Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, intensificó este lunes su pulso con la Justicia al defender su orden para expulsar a más de 250 migrantes a El Salvador, amparándose en una ley utilizada únicamente en tiempos de guerra y pese a que un juez había ordenado al Gobierno frenar de inmediato los vuelos de deportación.
Se trata del último intento de la Administración Trump por ampliar los poderes del Ejecutivo, desafiando la separación de poderes en EE.UU. y enfrentándose abiertamente a la Justicia, que hasta ahora ha sido su principal obstáculo.
En una audiencia en la corte federal del Distrito de Columbia, abogados del Gobierno insistieron en que la Administración actuó conforme a las leyes de EE.UU., pese a que los aviones con los migrantes aterrizaron en El Salvador el sábado, después de que el juez federal James Boasberg les ordenara no hacerlo.
Los abogados se escudaron en razones de seguridad nacional para no proporcionar al magistrado datos sobre cuántos migrantes iban a bordo de los aviones, enviados a El Salvador en virtud la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se ha utilizado tres veces en la historia: durante la guerra de 1812 y las dos guerras mundiales.
Ante la falta de información, el juez Boasberg ordenó al Gobierno que este martes le entregue datos completos, incluido el número exacto de deportados, que se cifra en 261.
Una proclamación secreta y vuelos desafiando a la Justicia
Trump firmó en secreto el viernes por la noche la proclamación con la que invocó la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, argumentando que EE.UU. estaba sufriendo una «invasión» de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, aunque no presentó pruebas y expertos legales han puesto en duda la validez de esta justificación.
El sábado, a las 16.20 hora local (20.20 GMT), la Casa Blanca hizo pública la proclamación y, mientras el juez Boasberg estudiaba en una audiencia la legalidad de la orden, despegaron desde Texas dos vuelos con destino a El Salvador, según una investigación de The Washington Post.
Esa investigación revela que, ese mismo día, a las 19.36 hora local (23.36 GMT), un tercer vuelo salió de Texas, apenas diez minutos después de que el juez Boasberg ordenara, verbalmente y por escrito, que los aviones regresaran a EE.UU. hasta que se resolviera el litigio.
Según las organizaciones demandantes, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y Democracy Forward, la Administración podría haber detenido ese tercer vuelo e incluso haber ordenado el regreso de los otros dos que ya estaban en el aire, pero no lo hizo.
En una rueda de prensa ante la corte, el abogado de ACLU, Lee Gelernt, advirtió que EE.UU. se está acercando a una «crisis constitucional» con un presidente que excede sus poderes. «Lo grave —enfatizó— es la aparente negativa del Gobierno de Trump a aceptar la competencia de este tribunal».
ACLU y Democracy Forward representan en el caso a cinco venezolanos que estaban bajo custodia de EE.UU. y que alegan haber sido acusados falsamente de pertenecer a la banda Tren de Aragua.
Los límites del poder Ejecutivo
Dentro y fuera de la corte, la Administración Trump intentó poner a prueba los poderes del Ejecutivo con dos principales argumentos: que el presidente tiene autoridad casi absoluta en política exterior —algo que la jurisprudencia no avala— y que, una vez que los aviones despegaron, ya se encontraban en espacio aéreo internacional, por lo que la orden del juez no aplicaba.
Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y arquitecto de la política migratoria de Trump, defendió que el pueblo estadounidense dio a Trump con su voto el poder para deportar a los migrantes.
«Si un juez puede intervenir en la conducción de nuestra política exterior, no tenemos, bajo ningún concepto, una democracia en este país», afirmó Miller ante los medios.
Por su parte, Tom Homan, el «zar de la frontera» de Trump, argumentó este lunes que los aviones con migrantes ya estaban sobre aguas internacionales y que, por tanto, la orden del magistrado no les obligaba a regresar a Estados Unidos.
«El avión ya estaba en espacio aéreo internacional, un avión lleno de terroristas y amenazas significativas para la seguridad pública. Dar la orden de regresar con esos terroristas a Estados Unidos no es lo que este presidente prometió al pueblo estadounidense», declaró Homan en la Casa Blanca.
El siguiente paso del litigio será este martes, cuando el Gobierno deberá entregar más documentos al juez. Sin embargo, los migrantes deportados permanecen ya privados de libertad en una megacárcel de El Salvador, gracias a un acuerdo entre Trump y el presidente de ese país, Nayib Bukele.
En el ámbito internacional, el Gobierno de Venezuela ha anunciado que acudirá a organismos internacionales para denunciar crímenes de lesa humanidad contra los migrantes deportados, en su mayoría ciudadanos venezolanos. EFE
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