Sicariato, extorsiones, colusión con el crimen organizado, robo de vehículos, entre otros ilícitos, eran parte de las prácticas de una institución que delinquía con todas las de la ley.
Carteles infiltrados a lo interno de postas policiales como: La Granja, La Kennedy, La San Miguel, El Manchen y Belén operaban en total impunidad.
El 22 de octubre de 2011, se dio cuenta del hallazgo de dos jóvenes asesinados en el kilómetro 8 de la carretera que de Tegucigalpa conduce al sur del país. Rafael Alejandro Vargas Castellanos (22) y Carlos Pineda (24), eran las víctimas. La Policía Nacional reportó el hecho como muchos que trascienden los fines de semana y la hipótesis más fuerte era la de la delincuencia común.
Una de las víctimas era el hijo de la rectora universitaria, Julieta Castellanos, quien mediante su pericia profesional como experta en seguridad logró demostrar que a los jóvenes los habrían asesinado efectivos policiales a bordo de una patrulla asignada a la posta La Granja de la capital.
El resto de la historia es del total conocimiento público. Este lunes se cumple un año de aquella fatídica fecha en el calendario, que marcó una sacudida a lo interno del instituto policial, así como conmovió e hizo reaccionar a la sociedad hondureña.
Sendas comisiones, como la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), nacieron para depurar a los operadores de justicia que de una u otra forma estaban coludidos con el crimen y la impunidad.
Acostumbrada a salir cotidianamente en los medios de comunicación, Julieta Castellanos, hace una pausa en el agitado mundo de sus ocupaciones profesionales. Integrada de lleno en campos como la Seguridad, Salud y Educación del país, la rectora universitaria atendió a Proceso Digital para hablar del caso de su pequeño Rafael Alejandro Vargas.
Con la dificultad y el dolor que provoca referirse al asesinato de un hijo, Julieta Castellanos, habló como madre acerca de lo que ha vivido en estos 365 días desde que dejó de escuchar la voz de su vástago.
A continuación la entrevista:
¿Cómo ha sido este año sin Alejandro?
Es una situación dolorosa, difícil, una ausencia demasiada sentida. No hay forma de superar el vacío y el pensamiento… tengo la convicción que será una situación que perdurará mientras viva.
Tengo que tener el equilibrio entre llevar la pena y cumplir con los compromisos familiares, personales e institucionales. Esa forma de enfrentar la realidad hace que la vida pública se enfrente a un ritmo diferente al de la vida privada, son dos situaciones que uno tiene que aprender a manejarlas.
Tengo dos hijos más, tengo dos hermanos, sobrinos, amigos y tampoco puedo agobiarlos a ellos con la pena que llevo por dentro. He aprendido a llevar la pena muy íntimamente sin perjudicar a la gente que lo quiere a uno.
En el caso de mis hijo, perdieron a su padre hace cuatro años, luego a Alejandro hace un año y si yo me desplomo, quien velará por ellos… tengo que hacer todas esas valoraciones.
¿Qué hará este día cuando se cumple un año de la muerte de Alejandro?
Voy a tratar de vivirlo como un día normal porque se trata de una secuencia de vida. Todos los días son muy dolorosos, muy tristes. Uno amanece, anochece pensando en su hijo. Se me viene el rostro de Alejandro en el ataúd… hoy trataré de ir al cementerio como lo hago todos los domingos.
– Por un momento se apaga la voz de la madre que llora y siente la partida de un hijo. Castellanos no ha dejado de asistir a la tumba de su querido Alejandro un solo domingo, a excepción de los dos primeros meses después de su muerte, cuando la pena le quitó totalmente las fuerzas para hacerlo. ‘‘Los primeros dos meses no fui porque no había procesado que estaba allí. Desde diciembre para acá no he dejado de visitarlo’’, dice con palabras entrecortadas.
La angustia de perder a un hijo sumada a la impunidad en la que se encuentran muchos crímenes en Honduras, ¿cómo se logran soportar ese tipo de situaciones?
Como soy socióloga y como entiendo bastante bien el tema de Estado, el poder, la impunidad y la institucionalidad, por eso es que este tema específico de la impunidad lo sobrellevo, no con resignación porque no me puedo resignar, más bien lo manejo entre la paciencia y saber que no será un proceso fácil porque hay una institución como la Policía que está de por medio.
La Policía está, todavía, infiltrada por criminales que para lograr sus propósitos no les ha importado asesinar; hay criminales que se enriquecieron por diferentes formas ilícitas. Esos poderes son muy arraigados, son muy fuertes y tienen muchas redes en el Estado que los protegen porque de repente ellos les tienen temor o son beneficiarios.
