Ortiz, abogado de los panameños, señaló que el Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) le confirmó en una respuesta a una consulta suya «que en los resultados de sus archivos salieron positivos y que aparentemente los muchachos están detenidos en Estados Unidos».
Indicó que «no sabemos todavía los detalles (acerca de) en qué cárcel y bajo qué cargos» están detenidos en el país norteamericano.
Los panameños desaparecidos, identificados como los hermanos Jorge Luis y Rodrigo Villalobos, y José Camilo Miranda, llegaron a la isla de Roatán, en el Caribe de Honduras, el 6 de junio de 2006, como miembros de la tripulación del barco «Galafate», con 330 toneladas de cemento a nombre de una empresa ferretera hondureña.
En Honduras se abrió una investigación sobre el caso por suponer que la embarcación podría estar ligada a acciones ilícitas.
Inicialmente, el cargamento de cemento fue investigado por las autoridades hondureñas por supuesto contrabando y defraudación fiscal, pero tras concluir las diligencias en septiembre de 2006 todos los tripulantes de la nave fueron sobreseídos de cargos en una audiencia preliminar.
Sin embargo, en lugar de regresar al país los tres panameños fueron dados por desaparecidos en territorio hondureño.
El abogado Ortiz manifestó que «a estos muchachos nunca le han permitido una defensa digna y no le han permitido comunicación con sus familiares».
Agregó que en junio próximo «cumplimos dos años exactos de estar en esta lucha titánica e imparable contra un gobierno corrupto como lo es el de Honduras, que ha irrespetado a nuestro país y con el cual realmente no se merece que ni siquiera tengamos relaciones diplomáticas».
Ortiz se refirió al asunto durante una rueda de prensa celebrada en la Asamblea Nacional de Panamá, en la que también se habló del caso de siete marinos panameños detenidos en Estados Unidos por el hallazgo en enero de 2006 de un cargamento de droga en el barco de bandera panameña «Perseus V».
El «Perseus V» fue capturado supuestamente en aguas internacionales, en una operación dirigida por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos.
En esa operación fueron capturados doce tripulantes, entre ellos siete panameños, el resto extranjeros, y se decomisó una tonelada de cocaína que estaba en un compartimento secreto de carga.
Señalan los informes de las autoridades antidrogas de Panamá que la tripulación fue trasladada a EE.UU. para las investigaciones y el barco entregado al Servicio Marítimo Nacional para su custodia.
En relación a este caso, el diputado panameño de la oposición Luis Barría dijo hoy que los siete panameños se encuentran detenidos en EE.UU. «ilegalmente», y que los mismos debieron haber sido juzgados en Panamá «porque ellos son nacionales» y la Constitución del país prohíbe la extradición de nacionales.
Barría también reiteró sus criticas a la Cancillería panameña por no haber acelerado las gestiones para lograr la ubicación y la repatriación de los siete marinos, que ya fueron juzgados y declarados culpables en Estados Unidos.
La Cancillería panameña ha respondido a través de sus voceros que ha solicitado respuestas sobre este caso por la vía diplomática a las autoridades estadounidenses y que esperan que está se dé lo más rápido posible.
