América Latina y el Caribe se encuentra en una encrucijada crítica. De acuerdo a un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, entre 1997 y 2017, uno de cada cuatro desastres en el mundo tuvo lugar en la región. También concentró cerca del 53% de las pérdidas económicas mundiales por desastres relacionados con el clima.
A estos se suman enfermedades fitosanitarias como la ola de fiebre aviar, las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y los impactos globales de la guerra en Ucrania, especialmente el alza de los precios de la energía, el transporte, los insumos agrícolas y alimentos.
El escenario es complejo. Para enfrentar el contexto de triple crisis por desastres y cambio climático, problemas de gobernanza y el contexto de crisis socioeconómica, la región debe invertir en resiliencia.
En los últimos 30 años, las catástrofes provocaron los niveles más elevados de pérdidas en los países de ingresos bajos y medianos bajos, que oscilaron entre el 10 % y el 15 % de su PIB agrícola total, respectivamente. Los desastres también han tenido una repercusión significativa en los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), pues han hecho que pierdan casi el 7 % de su PIB agrícola.
Estas cifras se basan en lo que se informa oficialmente, y son sólo la punta del iceberg.
La agricultura es uno de los sectores más afectados por desastres, con pérdidas que representan un promedio del 23% del impacto total en todos los sectores. A su vez, más del 65% de las pérdidas causadas por sequías se registraron en el sector agrícola. Esto representa un riesgo de proporciones para la seguridad alimentaria y el hambre.
El Reporte Global de Crisis Alimentarias publicado en mayo de este año, indicó que, en 2022, en América Latina y el Caribe, el número de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda en nivel de crisis o emergencia alcanzó los 17,8 millones. Una de las situaciones más difíciles se registró en Haití, con 4,72 millones de personas afectadas, es decir, un 26% del total de la región.
La inseguridad alimentaria aguda en estos niveles lleva a la población a tomar medidas extremas, como vender los animales, consumir las semillas a sabiendas de que no tendrán qué sembrar, liquidar la casa o mendigar para comer. Es decir, entran en un espiral de vulnerabilidad.
Y es la población rural la que está en condiciones de mayor vulnerabilidad. En efecto, más del 80% de la población empobrecida vive en áreas rurales. Dentro de esta población, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes suelen ser particularmente afectados.
Para hacer frente a ese desafío, debemos tomar medidas urgentes.
En ese camino, el fortaleciendo los Sistemas de Alerta Temprana para los rubros agrícolas y la seguridad alimentaria, es fundamental, ya que permite alertar e implementar acciones anticipatorias para mitigar potenciales impactos. Se estima que, por cada 1 USD invertido en acciones anticipatorias, se puede generar hasta 7 USD en pérdidas evitadas y beneficios adicionales.
Mejorar la disponibilidad de datos también es clave. Existen distintos instrumentos, como la plataforma FAO Datos en Emergencias (DIEM) que monitorea crisis y desastres en seguridad alimentaria y medios de vida agrícolas, metodologías para evaluar daños y pérdidas económicas de desastres en la agricultura, y la CIF, reporte que mide la Inseguridad Alimentaria Aguda y al cual FAO contribuye.
Además, se deben fortalecer los mecanismos de la protección social para asegurar una mejor cobertura de la población rural frente a choques naturales y socioeconómicos, con mecanismos pertinentes de focalización y entrega. De esta manera se puede atender la desigualdad y otras causas subyacentes del riesgo, sin dejar a nadie atrás.
El pilar está en abordar el riesgo de desastres con una mirada de desarrollo sostenible y resiliente, promoviendo cambios de prácticas para enfrentar el riesgo, el cambio climático e incorporando innovaciones en base al análisis del riesgo.
La Plataforma de Diálogo Regional sobre Acción Anticipatoria organizada por FAO y otros socios del consorcio Anticipation Hub en Honduras esta semana, y una serie de publicaciones recientemente lanzadas por la FAO, contribuyen a poner en el centro del debate la importancia estratégica de estos temas.
Para esto, la colaboración entre diferentes actores, tanto a nivel nacional como internacional y una inversión de gran escala en resiliencia son clave.