Estoy consciente y siempre creí que no iba a ser fácil, por eso no me ha llegado la desesperación, ni la desesperanza porque consciente estoy que eso no va a ser fácil. Tampoco es suficiente para mí que capturen a los implicados sino que la institución policial sea depurada.
Yo desearía que ninguna madre pasara por el dolor de que le arranquen la vida de un hijo, por eso no me conformó con que se capturen a los tres que andan prófugos, sino que haya un proceso en el cual la institución que se sostiene con el impuesto de todos esté al servicio de la población y no represente una amenaza para nosotros. Esta es una lucha que está bastante atrasada en sus logros.
¿Podría compartirnos los verdaderos avances en la investigación sobre el caso de la muerte de su hijo?
Avances no siento que hay. Se conoce que hay tres prófugos desde diciembre, el último hecho registrado fue la entrega voluntaria de uno de los implicados.
Hemos pedido que se acuse a los mandos superiores que estaban en la posta de La Granja, me refiero a Rommel Martínez, Jorge Barralaga y el comisionado Palma (Marco Tulio) que estaba en la DGIC… si ellos no tienen indicios no tendrían porque pagar nada.
Todos saben que la posta de La Granja era una posta criminal y en una reunión a la que asistió doña Aurora Pineda (madre de Carlos, otro de los asesinados el fatídico 22 de octubre de 2011) le confirmaron que esos mismos policías habían asesinado a cuatro jóvenes en Los Hornitos, quienes fueron sacados de sus casas en la colonia La Peña. Esas mismas armas que utilizaron en ese crimen son las mismas que emplearon en la muerte de Alejandro y Carlos.
Además puedo decir que durante el proceso ha habido amenazas, intimidaciones, complicidad de mandos superiores y eso tiene que investigarse. En lo personal, desconozco si hay avances sustantivos, más de lo que se conoció desde la primera semana porque este caso, a diferencia de muchos, desde ese entonces quedó al descubierto.
El policía que se presentó voluntariamente, ¿ha logrado entrevistarse con él o que es lo que ha declarado?
No, no, no… ni lo haría. Desconozco cuál es su estatus, sé que había una audiencia pendiente que se postergó. Un abogado es el que ha hablado con él, tienen el testimonio de él… en lo personal, no he querido ver el testimonio, no creo que deba hacerlo…
En cuanto a los operadores de justicia, ¿cómo valora las diligencias del Ministerio Público, la Policía y del Poder Judicial en forma separada?
El caso de Alejandro y Carlos está todavía entre la Policía y el Ministerio Público. La Policía tendría que capturar a los tres que están prófugos, el Ministerio Público tendría que dirigir el proceso, acusar y ampliar la acusación y eso no se ha hecho.
Si juzgamos por las primeras semanas, las dos instituciones actuaron de una manera fallida, grotesca… sorprendentemente desafortunada porque la Policía dejó ir a los prófugos y la Fiscalía no los quiso agarrar cuando éstos admitieron que eran cómplices. Es por ello, que sentimos que estamos en un Estado de indefensión, una soledad institucional, una orfandad de justicia porque tuvieron todos los elementos a mano para poder actuar y en eso fue responsable la ex fiscal de los Derechos Humanos Sandra Ponce.
A eso iba, ¿cuál fue el papel de Sandra Ponce en todo este proceso?
Fue un papel cómodo, de poco compromiso… ella era más para la prensa, una funcionaria más mediática que efectiva. Ella es un fraude y un engaño porque mediáticamente aparentaba mucho compromiso, no solamente en el caso nuestro, sino propiamente en el tema de derechos humanos.
La actuación de Sandra Ponce fue fraudulenta, de poco compromiso… bajo mi perspectiva y por mi experiencia no era una persona que estaba a la altura del caso.
¿Cómo valora la Policía Nacional antes del 22 de octubre de 2011 y la de octubre de 2012?
Uno trata de valorar que hay una dirección dentro de la Policía que trata de mejorar los estándares de eficiencia con un nivel de efectividad en algunos casos, de capturas que no se habían hecho y las están haciendo, pero obviamente esto no es voluntad de una sola persona, tiene que haber una nueva estructura y un equipo sólido. Eso es un proceso que tiene que darse y ojalá que se dé.
En los primeros seis meses vimos una reducción de los crímenes, pero causa alarma las masacres que ha habido posteriormente. Creo que hay un nivel de imprudencia en el Estado que tienen que darse cuenta las condiciones en que el país se encuentra. Para el caso, las cuatro vidas que se perdieron esta semana en el oriente del país porque transportaban en condiciones inseguras siete millones de lempiras. Son muertes que se pudieron evitar y es responsabilidad de quienes tomaron esa decisión.
