Alianza opositora se retira de mesa de negociación con Gobierno de Nicaragua

Managua.– La opositora Alianza Cívica anunció este lunes su retiro de la mesa de negociación que mantenía con el Gobierno de Nicaragua para buscar una salida a la crisis que estalló en abril de 2018, hasta que el Ejecutivo excarcele a los denominados «presos políticos».

La decisión fue tomada, entre otras razones, por el «asesinato» del nicaragüense-estadounidense Eddy Montes, un prisionero opositor al Gobierno de Daniel Ortega que el jueves falleció al recibir un disparo de un guardia en una cárcel.

También ante los pocos avances hasta la fecha en la mesa de negociación «por la nula voluntad política de cumplimiento por parte del Gobierno» de los acuerdos suscritos en materia de la liberación de opositores y el respeto a los derechos y garantías ciudadanas, explicó la Alianza Cívica en una declaración leída en rueda de prensa por el dirigente estudiantil Max Jérez.

En su declaración, el bloque opositor también pidió a la empresa privada convocar a un paro nacional para presionar al Gobierno por la liberación de los manifestantes antigubernamentales.

La Alianza recordó que el pasado 27 de marzo firmó con el Gobierno un acuerdo en el que la liberación de opositores contaría con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y que el Ejecutivo respetaría las normas y estándares internacionales de tratamiento adecuado y humanitario de los presos.

Desde entonces, según la Alianza, el Ejecutivo ha cometido una serie de violaciones, entre ellas el «asesinato» del prisionero opositor Montes el jueves pasado.

«Fue asesinado estando en custodia del Sistema Penitenciario, y un número elevado de presos fueron heridos y golpeados gravemente el pasado jueves 16 de mayo. El Gobierno no sólo no ha cumplido, sino que ha violado lo acordado», denunció.

Asimismo, la Alianza argumentó que a pesar de estar el Comité Internacional de la Cruz Roja en Nicaragua, desde el pasado 29 de marzo, no se ha realizado una sola excarcelación con el apoyo de este organismo internacional.

«El hecho que el Comité Internacional de la Cruz Roja esté en el país por casi dos meses y no se haya excarcelado, ni liberado a un solo preso político en el marco del acuerdo con este organismo, es otra muestra de la burla del Gobierno al pueblo nicaragüense», sostuvo.

La Alianza Cívica observó, además, que el pasado 29 de abril los testigos y acompañantes internacionales del proceso de negociación presentaron a las partes la propuesta de realizar una excarcelación progresiva durante el mes de mayo, «propuesta que inicialmente fue aceptada por el Gobierno pero que luego se retractó».

Esa coalición explicó que retornará a la mesa de negociación «sólo cuando se hayan excarcelados a los presos políticos de toda la lista conciliada, sin menoscabo de la liberación definitiva de todos los presos políticos para el 18 de junio del presente año», como fue acordado por las partes.

Esta ronda de negociaciones comenzó el 27 de febrero pasado y se suspendió el 3 de abril, pero las partes mantenían reuniones para encontrar una manera de que el Ejecutivo cumpliera con los acuerdos firmados, y discutir sobre la justicia para las víctimas de la crisis y el retorno de la democracia.

Por otro lado, la Alianza Cívica convocó a los empresarios, pequeños, medianos y grandes, comerciantes y trabajadores, así como empleados de cuenta propia, sectores sociales y la sociedad en general, «a construir un proceso de consenso para efectuar un paro nacional y otras acciones cívicas, en los próximos días».

El objetivo, según ese grupo, es «hacer saber al Gobierno la exigencia de amplios sectores de la sociedad nicaragüense por la liberación de los presos políticos y el cumplimiento a los acuerdos ya suscritos».

«Consideramos que en estas horas claves es importante deponer egoísmos y ambiciones de poder, para dar paso a la búsqueda de la paz, la justicia y la democracia», señaló.

Nicaragua afronta su peor crisis en décadas que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha causado 325 muertos desde abril del año pasado.

Otros organismos locales cifran en 593 los fallecidos, mientras que el Gobierno de Ortega reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

La CIDH también cuenta al menos 809 «presos políticos», más del doble de los que reconoce el Gobierno de Ortega, que los denomina «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes».

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