San Pedro Sula– Las 10 personas detenidas por estar aparentemente implicados en un fraude de más de 45.5 millones de lempiras en perjuicio de la municipalidad de San Pedro Sula, Cortes, se presentan a la audiencia inicial.
El Ministerio Público presentará unos 30 medios de prueba, dijo el portavoz Yuri Mora.
La acusación incluye a Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega (representante de HERCOD); Steven Adolfo Fajardo Vargas, yerno del actual alcalde Roberto Contreras; Josué David Fajardo Hernández, tío de Fajardo; así como a los representantes de empresas que se coludieron en el esquema: José Antonio Juárez Pereira, Henry Geovanny Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcos Jonathan Morales Corea.
También se responsabiliza a funcionarios y exfuncionarios municipales, entre ellos: Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica (Gerencia de Infraestructura); Marlen Mena Gómez (exgerente financiero); Xavier Lacayo Delgadillo (tesorero municipal); Luis Enrique Saa (director de proyectos) y Walter Cartagena Villagra (exdirector de Vías).
Se les imputan delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos.
La audiencia inicial quedó programada para este viernes 26 de septiembre a las 10:00 de la mañana
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Acusación
La acusación se centra en 33 contratos fraudulentos adjudicados entre julio de 2023 y abril de 2024 a la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., destinados al mejoramiento vial, en los que participaron representantes de empresas y empleados municipales en reuniones previas para planificar la adjudicación irregular.
Entre los acusados figuran Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega, representantes de HERCOD; Steven Adolfo Fajardo Vargas y Josué David Fajardo Hernández; así como representantes de otras empresas involucradas.
También se señalan ex y actuales funcionarios municipales, incluyendo gerentes, tesoreros y directores de proyectos, a quienes se les imputan delitos como violación de los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos.
La investigación determinó que los contratos fueron fragmentados para evadir los procedimientos legales de licitación, adjudicando 26 de manera directa y 7 por licitación privada, mientras HERCOD incumplía requisitos básicos como la presentación de garantías y nómina del personal técnico.
Además, los funcionarios aprobaron pagos sin verificar avances o cumplimiento de obras, y en varios contratos no se especificó la ubicación de los tramos a reparar; algunos proyectos, como la reparación de un complejo deportivo y la rehabilitación de carreteras en El Merendón, aparentemente no se ejecutaron y no hay evidencia de que maquinaria ingresara a las zonas.IR
