En sus primeras medidas para contener la ola criminal, Hernández asumió las riendas del poder acompañado de la salida oficial de la llamada policía elite Tigres, en el Estadio Nacional donde fue la toma presidencial. Allí los instruyó a salir a las calles a la caza de delincuentes, junto a la Policía y a la Policía Militar. Tres fuerzas preventivas y represivas que pululan por las principales zonas calientes de la capital y San Pedro Sula para buscar y capturar delincuentes.
Luego anunció el bloqueo de las llamadas desde los teléfonos móviles en las cárceles del país, donde un trabajo del diario digital salvadoreño El Faro, reveló que los privados de libertad en el penal de San Pedro Sula caminan con teléfonos Smartphone, poseen iPad o tabletas que les sirven para comunicarse vía skype, pagan derecho de piso a las autoridades y a los líderes internos del presidio por tener espacios cómodos y tienen hasta una especie de supermercado en el interior, entre otras comodidades.
Tienen, como dijo uno de los privados de libertad, derecho a «todo, todo, todo».
El trabajo periodístico, que salió publicado mucho antes del anuncio del presidente Hernández, es apenas uno de los grandes desafíos que tiene la actual administración nacionalista por recuperar el control en la mayoría de las cárceles hondureñas.
En el caso del bloqueo de llamadas, la misma entró en vigencia luego de un agrio llamado del gobernante a las empresas de telefonía móvil para que actuaran en base a lo estipulado en las resoluciones del ente regulador de las comunicaciones Conatel.
Hernández incluso señaló a las compañías celulares de tener sus manos «manchadas con sangre» si no acataban la disposición legal.
La reacción al llamado gubernamental fue inmediato y las empresas móviles comenzaron el bloqueo, pero con daños a terceros: las zonas aledañas a los 24 centros penales del país también sufrieron el efecto del bloqueo, hubo manifestaciones de protesta en la calle porque los pobladores–que no son presidiarios–se sintieron afectados en sus derechos civiles.
En principio el gobierno justificó la acción indicando que el interés colectivo se antepone ante un derecho privado, pero luego anunció que las compañías móviles deberán instalar en dos semanas equipos especializados que focalizan el bloqueo en los penales sin afectar a las mayorías. Los trabajos están por efectuarse.
No había terminado de concluir el tema del bloqueo de la señal de los celulares en las cárceles, cuando las cifras del Observatorio de la Violencia de la UNAH indicaban que la tasa de homicidio en el país durante el 2013 había sido de 79 por cada 100 mil habitantes. La media mundial es de 8.8 por 100 mil personas, pero Honduras hace años está lejos de ese parámetro.
El anuncio de la ley seca El Observatorio indicó que hubo una reducción de 5.8 por ciento en los homicidios en relación al 2012 donde la tasa nacional de homicidios fue de 85 por cada cien mil personas. Este dato contrasta con las cifras propias de la policía que aduce que la tasa fue de 75 por cien mil habitantes, pero de acuerdo al titular de Seguridad, no importa quién tiene el dato exacto,lo representativoes que se ve una tendencia a la baja y eso es lo rescatable. Calientes aún estaban en el tintero de las redacciones periodísticas estos datos del Observatorio, cuando el gobierno del presidente Hernández anunciaba otra medida:decretar una ley seca los domingosa partir de las 5:00 de la tarde hasta las seis de la mañana del lunes, en un afán por disminuir los asesinatos, que de acuerdo a sus estadísticas, se producen en ese lapso de tiempo.
