Tegucigalpa – La doble crisis que golpea a Honduras, la política surgida tras el proceso electoral primario del pasado domingo y la económica-monetaria, al llegar el dólar a costar 20 lempiras, ha recordado que el país enfrentará en las próximas semanas otro mal mayor, ya que deberá contar con miles de millones de lempiras para hacer frente a pagos urgentes.
– Solamente les quedan cinco semanas para poder recaudar los fondos y honrar los compromisos.
– Rechazado por los compradores de bonos, el gobierno acudirá a prestarse a si mismo, la última instancia antes de caer en la insolvencia.
Honduras ha venido represando una serie de pagos por obligaciones de prestación de servicios, ya que el gobierno no cuenta con la habilidad de recaudar todos los recursos programados. Otra debilidad es gastar más de lo presupuestado.
A lo anterior se suma que el gobierno no logró firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le impide acceder a unos 2,500 millones de lempiras en apoyo presupuestario de organismos financieros internacionales.
Concluida la semana postelectoral, al Gobierno comienza a correrle el reloj cuando deba hacerle frente a compromisos ineludibles y que consumirán miles de millones de lempiras.
Salarios y bonificaciones
En primer lugar, el Gobierno debe enfrentar el pago de planillas de burócratas los últimos dos meses del año, e incluso en algunas dependencias se adeuda a los empleados el mes de octubre.
Mientras los trabajadores del poder judicial señalaron que apenas hay 40 millones de lempiras disponibles en la tesorería para honrar los pagos de salarios de noviembre, pero que se necesitan 90 millones de lempiras, aunque en horas de la tarde un comunicado de Finanzas aseguraba que se había hecho la transferencia para completar el pago de este noviembre.
Sin embargo, la dirigencia de la asociación de empleados judiciales dijo que lo que más les preocupa es que de donde saldrán los recursos para pagar salarios de diciembre, vacaciones y el bono navideño, para lo cual se ocupan 270 millones de lempiras, que sumado al déficit de 50 millones de noviembre, hacen un total de 320 millones de lempiras.
Aguinaldos
La bonificación navideña, conocida popularmente como aguinaldo, a los empleados públicos del gobierno central, se encuentra en incertidumbre.
Mientras el gobierno insiste que no corre peligro alguno, existe preocupación en las decenas de miles de empleados por la falta de seguridad que les puedan abonar el ansiado pago en las primeras semanas de diciembre.
La ministra de la Presidencia y coordinadora del Gabinete Económico, María Antonieta Guillén, admitió que el gobierno estudia acudir al mecanismo de solicitar un crédito al Banco Central de Honduras, tal como lo establece la reglamentación.
La misma señala que el BCH puede darle un préstamo por el 10 por ciento de la recaudación del último año al gobierno central.
La ministra Guillén admite que es la única opción para poder cerrar el año fiscal.
De concretarse la medida, el gobierno tendría 5,000 millones de lempiras, con el cual podría hacer frente a los compromisos de pago de salarios y aguinaldos para sus empleados, así como compromisos con otros sectores.
Medicinas y carreteras
Solamente los pacientes renales se movilizaron el jueves frente a Casa Presidencial para reclamar que se paguen 50 millones de lempiras que se adeudan a la empresa que ofrece los servicios de diálisis. Otras movilizaciones se efectuaron el viernes. Ese mismo viernes, el propio presidente Porfirio Lobo salió al paso para comprometerse a cancelar la deuda a la empresa proveedora de servicios a mediados de la semana entrante.
Mientras otros sectores reclaman el pago de medicamentos entregados al sistema de salud estatal.
La ministra de Salud, Roxana Araujo, dijo que cuando asumió su cargo hace un par de meses, encontró que había un déficit de casi 1,000 millones de lempiras.
Mientras el sector construcción reclama el pago de 800 millones de lempiras por concepto de obras realizadas o en proceso de construcción y que debido a la mora estatal han debido paralizar labores.
Los dirigentes del sector constructor dijeron que las obras públicas desaparecieron y miles de personas fueron despedidas porque no se podían cumplir las obligaciones salariales.
