Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El anuncio de la OACNUDH no es para celebrar, es una advertencia sobre los niveles de conflictividad social y de impunidad que imperan en la región atlántica de Honduras, que amerita la instalación de una oficina de terreno para conocer y registrar in situ la situación de los derechos humanos. Es la segunda oficina de esa naturaleza que se abre en América Latina, después de Colombia.
– En septiembre de 2024 se registró el asesinato del ambientalista y líder religioso Juan López, quien incluso antes de su muerte responsabilizó a políticos oficialistas si le pasaba algo.
“Hoy no es un día cualquiera; con la apertura de esta oficina en La Ceiba, Honduras se convierte en el segundo país del continente, después de Colombia, en contar con una presencia de terreno del Alto Comisionado”, expresó Bardia Jebeli, representante Adjunto y Oficial a Cargo de OACNUDH en Honduras, el 16 de mayo cuando hizo oficial la instalación de esa dependencia, en una zona donde la conflictividad social por diversos motivos se encuentra a flor de piel.
La violencia e inseguridad sumada a las demandas por acceso a la tierra son algunos de los factores que hacen de esa zona del atlántico hondureño una de las más inseguras del país, pues afloran en paralelo bandas del crimen organizado, grupos paramilitares y otras redes de criminalidad que mantienen en zozobra a la población en vista que la autoridad y la institucionalidad estatal parecen haber sido rebasadas por la presencia de este tipo de actores.
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) ha venido registrando en sus informes todos estos focos de conflictividad y violencia, alertando al gobierno y al Estado de Honduras sobre la gravedad de lo que acontece en esa zona, al punto que se está convirtiendo también en una de las principales regiones del país caracterizada por el desplazamiento forzoso de personas y familias.
Previo a la instalación de su oficina de terreno, como le denomina el OACNUDH, funcionarios de esta dependencia internacional socializaron la iniciativa con diversos sectores locales de la zona para reafirmar el compromiso del Alto Comisionado de Naciones Unidas de acompañar al Estado de Honduras en el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones internacionales relacionadas con el respeto de los derechos humanos.
Después de una pausa prolongada, la OACNUDH en Honduras ha salido a la luz pública con planteamientos puntuales relacionados con el respeto a los derechos humanos en materia de defensa de la vida de los activistas humanitarios, la defensa de la libertad de expresión, la necesidad de reforzar el Mecanismo de Protección, que a 10 años de su creación, se mantiene desmantelado; la abolición del estado de excepción por sus abusos y violaciones humanitarias, acompañamiento a las comunidades garífunas, y demanda por el cese de la impunidad en el crimen del ambientalista y defensor de los territorios, Juan López, en la región de Tocoa.
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Las funciones de una Oficina en Terreno
Ahora anuncia la instalación de una oficina in situ en la ciudad de La Ceiba para un mejor registro y acompañamiento de los casos de abuso y violaciones a los derechos humanos. Honduras, según el OACNUDH y otras dependencias de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), es uno de los países más mortíferos para los defensores de los derechos humanos, con mayor énfasis a quienes se dedican a defender el medio ambiente y los territorios.
«Las autoridades recibieron con entusiasmo la noticia de la apertura de esta oficina y recalcaron su disposición para trabajar de forma colaborativa ante los desafíos que enfrenta la zona norte. Esperamos que esta colaboración se traduzca en resultados concretos en favor de los derechos humanos», afirmó Bardia Jebeli.
Después de Colombia, un país con una alta conflictividad social tras la firma de los acuerdos de paz, Honduras es el segundo país en América Latina que abre una oficina regional para tomar el pulso a los derechos humanos.
La labor de estas “oficinas en terreno” se circunscribe a estar más de cerca de las comunidades y de las situaciones de derechos humanos en el territorio. Contribuyen a fortalecer las capacidades locales y nacionales al apoyar a las instituciones estatales, la sociedad civil y otras organizaciones para que puedan promover y proteger los derechos humanos de manera efectiva.
Asimismo, proporciona asistencia técnica y asesoramiento al gobierno en la implementación de políticas y programas de derechos humanos. La oficina en terrenos monitorea la situación de los derechos humanos en la zona y presenta informes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, según señala el OACNUDH en la conceptualización de los alcances de esta oficina regional.
