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Acusan de tráfico de cocaína a cinco hondureños en Estados Unidos

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Miami (EE.UU.) – Cinco hondureños afrontan cargos en Estados Unidos por presunto tráfico de cocaína tras ser arrestados por transportar 2.529 kilos de ese estupefaciente en una embarcación de pesca que fue detectada por guardacostas en aguas internacionales.
 

Los cinco detenidos comparecieron hoy ante el juez John O’Sullivan, en un tribunal de Miami, en una primera vista judicial para fijar la fianza, y deberán regresar a la corte en septiembre próximo cuando serán acusados formalmente.

Los acusados son Loreto Norales Herrera, de 33 años; Vidal Castillo Marín, 44; Pedro Francisco Pérez Lobo, 43; José Arnulfo Euseda, 32 y Freddy Ricardo Romero, 43, según la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida.

Las autoridades les acusan de poseer cocaína con intento de distribución.

A cuatro de ellos se les fijó fianza, excepto a Euseda, a quien el juez consideró que podía fugarse por no tener vínculos en Estados Unidos.

Euseda invocó en la audiencia su derecho a permanecer en silencio y a que se le asigne un abogado de oficio.

Los hombres fueron detenidos el pasado 3 de agosto cuando la tripulación de un barco de los guardacostas estadounidenses patrullaba aguas internacionales cerca de las costas de Honduras.

Los guardacostas avistaron una embarcación de pesca con bandera hondureña, «La Isleña», al noreste de Gracias a Dios, y solicitaron al Gobierno de Tegucigalpa autorización para inspeccionar la nave, y le fue concedida.

Cuando abordaron la embarcación observaron unos once fardos en la cubierta que al ser sometidos a pruebas dieron positivo a la presencia de cocaína.

Durante la inspección hallaron 88 fardos que contenían envoltorios de cocaína del tamaño de ladrillos por un valor de 80 millones de dólares, según el documento judicial del caso.

Los cinco, según las autoridades estadounidenses, declararon que tenían conocimiento de que había cocaína en la embarcación para ser distribuida posteriormente.

Los guardacostas trasladaron a los acusados a Miami después de que el gobierno hondureño renunció a la jurisdicción del caso.

De ser declarados culpables, afrontarían una condena máxima de cadena perpetua.

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