Es mi obligación someter, análisis y recomendaciones al Gobierno y al pueblo, sobre cómo aprovechar positivamente este momento histórico de incertidumbre social, en cuanto a nuestro futuro como Nación, para contribuir con la construcción del camino hacia la transformación nacional, en relación con la cual ya se está dando también importantes pasos positivos por parte del Gobierno.
El deber del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) es contribuir a hacer factible la transformación social esperada por la población. Por lo que es crucial plantear, al Gobierno y a la sociedad, lo ineludible que es su comprensión y entendimiento mutuo en aras de vivir dentro de un Estado democráticamente fortalecido, capaz de asegurar la vigencia efectiva y progresiva de los derechos humanos de todas las personas y del pueblo hondureño, en su conjunto.
La creación de condiciones favorables que posibiliten alcanzar ese propósito supremo de la sociedad y del Estado: requiere que todas y todos comprendamos y reconozcamos los factores estructurales e incidentales que nos afectan (I), lo que significa realmente ser persona titular de derechos humanos, y lo que necesitamos hacer conjunta y solidariamente (II).
Factores que obstan a la dignidad humana
La presencia histórica persistente de la suma de ingredientes políticos, económicos, sociales y culturales que han determinado y continúan manteniendo la situación de pobreza, discriminación e injusticia social, en la cual vive la mayoría de la población, en Honduras: testimonia la violación, a lo largo del tiempo, de derechos humanos de las personas y del pueblo, con énfasis mayor en grupos o sectores desfavorecidos o vulnerables.
La vulneración de derechos humanos, en particular a la vida, integridad física, salud, seguridad, trabajo, opinión, libre expresión del pensamiento, propiedad y desarrollo: ha aumentado debido a factores incidentales sobrevinientes que hoy experimentamos como la violencia, la delincuencia, el crimen organizado, la corrupción y la impunidad.
Esa situación revela el contraste entre lo que debería ser Honduras según la normativa vigente del Estado democrático y social de Derecho, y lo que es la realidad de las condiciones de vida del pueblo. Ello evidencia que, en general, nuestros sucesivos gobiernos no siguieron ininterrumpidamente el cauce democrático constitucional conducente a proteger, respetar y promover la dignidad humana de los habitantes; y que ha habido pasividad e indiferencia de la población ante esos comportamientos de los servidores públicos, y falta de su participación activa para contribuir con su propio bienestar colectivo.
Esa situación deja también ver lo impostergable que es superar los aspectos negativos del pasado, uniendo y potenciando los aspectos positivos del presente, y abriendo una nueva etapa de transformación social progresiva, utilizando como medio el cumplimiento, respeto, protección y promoción de los derechos humanos, en su convergencia única en la dignidad integral de todas y todos los habitantes.
Alcanzar ese propósito supremo, de la sociedad y del Estado, implica desprendernos de usos, enfoques o conceptos fragmentarios o despectivos que aún subsisten sobre los derechos humanos, en muchos casos, utilizados como banderas de intereses personales o de grupos; considerados como aplicables solamente a ciertas personas o sectores; entendidos como efectos de acontecimientos y, en consecuencia, sólo importantes al momento de ser violados; o reivindicados como derechos de ciertas personas que prevalecen o se imponen sobre los derechos humanos de todas las demás.
Usos, enfoques o conceptos que ponen de manifiesto los errores que han prevalecido y obstado a impulsar sistemáticamente el respeto, protección y promoción de la dignidad persona humana, en forma compatible con la esencia universal de los derechos humanos, tal como lo hacemos patente en la segunda parte de este análisis.
