Miami – El acuerdo firmado entre las cárceles del condado de Miami-Dade, el más poblado de Florida, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) causó una confrontación este jueves en la que, incluso, las autoridades removieron por la fuerza de la audiencia pública a una activista que cuestionaba el convenio.
Decenas de agrupaciones civiles abarrotaron la reunión de los comisionados de Miami-Dade para oponerse al pacto que permite a ICE confinar a los extranjeros en el sistema carcelario del condado, el octavo más grande de EE.UU., en el que hay unos 470 migrantes detenidos, alrededor del 10 % del total de la población carcelaria.
La molestia estalló cuando los comisionados pospusieron la audiencia al revelar que el acuerdo ya está vigente porque, argumentan, lo obliga una ley estatal que impulsó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por lo que la votación solo sería para ratificarlo y definir el pago que el condado debe recibir de ICE y los datos que debe compartirle.
Una mujer se levantó para exigir claridad en las reglas al presidente de la comisión del condado, Anthony Rodríguez, pero cuatro agentes forcejearon con ella, la sometieron, la expulsaron del recinto y la esposaron por considerarla disruptiva.
«¡Solo pregunté por el proceso! ¡Suéltenme!», exclamó la mujer en el suelo, mientras decenas de personas gritaban: «¡Déjenla ir! ¡Déjenla hablar!».
«Deberían avergonzarse. Todos son inmigrantes aquí. Miren sus apellidos: Rodríguez, González, García», gritó otra activista que salió tras ella.
Indignación por los acuerdos del ICE con Miami
Defensores de derechos humanos criticaron el acuerdo de Miami-Dade, que también indica que ICE debe pagar 50 dólares al condado para mantener confinado a un migrante por 48 horas en una prisión local, además de otorgarle a la agencia «acceso razonable a todos los detenidos» y «discreción» sobre qué información compartir.
Las asociaciones alertaron de que el acuerdo, respaldado por la alcaldesa de Miami-Dade, la demócrata Daniella Levine Cava, permitiría al ICE impedir que el condado publique información sobre los detenidos, lo que significa que «desaparecerían del sistema».
Pero la alcaldesa sostuvo que debe firmar el pacto porque el gobernador, el republicano DeSantis, ha impulsado leyes que obligan a las autoridades de los 67 condados a cooperar con ICE.
«Esto no es algo sobre lo que yo tenga opción. Esta es la ley de Florida y es requerido firmarlo. Llegó al consejo como un asunto rutinario para su ratificación», argumentó la funcionaria, del partido Demócrata.
Alerta por los centros de detención de migrantes
El acuerdo ocurre en medio de crecientes denuncias de activistas sobre las «condiciones inhumanas» de los migrantes detenidos en Florida, como el Centro Federal de Detención (FDC, en inglés) de Miami, donde este miércoles se reveló que un canadiense que estaba ahí bajo custodia del ICE falleció el lunes.
Además, DeSantis anunció el miércoles que construirá un centro de detención migratorio en un campo de la Guardia Nacional al suroeste de Jacksonville, que se sumará al polémico ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz Lagarto) que se construye desde esta semana en medio de la zona natural de los Everglades, rodeado de caimanes.
Por ello, María Bilbao, coordinadora de campañas de la American Friends Service Committee (AFSC) en Florida, denunció que «el gobernador DeSantis está usando la crueldad como un espectáculo político».
«Ahora quiere construir un centro de detención como teatro político en los Everglades, rodeado de lagartos y el calor extremo de Florida en un terreno que pertenece a este condado», opinó en la audiencia.
La activista Luisa Suárez acusó de «hipocresía» al autor de la propuesta, el comisionado Roberto J. González, por respaldar a ICE pese a que él inmigró a Estados Unidos desde Guatemala cuando tenía 2 años.
«Usted no estaría en EE.UU. o en su puesto de comisionado del condado si agresores violentos enmascarados (en referencia a agentes del ICE) lo hubiesen aprehendido ilegalmente dentro de una corte migratoria mientras su abogado estaba en el baño o mientras el juez estaba imprimiendo un documento que lo protegía de una detención inhumana. Así que no entiendo la hipocresía”, expresó. EFE
(vc)
