Ciudad de México – El fiscal General de México, Alejandro Gertz Manero, aseguró este viernes que los 29 narcotraficantes trasladados el jueves a Estados Unidos fueron entregados y no extraditados, pues la operación se hizo de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional que tiene más de 20 años tras una solicitud del Gobierno de los Estados Unidos.
“Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país, que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos de las pruebas sobre su conducta”, refirió el funcionario durante una conferencia de prensa.
El jueves, México entregó a los capos que eran requeridos en Estados Unidos por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, entre los que se encontraban Rafael Caro Quintero capo del Cartel de Guadalajara, así como dos líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.
El fiscal general detalló que la entrega de los 29 narcotraficantes mexicanos al Gobierno del presidente Donald Trump se basó en el artículo 5 de Ley de Seguridad Nacional y el Artículo 89 de la Constitución.
“Ese fue el fundamento del traslado”, refirió.
Cuestionado sobre la posibilidad de que algunos de estos reos pudieran enfrentar la pena de muerte, pidió no especular y aseveró que las sentencias son impuestas únicamente por los jueces.
El fiscal comentaba así el señalamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos en un documento oficial de que evaluarán si los cargos por los que son requeridos, en al menos seis de los detenidos, podrían conllevar la pena de muerte.
“Nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana que no tiene esa sanción debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio”, zanjó.
Riesgo de ser liberados
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que los 29 reos eran requeridos en Estados Unidos por delitos de alto impacto como delincuencia organizada, trasiego de drogas, homicidio, lavado de dinero, tráfico de armas y secuestro, entre otros.
“Estas personas cometieron delitos atroces en nuestro país. Delitos como extorsión, secuestro, homicidio, ataques a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia a través de las organizaciones criminales a las que pertenecen”, abundó.
Asimismo, dijo que algunos de los capos eran requeridos desde hace 40 años y aseguró que contaban con información sobre el riesgo de que algunos fueran liberados o que sus procesos de extradición fueran retrasados.
“Con estos elementos y considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas vinculadas con delitos de alto impacto representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos”, enfatizó.
Finalmente, dijo que este fue un acto de autoridad «sin precedentes», resultado de la política cero impunidad y de la coordinación absoluta del gabinete de seguridad.
La entrega de Caro Quintero, el capo más buscado, y de los otros 28 narcotraficantes mexicanos, llega en medio de las presiones del Gobierno de Trump, de imponer aranceles a México con el argumento de que no hace lo suficiente en la lucha contra el tráfico de droga hacia Estados Unidos.
El tráfico de fentanilo, de migrantes y los temas de seguridad son los problemas no resueltos con los que el presidente Trump presionó a México y Canadá para mostrar medidas concretas en un mes; de lo contrario, impondría a ambos países aranceles del 25 % a los productos mexicanos, los cuales entrarán en vigencia el 4 de marzo. JS