Los negocios hoteleros y los restaurantes han pedido al gobierno reconsiderar esta medida, al menos en las zonas turísticas, por considerar que ello lejos de aumentar el turismo lo alejará rápidamente. Exponen que un turista que llega al país por motivos de paseo o de negocios se verá limitado en su derecho a tomar un trago o una copa de vino para acompañar una cena, por ejemplo. Que ellos no son gente que necesariamente frecuenta los antros populares, pero el gobierno aún no ofrece respuestas y la ley ya fue publicada con la fuerza con que sopla el viento. A la par de las acciones para contener la violencia y la criminalidad, el gobierno ha declarado también la guerra a la delincuencia común, representada de momento por una banda de forajidos denominada«Los Espinoza»,quienes han atemorizado por años la región del central valle de Comayagua, en especial el municipio de San Luís, Comayagua. En esa búsqueda palmo a palmo en las montañas del valle de Comayagua a «Los Espinoza», la Policía comienza a anotarse éxitos, al anunciar la muerte de varios de ellos, caídos en combate, manifiestan los comunicados oficiales. El presidente Hernández les ha pedido mano dura para que ese grupo de forajidos no siga atemorizando la zona. Y desde el congreso se acompaña estos esfuerzos ahora con la iniciativa de presentar para su aprobación una llamada«Ley de recompensas», que para algunos analistas y diputados puede ser un arma de doble filo que podría complicar las acciones de combate y prevención en la lucha contra la criminalidad. El parlamento multicolor hondureño tendrá en sus manos la definición de ese debate. |
La guerra contra las drogas
Eso del lado de la delincuencia común y el afán por disminuir la violencia. Pero del lado de la lucha contra el narcotráfico las medidas gubernamentales también son fuertes. Se han decomisado dos toneladas de droga en la aduana de Puerto Cortés, se creó una fuerza interagencial para un combate más efectivo a la criminalidad organizada que entre sus anuncios destaca la recuperación del Estado del control de la seguridad de los aeropuertos del país, la cual había sido cedida al sector privado.
Las autoridades también han asestado importantes golpes a la narcoactividad al incautarse de un sofisticado invernadero de plantas de marihuana holandesa y de amapola en Lempira y luego un túnel subterráneo donde se presume se procesa también droga en la región de Arcadia, en Copán. Todo ello indica que en la región de occidente la narcoactividad se mueve sigilosamente y la autoridad parece estar dispuesta a dar la batalla. Un tema que podría marcar la recomposición de los carteles en Honduras, tras la captura del capo más buscado del mundo Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, hecho acontecido el sábado en Mazatlán, México.
Se suma a esta iniciativa la decidida determinación gubernamental de echar a andar una polémica ley que autoriza el derribo de avionetas sospechosas de transportar drogas y que sería, entre otros aspectos, uno de los presuntos motivos por los cuales llegó al país el zar antidrogas de Estados Unidos, Williams Brownfield, aunque Washington descarta que sea así.
Recientemente, en una línea directa que parece será una forma de comunicación que caracterizará el discurso del actual gobierno, el presidente Hernández envió un mensaje cifrado al resaltar la colaboración de Colombia en la lucha antidroga, pero dejó entrever que otros (en alusión a Washington) cuestionan la decisión de la ley del derribo de aviones.
Inmediatamente, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa emitió una comunicación oficial desmintiendo que ellos estén preocupados porque su personal pueda ser afectado al entrar en vigencia esta ley, como se ha insinuado.
Pero diputados nacionalistas y liberales consultados por la prensa local sostienen que en la gira del zar antidrogas éste dejó entrever su preocupación por esta ley en vista que, según si visión, abre la discrecionalidad a violaciones a los derechos humanos y ello podría entrampar la cooperación de Estados Unidos a Honduras en la lucha antidrogas por las presiones que se puedan dar desde el senado y el congreso estadounidense.
No obstante, el gobierno sostiene que la ley del derribo de avionetas nadie la detiene, que su publicación será rápida, al tiempo que se anuncia desde el congreso reformas o la aprobación de una nueva ley sobre lavado de activos para adecuarla a la nueva realidad del país, donde los barones de la droga parecen tener el control de importantes zonas territoriales del país.
El tema de las extradiciones de narcodelincuentes a Estados Unidos todavía está en lista de espera, ya que hasta la fecha solo han procesado casos de extranjeros.
La seguridad, es por ahora, el tema que más ha concentrado la agenda gubernamental, con el desafío que al transcurrir el tiempo, su efectividad sea puesta a prueba.
