Tegucigalpa – Las organizaciones y ciudadanos que integran la Articulación Ciudadana Transparencia y Justicia (ACTJ, rechazaron este martes la criminalización de la protesta desde el gobierno a través de la Secretaría de Seguridad, y reclamó que la medida constituye una amenaza hacia la democracia.
El pasado 30 de marzo, la Secretaría de Seguridad (SEDS), a través de la Policía Nacional y en coordinación con el Ministerio Público, emitió un comunicado informando que las personas que realicen cualquier acción que atente en contra del derecho a libre circulación, serán identificadas mediante registros fotográficos y audiovisuales.
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La plataforma refirió que el comunicado SEDS No. 20-2025 sobre la toma de vías públicas, “más que un disuasivo para prevenir acciones vandálicas, constituye una amenaza hacia la democracia, hacia las garantías constitucionales de libertad asociación y libertad de expresión”.
Para ACTJ la medida del gobierno es una amenaza hacia la integridad física y seguridad personal de líderes sociales, que convoquen u organicen protestas u otros actos legítimos, que sea interpretados discrecional y arbitrariamente como un atentado a intereses particulares de élites políticas y/o criminales, máxime, en el contexto del reiterado Estado de Excepción que se convirtió en una norma en Honduras.
“Amenazar con identificar por medios audiovisuales y capturar “in fraganti” o emitir órdenes de captura contra manifestantes, solamente confirma la falta de independencia del Ministerio Público, de la Policía Nacional y de la Secretaría de Seguridad”, señala la organización no gubernamental.
Esta medida, indicó la ACTJ, hace retroceder a la oscura época de criminalización de estudiantes, de líderes sociales y personas defensoras de Derechos Humanos, quienes en más de una década, han sido blanco de ataques de los poderes fácticos que operan a través del Estado y sus instituciones.
Además señala que en un contexto electoral, con los altos niveles de polarización ideológica y violencia política, solo atiza el fuego de la confrontación y amenaza los débiles hilos de los que pende la democracia hondureña.
Por tanto, Articulación Ciudadana exige al Ministerio Público, a la Policía Nacional y a la Secretaría de Seguridad, que cumplan con su compromiso con el pueblo, “ese pueblo que tiene sed de justicia y de una democracia que sirva a los intereses de las mayorías y no de redes criminales, clanes familiares o élites políticas y económicas, que demuestren que son instituciones independientes y no guardias pretorianas de cada grupo político que se turna en el control de los tres poderes del Estado”, recordó la organización.
Articulación Ciudadana también se dirige a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), les insta a hacer un llamado al gobierno de Honduras, de garantizar el derecho del pueblo a manifestarse en contra de la corrupción, la impunidad y los abusos de poder.
Asimismo, a exigir a los gobernantes el respeto a la democracia, y el inexpugnable derecho a elecciones transparentes que garanticen el respeto a la voluntad de las mayorías de elegir sin injerencias políticas o de financiamientos del narcotráfico.
“Al pueblo hondureño, le exhortamos a ejercer su legítimo derecho a la protesta sin miedo, en el marco del respeto a los derechos de otros ciudadanos por medios pacíficos, y a solicitar a sus mandatarios, a que recuerden cuando fueron pueblo, e hicieron uso del derecho a la protesta, cuando sintieron que sus derechos fueron violentados por un poder autoritario e injusto”. VC
