Tegucigalpa, Honduras. Una agenda de género no se diseña con medidas accesorias. En un país en donde los feminicidios siguen dejando luto y orfandad, es necesario que las políticas que garanticen la protección y promuevan la igualdad y equidad para las mujeres avancen por el acelerador y no por la escalera.
A inicios de 2025, siguen lastres que impiden que haya un sistema de justicia efectivo. Por ejemplo, el Código Penal no ha sido una respuesta ante el incremento de feminicidios y el maltrato doméstico, pues reduce las penas de los delitos contra las mujeres.
Sin embargo, a la fecha no se ha logrado modificar o derogar esa normativa con una que coloque en el centro la prevención sin obviar el castigo. La impunidad sigue soslayando las muertes violentas de mujeres y los feminicidas continúan sin enfrentar la justicia.
Además, las denuncias de violencia política son la piedra en los tacones de quienes buscan adentrarse a la gestión pública, ya sea a través de un cargo de elección popular o por nombramiento directo, ante ataques personales como tácticas machistas para espantar de estos escenarios a las mujeres.
Es por ello que en la agenda legislativa sigue pendiente la iniciativa presentada por la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional: la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, pues ellas desisten de participar en política debido a los señalamientos misóginos que imperan entre sus contrincantes.
También se busca realizar algunas reformas laborales y aprobar la Ley de Alerta Morada, que incluye un registro de agresores.
Sobre lo hecho y lo que falta por hacer, la designada presidencial Doris Gutiérrez destaca los avances alcanzados durante la administración, incluyendo nuevas leyes y programas enfocados en la defensa de sus derechos, el fortalecimiento de su participación política y el empoderamiento económico. Sin embargo, reconoce que la lucha contra el machismo, la violencia doméstica y la desigualdad política sigue siendo una prioridad.
Una novedad en la administración de la presidente Xiomara Castro es la creación de la Secretaría de la Mujer.
“Anteriormente, solo existía el Instituto de la Mujer con un presupuesto muy limitado. Con Semujer hemos ampliado las oportunidades en capacitación, orientación para la defensa de los derechos y generación de empleo. Además, ahora contamos con la Ley de Casas Refugio, que brinda albergue y protección a mujeres violentadas y sus hijos. Esto representa un gran avance en la protección de sus derechos”, destacó Gutiérrez.
Otro acierto es la implementación de la Línea 114, una herramienta que permite a las mujeres denunciar violencia de manera directa y rápida. Según Gutiérrez, durante 12 años se luchó por esta iniciativa, pues en el 911 se diluían todas las denuncias.
También se creó la unidad “Vivir Sin Miedo” en la Secretaría de Seguridad, que actúa de inmediato cuando una mujer siente que está en peligro su vida o la de sus hijos. Estas iniciativas han salvado muchas vidas, pero es fundamental avanzar en la aprobación de juzgados especializados para atender casos de violencia hacia la mujer.
Como impulso a la autonomía económica, a través del Despacho de la Designada Presidencial se otorgan certificados de canje por provisión a las mujeres que administran su hogar y se ha aumentado el número de emprendedoras a nivel nacional.
“Hemos impartido capacitaciones en 16 de los 18 departamentos del país, enseñando oficios como bisutería, piñatería, gastronomía y medicina natural. También hemos implementado proyectos como huertos familiares y avicultura, entregando aves de corral y semillas para mejorar la alimentación y economía de las familias”, destacó.
En el Plan Trifinio se han dado estímulos en herramientas para la conservación del bosque, donde las mujeres lideran estos procesos.
Aún con el avance y la implementación de estas iniciativas, los feminicidios siguen ocupando las primeras planas.
“En este 2025 seguiremos impulsando la participación política. También necesitamos abordar la violencia doméstica e intrafamiliar, ya que estos crímenes suelen ocurrir en espacios privados donde el Estado tiene dificultades para intervenir. Esto amerita campañas culturales contra el machismo, el patriarcado y la misoginia, que persisten en todos los niveles de nuestra sociedad. Además, exigimos el fin de la impunidad y la creación de juzgados especializados”.
Y es que según datos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), durante el 2024 se registraron 231 muertes violentas de mujeres y femicidios. Además, en ese mismo año se reportaron 27 homicidios múltiples, donde 86 personas perdieron la vida, 19 eran mujeres y 67 hombres. Los homicidios múltiples, también llamados masacres, son muertes violentas donde las víctimas son más de tres personas.
Del 01 de enero al 30 de noviembre del 2024, el Sistema Nacional de Emergencia (911) registró 34,177 denuncias de violencia doméstica y 46,488 denuncias de maltrato familiar.
En resumen, la creación de la Secretaría de la Mujer con un incremento presupuestario del 50 % en comparación con el Instituto de la Mujer; la implementación de la Línea 114, con más de 10,000 denuncias atendidas en su primer año; los programas de empoderamiento económico que han capacitado a unas 5 mil mujeres en emprendimientos rurales y los proyectos comunitarios, con más de 20 comunidades lideradas por mujeres apoyadas con infraestructura; la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer; la asignación del 5 % para las alcaldías y el 15 % para la capacitación de las mujeres en los partidos políticos contribuyen a darle a las féminas acceso a oportunidades, pero no son suficientes para erradicar la violencia y garantizar la igualdad.
La lucha sigue y, en ella, se necesita la orquestación y ejecución de un plan nacional escrito con mirada de mujer.
