De acuerdo a estudios preliminares del no gubernamental Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), la tasa promedio de homicidios en los meses de noviembre y diciembre de este año, bajó de 20 muertes violentas diarias a un total de 12 personas, lo que podría incidir en las proyecciones finales de la violencia y su tasa promedio anual.
No obstante, atribuye que esta disminución obedece a las denuncias de la prensa nacional sobre el accionar criminal de bandas operando desde la Policía y tras el asesinato de dos jóvenes universitarios, en el cual la responsabilidad recae en al menos ocho policías, de los que cinco se encuentran en prisión y otros tres están prófugos.
De no haberse producido la presión mediática sobre esos hechos, la violencia no hubiera disminuido y el operativo relámpago no tuviera los resultados deseados, dijo en rueda de prensa el presidente del CODEH, Andrés Pavón.
No obstante, otra serie de hechos delictivos se han registrado en la entrada en vigencia del operativo relámpago, según los registros de los hechos diarios en la crónica periodística de los Sucesos.
Asesinato de togados, atentados a diputados Recién estrenado el operativo relámpago, asesinan sin conocerse aún las causas a la abogada Judith Alemán, polémica por los casos que llevaba y de momento una persona fue capturada como sospechosa sin que trasciendan cuáles serían los móviles del crimen. Alemán, años atrás, había escapado a un atentado. El modus operandi de la acción criminal fue el sicariato. Días después, otro abogado, menos reconocido mediáticamente, fue acribillado en iguales circunstancias que su colega Judith Alemán. El abogado fue José Isidro García y residía en Tegucigalpa, la capital. En medio de este escenario, atentan contra el diputado nacionalista, Daniel Flores, en la ciudad de Tela, cuando sujetos le esperaban a la salida de su vivienda y empezaron a disparar varios tiros. Flores iba acompañado de otras personas y una de ellas resultó herida. El parlamentario fue a la posta policial a pedir ayuda porque los sicarios le seguían, según trascendió. Flores fue traído junto a su familia a la capital e interpuso formal denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Luego se produjo el asesinato del hijo de otro diputado, esta vez suplente, en la capital, sin que trascendiera a los medios. El diputado es originario de la conflictiva región de Olancho. A este atentado se suma otro efectuado en contra de la diputada liberal Marcia Facussé de Villeda, cuando desconocidos tirotearon su carro que se encontraba aparcado en un sitio donde ella graba un programa televisivo. Los presuntos sicarios creyeron que la parlamentaria estaba adentro de su vehículo. Todos estos casos de los parlamentarios se encuentran en la impunidad sin avances sustanciales en materia investigativa. Del escenario de hechos violentos se pasa a otro no menos delicado: los atentados a medios de comunicación que no han cesado en sus denuncias de complicidad policial en bandas delictivas y sus nexos con el crimen organizado.
Medios de prensa y analistas en la mira del crimen Así, se produjeron los atentados en contra del diario La Tribuna, las intimidaciones y seguimiento que es objeto su personal desde los últimos dos meses. Una persona resultó herida cuando desconocidos dispararon contra el edificio y según las pesquisas preliminares los casquillos utilizados por los supuestos sicarios son de arma de uso oficial. Posteriormente, se produce el asesinato de la periodista Luz Marina Paz Villalobos por sujetos que en motocicleta le dispararon al menos 25 tiros con revólver silenciador, una nueva modalidad de los sicarios, sin que hasta ahora existan asomos de la investigación tanto en el caso de diario La Tribuna como en el asesinato de la periodista Paz, la número 17 en la ola criminal contra los periodistas. No habían pasado 24 horas del crimen de la comunicadora social que consternó a la sociedad, cuando sicarios con la misma modalidad del crimen de Paz Villalobos, asesinaban al analista y experto en materia de drogas y seguridad, Alfredo Landaverde. Junto a él iba su esposa, Hilda Caldera, quien fue herida pero logró recuperarse satisfactoriamente. Landaverde fue asesinado luego de ofrecer en los medios de prensa explosivas declaraciones sobre la infiltración del crimen organizado en la Policía, de indicar la necesidad de intervenir ese órgano para depurarlo y formar una nueva institución policial y de afirmar que fueron policías los que asesinaron hace dos años al zar antidrogas hondureño, el general Arístides González. Mientras, la ex comisionada María Luisa Borjas, denuncia que es objeto de amenazas e intimidaciones en donde le dicen que «ella es la siguiente».
Escapes y muertes en la cárcel Casi en paralelo a estas acciones, el gobierno anuncia que el operativo relámpago incursionará también en la conflictiva región de Olancho. Indicó que había divido el territorio en ocho zonas estratégicas y de momento se encuentra en el norte, en San Pedro Sula, Tegucigalpa, en el centro, y Olancho, en oriente. La operación en Olancho buscaba, en principio, la captura de dos presuntos capos de la mafia, los cuales lograron escapar y quienes andaban con ellos, dos fueron asesinados 24 horas después de su captura en la Penitenciaría Nacional, y el otro goza de un sobreseimiento provisional. Las autoridades policiales encabezadas por el director de la Policía, José Ricardo Ramírez Del Cid, sostienen que investigan, que el crimen quiere atemorizarlos y que incluso buscan atentar contra su vida, pero hasta ahora todo sigue impune. El último crimen selectivo ha sido el de un instructor de la unidad especial Cobras, experto en armas y quien fuera del equipo de seguridad del ex ministro, Óscar Álvarez. La muerte del oficial se produce cuando se encuentra una investigación en proceso sobre la pérdida de un arsenal de armamento de la unidad de Los Cobras, así como otras armas en las cuales de momento se salpica también a la policía y sobre lo cual reina el hermetismo entre las autoridades de seguridad y la fiscalía.