En el país tiene que haber investigación criminal efectiva, así como prevención efectiva. El ejemplo que le puse es un ejemplo claro, esas muertes fueron evitables.
No podemos negar o decir que nada a pasado. Han pasado cosas que no pasaban un año atrás, pero hay muchísimo por hacer en diferentes sectores.
¿Cuáles deberían ser los desafíos del Estado frente a la impunidad?
Hay que fortalecer la Policía de Investigación y la inteligencia policial, pero también hay que depurar y fortalecer el Ministerio Público. Sin esto no es posible enfrentar la impunidad.
Sugiero revisar las leyes porque hay personas que han cometido homicidios y los dejan libres con medidas sustitutivas. En ningún país una persona queda con medidas sustitutivas a los 60 años porque aún dispone de sus facultades para seguir delinquiendo. Por más que existan sectores que crean que esas leyes deban permanecer porque resguardan derechos, pero tienen un impacto en la seguridad y en la vida de las personas.
¿Y la ciudadanía que acciones debe tomar frente a la impunidad?
Es una tarea pendiente. Nadie estará interesado en que la impunidad se reduzca sino somos las víctimas. La demanda ciudadana debe manifestarse día a día.
¿Le parece que el proceso de metamorfosis que ha sufrido la Policía en el último año está siendo aprovechado por los que buscan remilitarizar la sociedad?
No ha sido exitosa la remilitarización que ha habido en la seguridad, si hubiera tenido éxitos tuviéramos otros resultados.
Este es un tema que los políticos deberían incluir en sus campañas con menos oportunismo cuando hacen de la seguridad un tema político. Es probable que los asaltos en los buses disminuyan con la presencia de militares en los buses, pero esa política no ha sido lo suficientemente efectiva… si miramos la tasa de homicidios no ha disminuido.
Si seguimos haciendo más de lo mismo después de una política que la implementó el ex presidente Ricardo Maduro (2002-2006), vemos que desde 2006 las cifras de homicidios se han triplicado, hay una tendencia a no querer ver los resultados y solo sacar eslogan en una publicidad frente a un proceso electoral en el que están abocados los partidos políticos.
Honduras está llena de miles de madres como Julieta Castellanos que lloran en el anonimato la muerte de sus hijos ¿qué decirles a ella?
Hay miles de madres que pasan por esta situación. A ellas les mando un abrazo solidario, consciente de lo que significa la pérdida de un hijo. Saber que la vida cambia para siempre, hay que luchar, cada quien decidirá de qué forma… cada quien decide como llevar su pena, yo decidí llevarla en la vía de la lucha para tratar de obtener un país mejor para los jóvenes.
¿Cómo valora el acompañamiento del Comisionado de los Derechos Humanos en esta lucha?
El doctor Ramón Custodio estuvo desde cuando la señora Sandra Ponce falló a sus deberes. Me comuniqué con él para que me acompañara en algunos temas puntuales como cuando la entrega del señor Pozo (José Rubén Pozo), como fue una entrega voluntaria y se hizo al margen de la Policía, era una misión delicada porque había que recogerlo en El Paraíso para que no hubiera alguna acción que deslegitimara la entrega.
Él (custodio) siempre ha estado en la mejor disposición de acompañarlos.
Ya casi para finalizar la entrevista. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que escuchó de su hijo Alejandro?
Hablamos a las 9:30 de la noche (viernes 21 de octubre de 2011) yo lo llamé para preguntarle a qué horas regresaba a casa, me dijo que estaba en una fiesta de cumpleaños de un amiga en la Miraflores y que andaba con Carlos Pineda, que se quedaría durmiendo en la casa de doña Aurora (madre de Carlos Pineda). Le dije que necesitaba el vehículo en la casa a las 8:00 de la mañana porque iba a salir a hacer los mandados del sábado. Me dijo que estaría a las 7:30 de la mañana en la casa, esa fue la última conversación que tuve con mi hijo…
(- La tristeza vuelve a hacerla presa fácil y se entrecorta su voz.)
A un año de la partida de Alejandro ¿qué recuerdos se le vienen a la mente?
Todos los recuerdos que una madre tiene de sus hijos… su cariño, su constancia, sus caricias, sus conversaciones y todo…
¿Puede seguir?
Muchas gracias…
– Y se apagó la voz por el llanto de Julieta Castellanos, esa misma voz que seguirá luchando porque Honduras tenga una mejor Policía. Un año pasó de la muerte de los dos universitarios y quien sabe cuántos más deberán pasar para que resplandezca la luz de la justicia y la verdad a lo interno de los operadores de justicia.
