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Amenazas, persecución, atentados y asesinato de periodistas caracterizan gestión de Lobo: Conadeh

Tegucigalpa – Amenazas a muerte, persecución, atentados, agresiones policiales y hasta el asesinato de 20 periodistas, caracterizan los 2 años de gestión del presidente Porfirio Lobo en materia de libertad de expresión, según se revela en un informe remitido al Congreso Nacional por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
 

*Los medios más afectados, en la presente administración, han sido El Heraldo y diario La Tribuna ya que sus editores y reporteros han sido objeto de persecución, amenazas a muerte y hasta atentados por personas aún desconocidas.

*Además del asesinato de 18 periodistas, el Conadeh registró, entre enero de 2010 y el 2011, 10 amenazas a muerte, 5 de persecución, 5 atentados contra personas, 3 atentados contra medios y 8 actos de agresión, entre otros.

El titular del organismo, Ramón Custodio, detalló que en 2011, la violencia contra periodistas y medios de comunicación continuó siendo una amenaza muy grave para el ejercicio de los derechos a las libertades de pensamiento, expresión e información.

Añadió que los actos de represión cometidos en 2011, por los cuerpos de seguridad del Estado, contra miembros del gremio de periodistas, dejaron como saldo, comunicadores golpeados, heridos, desmayados -producto de los gases lacrimógenos- y hasta detenidos ilegalmente.

En esta ola de violencia, los más afectados, según el ombudsman hondureño, son aquellos periodistas que cubren y denuncian problemas como el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, violaciones a los derechos humanos o critican a las autoridades gubernamentales.

Sólo el año anterior, el Conadeh registró la muerte violenta de 6 periodistas, 3 casos de amenazas a muerte, 3 de persecución, 1 de extorsión, el asalto al hijo de un periodista y un secuestro.

A lo anterior se suman 3 atentados, uno contra el gerente general de La Tribuna, otro contra uno de los presentadores de Canal 6 y el atentado perpetrado contra las instalaciones de diario La Tribuna donde resultó herido un guardia de seguridad.

Al igual que en el caso de las muertes violentas que se mantienen en la impunidad, la falta de investigación policial tampoco permite identificar a los responsables de cometer los otros delitos mencionados, cuestiona el organismo.

En el documento, el Conadeh reitera su condena a la violencia que enfrenta el pueblo hondureño y que ahora alcanza a los mismos periodistas y a los medios de comunicación, en franca amenaza a la libertad de pensamiento y de expresión.

Custodio considera que cada hecho violento que se comete contra un miembro del gremio periodístico se convierte en un atentado contra el derecho a la vida, al trabajo, a la libre emisión del pensamiento y al derecho a buscar, diseminar e informar libremente.

Lamentó que el ejercicio periodístico, practicado en forma ética, responsable e independiente, se haya convertido, en los últimos años, en una profesión de alto riesgo en Honduras ya que se pone en peligro la vida de periodistas y sus familiares.

Sostuvo que el peligro es más latente para aquellos periodistas que le brindan cobertura y denuncian problemas como el crimen organizado, el narcotráfico, violaciones a los derechos humanos y los actos de corrupción gubernamental.

Muerte violenta de periodistas

Asimismo, el informe establece que desde el inicio de la presente administración, el 27 enero del 2010, se ha registrado una serie de hechos que permiten afirmar la amenaza que existe en el país contra la libertad de expresión.

Como parte de esas amenazas, según el documento, desde el inicio de la gestión de Lobo hasta el año 2011, se registró la muerte violenta de 18 periodistas, a los que también hay que sumar los dos registrados en el 2012, para totalizar 20 miembros del gremio asesinados.

Otro de los hallazgos del informe es que cada uno de los casos se encuentra en la impunidad por la falta de investigación.

Entre 2003 y lo que va de 2012, el organismo de derechos humanos, registró el asesinato de 27 periodistas y personas vinculadas a los medios de comunicación que, según Custodio, son víctimas de la situación de violencia generalizada que agobia al pueblo hondureño.

Expropiación, suspensión de nacionalidad y exilio

Otro de los hechos mencionados en el documento, que pone en precario la libertad de expresión en el país, fue la expropiación de un medio de comunicación privado por parte del gobierno, así como la suspensión de la nacionalidad a un columnista de diario La Tribuna.

A lo anterior se añade que producto de la inseguridad que se vive en Honduras, algunos periodistas han tenido que abandonar el país para poder salvaguardar su vida.

Amenazas, atentados, persecución, extorsión y agresiones

En el informe se reporta que durante la administración del presidente Lobo, se tiene el registro de 8 atentados contra periodistas e instalaciones de medios de comunicación, así como los actos de persecución y las amenazas a muerte que sufrió más de una docena de periodistas.

Asimismo, se reportan las agresiones de las que fueron víctimas los periodistas por parte de particulares y agentes encargados de la seguridad en el país.

Describe además un caso de extorsión y un secuestro contra empresarios de los medios de comunicación y el asalto perpetrado contra el hijo de un comunicador.

El ombudsman hondureño, advirtió que la pérdida de la vida de 25 periodistas y personas vinculadas a los medios de comunicación, entre 2003 y 2011, en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades encargadas de la investigación, permite denunciar que la impunidad promueve mayores violaciones.

Consideró que al igual que en los años anteriores, en 2011, Honduras siguió siendo un país sin justicia para las víctimas ni castigo para los victimarios.

Según Custodio, el gobierno de Lobo está en la obligación de establecer mecanismos que permitan proteger a los miembros del gremio de periodistas.

Añadió que las autoridades encargadas de la seguridad en el país, están en la obligación de intensificar los esfuerzos para investigar y someter a la justicia a los responsables de cada uno de los asesinatos.

“Las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y terminar con este capítulo de impunidad”, advirtió.

Comentó que lejos de su intolerancia anunciada oficialmente, el gobierno debe brindar protección a los periodistas ocupados en la investigación de casos de corrupción gubernamental, tráfico de drogas, delincuencia organizada y otros temas que pongan en riesgo su vida, su integridad física y la de sus familiares.

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