdo nuestra ofrenda como parte de la conmemoración al bicentenario de nuestra independencia.
