Tegucigalpa – Diversos actores de la sociedad hondureña reaccionan sorprendidos por la iniciativa del Poder Ejecutivo, que será enviada al Congreso Nacional, para que se aprueben fondos públicos para pagar la estafa piramidal de Koriun a miles de sus aportantes.
La madeja de Koriun se enreda más. Funcionarios del gobierno niegan ser parte de la trama de estafa tipo Ponzi, mientras desde el propio Ejecutivo corren con una ley para “salvar” a los más de 35 mil afectados.
En las últimas horas, el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra Discua, anunció que, por orden directa de la presidenta Xiomara Castro, el gobierno está elaborando un proyecto de ley para brindar apoyo económico a las personas afectadas por la estafa cometida por la empresa Koriun Inversiones.
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Organizaciones empresariales, juristas, analistas financieros y ciudadanos se han sumado al rechazo, cuestionando la legalidad, transparencia y justicia de la iniciativa. Muchos coinciden en que la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), actuó con lentitud y falta de supervisión, lo cual facilitó que Koriun operara fuera de los marcos legales durante un tiempo prolongado.
El 23 de abril que estalló el escándalo de la estafa a gran escala, el Fiscal General Johel Zelaya ordenó la devolución del dinero a los aportantes, sin tomar en cuenta las disposiciones establecidas en la CNBS y otras leyes del Estado.
Exfiscal Orellana deja entrever responsabilidad del MP
El exministro de Transparencia, Edmundo Orellana reiteró sus críticas hacia el Ministerio Público ante su accionar ante la empresa Koriun Inversiones y señaló que hay muchas preguntas sin respuestas en torno a esta nueva problemática que enfrenta el país.
A través de su cuenta de X, Orellana señaló que el Ministerio Público ya sabía que Koriun Inversiones supuestamente beneficiaba a una red criminal.
“¿Por qué no incautó los 400 millones en efectivo, encontrados en cajas? ¿Quién garantiza que ese dinero lo entregó Koriun a las víctimas? ¿Quién asegura que esa red criminal no se apropió de ese dinero? ¡Muchas preguntas sin respuesta!”, escribió a través de su cuenta de X.
Piden renuncia del titular de la CNBS
El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, pidió este viernes la renuncia del presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, luego de que este anunciara que el Gobierno enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para indemnizar a las personas afectadas por la empresa financiera Koriun utilizando fondos del Presupuesto Nacional.
“Muy respetuosamente solicitamos su renuncia ante la incapacidad del Estado, demostrada a través de la CNBS, de no haber frenado esta situación en el tiempo correspondiente”, expresó Facussé, al tiempo que rechazó los “arreglos fuera de ley y de forma”.
El pronunciamiento surge tras el anuncio de Sierra, quien declaró: “Como gobierno sensible a los reclamos e injusticias, por orden de la presidenta de la República se prepara en este momento un proyecto de ley que será enviado de urgencia al Congreso Nacional para apoyar a los afectados por la empresa Koriun usando fondos del Presupuesto Nacional”.
La propuesta ha desatado una fuerte ola de críticas desde diversos sectores, que consideran improcedente que se utilicen recursos públicos para cubrir una estafa privada, en lugar de exigir responsabilidades legales y patrimoniales a los responsables de la firma financiera.
Facussé advirtió que esta medida podría sentar un peligroso precedente y afectar la estabilidad fiscal del país.
Constitucionalista advierte ilegalidad
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos alertó sobre la ilegalidad de un eventual proyecto de ley que pretenda destinar fondos públicos para pagar a personas que invirtieron en la empresa Koriun Inversiones, al señalar que esta acción representa un precedente negativo, una medida populista y una amenaza para el Estado de derecho en Honduras.
Barrientos enfatizó que solo tienen iniciativa de ley la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral en asuntos de su competencia, por lo que, de presentarse un proyecto fuera de estos canales, se estaría violando lo que establece la Constitución de la República.
“Si mandan este proyecto de ley, vemos con mucha duda que los diputados se quieran arriesgar a cometer un delito o exponerse a una persecución civil o penal por aprobar cosas ilegales”, advirtió el constitucionalista.
Agregó que el artículo 321 de la Constitución establece que nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales, y recordó que los fondos públicos no deben ser usados para solventar “estafas de orden privado”, como en el caso de los inversionistas defraudados por Koriun Inversiones.
“Esto es un mal precedente, una medida populista que viene a afectar a todos los hondureños. Incitamos a los diputados a no cometer la torpeza de caer en este esquema, que claramente busca ganar votos a través de un compromiso de pago que no tiene ninguna relación con el Presupuesto General de la República”, señaló Barrientos.
Incurren en malversación de caudales
La iniciativa del gobierno de utilizar recursos públicos para dárselos a las personas que colocaron sus ahorros en la empresa Koriun constituye una forma directa de “malversación de caudales públicos”, aseguró este viernes (16-05-2025) Nelson Castañeda, director de Seguridad de la Asociación para Sociedad más Justa (ASJ).
Castañeda advirtió a los congresistas que eviten cometer ese error “porque les va a estallar en la frente, es un delito a todas luces de malversación” de dinero estatal sí llegan a aprobarlo e indicó que las personas afectadas “no son víctimas, no es estafa”, son personas que invirtieron sabiendo a que e se atenían.
El director de Seguridad de ASJ señaló que de aprobarse dicha iniciativa, el Congreso Nacional está “abriendo una puerta tan grande”, señalando que en el futuro vendrían afectados de otras empresas o sociedades o después de una investigación se diga que hubo lavado de activos u otros delitos vinculados al crimen organizado en esa empresa.
El analista señaló que entiende que están en un año electoral y que por ello puede haber proselitismo.
Indicó que se está romantizando el caso de Koriun, cuando hay muchos casos en los mercados y con la puerta que abriría el Congreso Nacional los llevaría a dicha instancia.
Ejemplificó que muchos harían el negocio del siglo al sacar un préstamo por un millón de lempiras, luego colocarlo en este tipo de empresas y con los intereses pagar el mismo y luego le quedaría una rentabilidad y ganancia, el problema es que lo hacen en empresas no reguladas que llevan a casos como el actual. PD
