En una entrevista con Efe en Madrid, representantes de las tres organizaciones explicaron la situación que vive el país que, según señalaron, «está viendo como sus bosques desaparecen de forma muy rápida, mientras la población local no se está beneficiando del uso sustentable y racional de sus recursos».
«Desde mi municipio, Campamento, nos dábamos cuenta de la gran desforestación que se estaba dando a nuestro alrededor. Cada día veíamos salir de 200 a 250 carros cargados de madera», indicó Estela Madariaga, responsable del CAM.
Madariaga se refirió a los cambios que la comunidad iba experimentando, como la escasez de agua o la baja producción de las cosechas.
«El clima cambió, las temperaturas eran más altas, y cuando llovía, todo se inundaban con mucha facilidad», recordó.
Así nació CAM, una agrupación de base, que lucha por sacar adelante una nueva ley forestal «más sostenible».
La idea de elaborar un nuevo reglamento comenzó hace ocho años, «pero no fue hasta hace tres cuando nos pusimos a trabajar en serio», apuntó Madariaga.
«Estuvimos encerrados un año planificándola, contactamos con diputados del Congreso y llegamos hasta el presidente», dijo.
El 13 de septiembre de 2007 se aprobó la ley, con el espíritu de las organizaciones populares.
«Un año después todavía no se ha puesto en marcha», denunció.
Los representantes de las tres organizaciones destacan el incumplimiento en los plazos para elaborar un reglamento que regule la nueva ley.
«El Gobierno creó una comisión para elaborarlo y, aunque formamos parte de ella somos veinte contra dos, porque está constituida por representantes de la empresa privada y empresarios de la madera», argumentó la responsable del CAM.
El 30 de noviembre es la fecha establecida para la aprobación de ese reglamento, «pero aún así pensamos que va a ser bien difícil la implementación de la ley, porque la corrupción es muy grande».
La tala ilegal en Honduras afecta, según estimaciones de la FAO, a 80.000 hectáreas al año, «y en los últimos 30 se han perdido aproximadamente 5 millones de hectáreas», aseguró Francisco Hernández, representante de la ONG británica Progressio, que apoya la aprobación de la nueva ley.
Hernández incidió en las consecuencias de la desforestación en la necesidades de las comunidades «que ven afectada su forma de vida y amenazada su seguridad alimentaria e hídrica».
«El problema de la tala ilegal tiene demasiadas facetas. Los mismos campesinos están involucrados, victimizados por una sociedad injusta que los obliga a hacer eso para poder sobrevivir», denunció.
Aseguró que si bien se ha constituido una ley que recoge los derechos de las comunidades, «sabemos que la tala ilegal no sólo se controla así, sino a través del mercado».
Por eso alertó para que los consumidores sepan que la madera que están comprando, «puede estar atizando el hambre de los pueblos, la muerte de gente y la desaparición de especies».
Recalcó, además, las situaciones de violencia que han vivido dentro y fuera de su organización.
«En Honduras han asesinado ya a cerca de diez ambientalistas por problemas relacionados con los bosques, y nunca se ha procesado a nadie».
Laura Furones, miembro de la ONG Global Witness, subrayó que aunque ya está instaurada la nueva autoridad – el ICF (Instituto de Conservación Forestal) -, «es muy preocupante ver que algunas de las figuras más problemáticas y más corruptas de la anterior institución han pasado a la nueva».
«Esto puede socavar la nueva ley. No hay que bajar la vigilancia. Estamos en un momento clave», concluyó.
