Tegucigalpa – Amnistía Internacional exhortó hoy a las autoridades hondureñas a garantizar que todas las personas sospechosas de estar involucradas en el asesinato del ambientalista Juan López, tanto los autores materiales como los autores intelectuales, sean llevadas ante la justicia en juicios justos.
– Honduras ocupa el primer lugar en el mundo en número de personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas per cápita según Global Witness.
Este 3 de junio tendrá lugar la audiencia preliminar en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula, Honduras, contra tres hombres acusados de haber participado en el asesinato del defensor del medioambiente Juan Antonio López, coordinador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP). Este proceso judicial puede ser clave para que la familia de Juan López obtenga verdad, justicia y reparación por el crimen cometido el pasado 14 de septiembre en el municipio de Tocoa, declaró Amnistía Internacional.
“El crimen contra Juan López es una clara muestra de que la situación de las personas defensoras del medioambiente no ha mejorado en Honduras. La organización saluda que el Ministerio Público esté avanzando con las investigaciones y espera que cada una de las autoridades involucradas cumplan con su deber de garantizar verdad, justicia y reparación a la familia de Juan López de manera efectiva”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El pasado 6 de octubre, el Ministerio Público de Honduras anunció que tres personas fueron arrestadas como presuntos perpetradores del asesinato de Juan López. Tres días después, un juzgado local ordenó la acusación formal por el delito de asesinato en perjuicio del defensor del medioambiente Juan López y mantenerlos bajo custodia. Desde entonces, los tres hombres están en prisión preventiva.
Comunidades de Tocoa en grave riesgo
Juan López formaba parte de un grupo de 30 defensores, entre ellos integrantes del CMDBCPT y sus abogados y abogadas del Bufete Justicia para los Pueblos (BJP), a quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas cautelares en octubre de 2023. Días antes de su asesinato, Juan concedió una entrevista en la que denunció la ineficaz aplicación de estas medidas de protección por parte del gobierno de Honduras. También en los días previos al crimen, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) de Honduras, lanzó una alerta temprana por la falta de implementación de dichas medidas.
Las personas defensoras de las comunidades de Tocoa, y sus abogados, se han enfrentado a continuos ataques –el asesinato de Juan López no es el único– y criminalización desde 2015 por cuestionar pacíficamente la legalidad del proyecto minero en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.
En 2021, Amnistía Internacional nombró a ocho defensores de Guapinol presos de conciencia, por estar más de dos años encarcelados injustamente sólo por defender pacíficamente el derecho al agua.
El 7 de enero de 2023, los defensores de derechos humanos Aly Magdaleno Domínguez Ramos y Jairo Bonilla Ayala fueron interceptados por unos atacantes armados que dispararon contra ellos y los mataron en el acto. Cinco meses después, el 15 de junio de 2023, Oquelí Domínguez, hermano de Aly Domínguez, fue también asesinado en la comunidad de Guapinol. Nadie hasta ahora ha sido llevado ante los tribunales por estos crímenes.
En febrero de 2025, el BJP denunció seguimiento a Kenia Oliva, una de las abogadas que participa en la búsqueda de justicia en el caso de Juan López y de los otros casos vinculados a la protección del Parque Nacional Carlos Escaleras. El CMDBCP y el BJP han denunciado varios episodios de vigilancia, difamación en redes sociales, intimidaciones, así como el desplazamiento forzado de personas defensoras.
Honduras ocupa el primer lugar en el mundo en número de personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas per cápita según Global Witness. En un informe de 2016, Amnistía Internacional constató que las personas defensoras del medioambiente, aun cuando son beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH, son atacadas y, en algunos casos, asesinadas. Es el Sistema Nacional de Protección, como parte de la Secretaría de Derechos Humanos, el que debe implementar las medidas de protección. No obstante, en los últimos años, este ente ha recibido críticas de parte de organizaciones internacionales y nacionales por su debilidad e ineficacia.
“Es lamentable que las autoridades hondureñas no se tomen en serio el riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el país. Es imperativo que el gobierno de Xiomara Castro deje de mirar para otro lado y tome medidas contundentes e inmediatas para acabar con la violencia contra las comunidades de Tocoa que defienden el medioambiente, incluido investigar todos los ataques en su contra,” dijo Ana Piquer.
Amnistía Internacional instó también al Estado hondureño a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la familia de Juan López, así como todas las personas que integran el CMDBCPT, el BJP y los testigos del asesinato del defensor en acuerdo con las personas afectadas. Asimismo, la organización urge a Honduras a elaborar e implementar un protocolo para investigar ataques contra personas defensoras, ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Escaleras Mejía y otros Vs Honduras en 2018.
Garantizar el derecho a un medioambiente sano
Juan López era coordinador del CMDBCP, organización que reúne a decenas de comunidades, grupos religiosos y organizaciones locales ambientalistas del municipio de Tocoa que desde 2015 cuestionan pacíficamente la legalidad de las concesiones mineras de hierro otorgadas a Inversiones Los Pinares (ILP), y argumentan que han afectado a la calidad de las aguas de los ríos Guapinol y San Pedro y al Parque Nacional protegido Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.
