Caracas – La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) pidió este sábado a la comunidad internacional un «contundente y firme rechazo a esta nueva ola de represión» en el país caribeño, donde, denunció, se han registrado más de 70 detenciones «sin orden judicial, sin garantías y sin que se informe oficialmente su paradero».
En un comunicado, la organización no gubernamental indicó que estas decenas de personas «se suman a las más de 900 víctimas de detenciones prolongadas e injustas».
«Pedimos a la comunidad internacional un contundente y firme rechazo a esta nueva ola de represión, manteniendo la denuncia activa ante el uso del aparato estatal para aplastar la disidencia. Solicitamos respaldo para exigir al Estado venezolano el cumplimiento de sus compromisos internacionales, así como el acompañamiento directo a las víctimas», expresó.
A juicio del comité, la verdadera solidaridad «se refleja en una diplomacia firme, comprometida con la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a las víctimas».
Señaló que defensores de derechos humanos, periodistas, docentes, estudiantes, dirigentes y ciudadanos extranjeros «han sido blanco» de «una ofensiva represiva diseñada para imponer el miedo sobre las bases de la mentira».
El Clipp exigió al Estado el cese inmediato del «uso de prácticas que constituyen delitos que no prescriben» y que garantice «la presentación inmediata, con vida, de todas las personas recientemente detenidas».
Además, pidió a las autoridades «información oficial y veraz sobre su ubicación, condiciones de detención y situación legal», el «cese total de las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias» y el «respeto pleno al debido proceso, a la integridad física y psicológica de las personas detenidas, al derecho a la defensa, la comunicación y visitas familiares».
También espera que haya sanciones «efectivas a los responsables de estas graves violaciones, para que no haya impunidad ni repetición».
Este viernes, el titular de Interior, Diosdado Cabello, informó de más de 70 detenciones en los últimos días, entre ellas de extranjeros, por un supuesto plan violento para «boicotear» las elecciones regionales y parlamentarias de este domingo, del que acusó al exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, uno de los arrestados.
El ministro aseguró que el plan incluía «actos terroristas» en embajadas, comandos policiales, hospitales, estaciones de servicio e instalaciones petroleras, eléctricas y de transporte.
Con respecto a Guanipa, dijo que se le «respetarán todos sus derechos», y adelantó que será «juzgado por actos de terrorismo, por lavado de dinero y por incitación a la violencia».
Su detención fue rechazada enérgicamente por los líderes opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, así como por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición antichavista, que denunció una «ola de persecución» contra «un número indeterminado de ciudadanos». EFE
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