Su función también se centra en trabajar con organizaciones de la sociedad civil, instituciones estatales, organizaciones regionales e internacionales para lograr los propósitos de la OACNUDH, al tiempo que contribuir a promover la justicia transicional, la promoción de la verdad y la reparación a las víctimas, además de trabajar en la prevención y protección de los defensores de derechos humanos contra las amenazas y ataques que son objeto.
En Honduras, la región del atlántico es de acuerdo con las organizaciones de derechos humanos, una de las más conflictivas, marcada por la violencia por ser estratégica en las conexiones para las operaciones del crimen organizado, en especial el narcotráfico, así como por poseer vastas extensiones de tierras de vocación agrícola, ganadera y minera, así como de riquezas culturales ancestrales. El acceso a la tierra es uno de los problemas más visibles, que cada vez se torna más complejo ante la presencia de actores paralelos de poder.
Una de esas zonas del atlántico hondureño donde se ha concentrado mucha conflictividad y violencia es la región que comprende el Bajo Aguán, muchos campesinos han muerto y han sido asesinados por este motivo, la impunidad es el denominador común de estos casos y los distintos gobiernos no han podido encontrar soluciones al conflicto, pese a firmar sendos acuerdos. La justicia no termina de llegar a esa zona del agro.
Iguales demandas reclaman los grupos garífunas y de los pueblos originarios ante la falta de cumplimiento a las sentencias internacionales emitidas por la Corte Interamericana de Justicia (Corte-IDH) por parte del Estado de Honduras.
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Primeros desafíos por enfrentar
De ahí que la oficina en terreno del OACNUDH, en cuanto a la zona del Bajo Aguán, deberá dar seguimiento a un convenio de 15 puntos suscrito entre el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y los sectores organizados del Aguán en 2022, donde algunos de los compromisos suscritos se relacionan con la presencia en las zonas de conflicto del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de la Presidencia, la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía de Derechos Humanos con mandato suficiente para: investigar las violaciones a los derechos humanos, proponer medidas de reparación a las víctimas, determinar las causas que dieron origen a las violaciones en la región del Aguán en los últimos 30 años.
También, la instalación de un mecanismo de investigación, seguimiento y reparación de violaciones a derechos humanos de las víctimas del conflicto agrario del Bajó Aguán. El mecanismo tendrá una estructura acordada entre las partes conformes de la comisión tripartita. Asimismo, la instalación de un mecanismo de investigación, seguimiento y reparación de violaciones a derechos humanos de las víctimas del conflicto agrario del Bajó Aguán.
Se encuentra también el compromiso de Investigar el accionar de las fuerzas de seguridad del Estado y empresas de seguridad privada, sus vínculos con estructuras irregulares y su papel en actos de violencia contra campesinos en el Bajo Aguán y, en caso de comprobar su participación en actos delictivos, trasladar ante las instancias judiciales las respectivas denuncias y demandas derivadas de dicha investigación. A ello se suma asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los defensores del Bajo Aguán.
Ninguno de estos acuerdos se ha podido cumplir a cabalidad, y la nueva oficina del OACNUDH ya tiene al menos una ruta diseñada de los seguimientos que debe hacer para lograr el cumplimiento de los mismos y contribuir a bajar los niveles de polarización y conflictividad en esa zona.
A inicios del 2025, más de 65 organizaciones que laboran en la zona emitieron un comunicado de emergencia para llamar la atención de lo que ahí estaba sucediendo. Casi seis meses después de ese llamado, el OACNUDH ha anunciado que abre su primera oficina regional de terreno para atender los problemas, registrar las denuncias, dar seguimiento a los acuerdos, generar alertas de advertencia, proteger los derechos humanos.
El inicio de esa oficina regional de terreno, así como la llegada al país hace varios años de la OACNUDH, lejos de ser celebrada por un Estado, es sinónimo de que la situación de los derechos humanos no pasa por su mejor momento, el deterioro se ahonda, la institucionalidad sigue debilitándose, y el Estado es incapaz de atender a sus ciudadanos para dar las garantías mínimas de respeto a sus derechos y libertades en países en un coma democrático como Honduras. (PD)