Desde un inicio, el CMDBCP solicitó a las autoridades competentes información sobre las concesiones y las evaluaciones medioambientales, y presentó quejas ante el Congreso, los tribunales locales y los organismos gubernamentales. Como resultado de estas acciones, recientemente avanzó un proceso penal contra tres ejecutivos de la empresa ILP, acusados de los delitos de explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. Asimismo, en otro proceso, el Ministerio Público acusó a la secretaria municipal de Tocoa del delito de falsificación de documentos, por hechos ocurridos en el marco de una consulta (cabildo abierto) celebrado en 2016 y que habría favorecido el desarrollo de los proyectos mineros.
Por otro lado, el 6 de mayo de 2024, gracias al impulso de las comunidades de Tocoa y la Oficina en Honduras del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, entró en vigor el Decreto 18-2024. Este decreto restablece el trazado original del Parque Nacional Carlos Escaleras que había sido puesto en cuestión hace una década con otro decreto que reducía la zona más protegida del parque. Además, el decreto 18-2024, incluye medidas para su protección y restauración. Las autoridades competentes no han anunciado públicamente aún los planes para su implementación.
Sin embargo, el presidente del Congreso de Honduras, presentó la iniciativa “Ley Especial para el Fomento de Inversiones mediante la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental”, que ha generado alarma entre organizaciones nacionales e internacionales por la posibilidad de que facilite la implementación de proyectos extractivos sin las suficientes salvaguardas. La Comisión de Medio Ambiente informó que excluía del alcance de la normativa los proyectos mineros y los territorios de Pueblos Indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, según la información recibida, hasta ahora, el texto no incluye salvaguardas vinculadas a la participación, incluido el acceso a la información.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, Astrid Puentes Riaño, en su informe de 2024, reafirmó que “además de ser derechos humanos reconocidos, el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia son elementos básicos del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”. Asimismo, recordó que “la transparencia activa es fundamental para disfrutar de otros derechos, especialmente en asuntos de interés público, como en el caso de la información relacionada con la exploración y explotación de los recursos naturales”.
“Garantizar el derecho a un medio ambiente sano no es opcional, es una obligación que adquirió el Estado hondureño. El compromiso del Estado hondureño con el medioambiente y las personas que lo defienden ha sido insuficiente y carente de dirección, pero aún está a tiempo de encaminarse. Al tratarse de una responsabilidad a largo plazo, también instamos a las personas candidatas en las próximas elecciones generales de noviembre de 2025 a que incluyan en sus programas propuestas que reflejan la urgencia de abordar este problema,” concluyó Ana Piquer.
La organización también urge a Honduras a adherirse al «Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe».
Área protegida
En 2012, el Congreso de Honduras declaró parque nacional la zona de confluencia de los ríos Guapinol y San Pedro, en la montaña de Botaderos (Decreto 127-2012). La idea, según se expresó, era que el parque –que en 2016 recibió el nombre de «Carlos Escaleras Mejía» en honor a un agricultor que dedicó su vida a defender la tierra y el agua de la zona– quedara protegido de los efectos de las industrias pesadas, incluida la minería. Las autoridades designaron zonas que debían estar libres de actividades que afectaran al medio ambiente y «zonas de amortiguamiento» en las que la minería solo podría llevarse a cabo tras una serie de evaluaciones, incluida una evaluación del impacto ambiental.
Un año después de que el área fuera declarada protegida, el Congreso decidió ampliar la zona de amortiguamiento del Parque Nacional y, por lo tanto, disminuir el tamaño del área más protegida (Decreto 252-2013). Esto abrió la puerta para que el Instituto Nacional de Geología y Minería de Honduras (INHGEOMIN) otorgara permisos de explotación minera en esta zona. En 2014, INHGEOMIN otorgó dos concesiones de exploración a la empresa minera Emco Mining (que pasó a llamarse Inversiones Los Pinares en 2017) con los nombres de ASP y ASP2. Al año siguiente, la misma empresa obtuvo una concesión de explotación para el proyecto ASP, tras obtener la licencia ambiental requerida no sin controversia. Estos proyectos se encuentran actualmente suspendidos.
El megaproyecto desarrollado en el entorno del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía también consta de una planta termoeléctrica de coque de petróleo y de una planta peletizadora de óxido de hierro. El 9 de diciembre de 2023, cientos de habitantes de Tocoa se presentaron en una asamblea municipal para rechazar el proyecto energético. El CMDBCP alertó de que, el 14 de mayo de 2025, el INHGEOMIN emitió una resolución mediante la cual declaraba sin lugar la oposición comunitaria contraria a la renovación de la concesión del proyecto de la planta peletizadora. (RO)
