Tegucigalpa – La Alianza de Oposición volvió a dejar sentada su postura que no se sentarán en una mesa de diálogo en la que esté el presidente Juan Orlando Hernández o cualquiera de sus subalternos, asimismo el coordinador general de esta fuerza, Manuel Zelaya, afirmó que no creen en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni en el jefe del Poder Ejecutivo, que ellos no reconocen.
La directiva del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ricci Moncada, leyó un comunicado emitido hace un poco más de un mes. La acompañaba el expresidente Manuel Zelaya y el dirigente del Pinu-SD, Guillermo Valle.
Recordó que el documento, con fecha 7 de febrero, dirigida al coordinador permanente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Honduras, Igor Garafulic, en su parte fundamental establece que como fuerza política segura de haber logrado el triunfo en las elecciones del 26 de noviembre establecieron seis condiciones previas para participar en un proceso de mediación.
La primera era la instalación de una comisión especial de ambas partes integrada por la alta comisionada de la ONU para el tema de derechos humanos; la segunda, el derecho a la verdad sobre la caída del sistema de transmisión de datos electorales; la tercera, que la Alianza no confía ni en la palabra ni en la firma de Juan Orlando Hernández por su larga historia de incumplir acuerdos políticos.
Asimismo, exigen reformas electorales, nueva tarjeta de identidad, nuevo censo, segunda vuelta, sistema de justicia electoral, nuevo Tribunal Electoral y otro Registro Nacional de las Personas.
De su lado, la cuarta condición estableció que las partes debían designar como mínimo un mediador y tener derecho a veto hasta la aceptación recíproca. La quinta condición era el plazo de la mediación que debía ser de 30 días hábiles y que una vez que se determinara que Salvador Nasralla es el legítimo presidente debía entregarse a él el poder, caso contrario se debía celebrar un nuevo proceso electoral en base a la Carta Democrática.
En tanto, la última condición era la cláusula de sanciones políticas, económicas y sociales, que quede establecida en una ley especial emitida por el Congreso en el marco de la Carta Democrática en los casos de incumplimiento.
