San Salvador. De seguir los ataques a la prensa salvadoreña, el 2023 será el año de «no retorno a las garantías de la libertad de expresión», dijo a EFE la jefa de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo.
En su informe de ataques contra periodistas de 2022, la APES señaló que la libertad de prensa se encuentra en un «estado crítico».
«Si este es un punto crítico para la prensa en 2022, el otro año probablemente se convierta en un punto de no retorno a las garantías de la libertad de expresión», dijo Cárcamo.
Indicó que «en este contexto se reciente de un Estado cada vez más débil para denominarse democrático, (…) porque en este escenario hemos tenido casos que no se habían registrado en años anteriores».
Dijo que entre estos casos se encuentra el «espionaje ilegal» con el software Pegasus, la salida del país de 11 periodistas, «amenazas de muerte a periodistas por parte de autoridades de seguridad» y «varias reformas legales que están generado un clima de restricciones a la labor de la prensa».
Cárcamo añadió que la APES ha sostenido reuniones con periodistas de diversos medios de la capital e interior del país, quienes han advertido de «graves casos de censura», del uso de instituciones estatales para «amedrentar» a medios locales y una «crisis económica generada por el propio Estado».
«Es un escenario bastante complejo, en donde no descartamos que, en la medida en la que nos vayamos acercando a las elecciones a inicios de 2024, podamos tener aumento de amenazas hacia periodistas, agresiones por parte de simpatizantes de partidos políticos, principalmente del oficialismo», dijo.
Para la presidenta de la APES, en este escenario, «dependiendo del tipo de investigaciones que haga la prensa, puede llegar a haber casos de intento o encarcelamiento».
«No descartamos que en el interior pueda haber casos de agresiones físicas de gravedad, que incluso puedan atentar contra la vida de colegas», acotó y subrayó que en este 2022 «hemos tenido amenazas de muerte por parte de elementos de la Policía».
Lamentó que no existe diálogo con las instituciones de seguridad para abordar estos casos y dijo que no se conoce el trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para la protección de periodistas.
Indicó que la APES buscó a la PDDH por un caso reciente de «retención arbitraria» de un equipo del diario La Prensa Gráfica a manos de militares y policías, pero no se tuvo respuesta. Tampoco a los llamados a la titular del ente, Raquel Caballero, mediante redes sociales.
«Eso demuestra la falta de interés en querer activar el diálogo con la Asociación», lamentó.
Recordó que en procesos electorales anteriores la PDDH «era una entidad importante para poder atender vulneraciones», pero «ahora no tenemos esa garantía y eso obliga a la asociación a tomar otro tipo de medidas de trabajo».
«Prácticamente, a la Asociación le está tocando hacer el papel que le debería corresponder a las instituciones del Estado, porque hay una ausencia cómplice y a propósito para no atender las necesidades del gremio, eso me parece que es bastante grave», concluyó.
El Centro de Monitoreo de la APES registró, al menos hasta el 15 de diciembre, un total de 125 agresiones. Los casos con mayor número son los ataques digitales (24) y restricción al ejercicio periodístico (23).
Los «principales agresores» identificados son funcionarios (24), desconocidos (20) y agentes de las fuerzas de seguridad (19). Los afectados se dividen en 66 hombres, 50 mujeres, 14 medios de comunicación, 9 casos colectivos y 6 veces la misma APES. Son 11 los periodistas que han salido del país, se trata de 8 hombres y 3 mujeres.
Las denuncias de agresiones contra la prensa pasaron de 77 en 2019 a 219 en 2021, un incremento del 184 %.
(ir)
