El reloj electoral avanza y, con él, las promesas de transparencia. Sin embargo, 1,170 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en Honduras siguen sin energía ni conectividad, un dato que no solo compromete la eficiencia del proceso electoral, sino que también expone una verdad incómoda: es la misma clase política la que vulnera la reputación del modelo electoral al atrasar recursos y no apoyar al unísono no importando el color político la garantía del funcionamiento pleno.
A estas alturas, la conectividad debería ser un estándar, no una excepción. No debería haber franjas de escasez, márgenes de exclusión ni improvisaciones de última hora.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de asegurar la transparencia del proceso, enfrenta una paradoja: tiene la responsabilidad de organizar elecciones confiables, pero carece de los medios para garantizarlo. La solución está en el Congreso, en las bancadas de los partidos que hoy buscan el voto ciudadano, pero que han demostrado reiteradamente su falta de voluntad política para dotar al país de un sistema de internet robusto. La desconexión de miles de centros de votación no es un problema técnico, sino una decisión política.
Esta falta de acción no solo compromete la eficiencia del proceso electoral, sino que impacta directamente la percepción pública de la institucionalidad. No es el CNE quien pone en riesgo su reputación, sino los partidos que, desde el Congreso, han optado por mantener el sistema en precariedad, generando una desconfianza innecesaria en el modelo electoral.
Sin los recursos adecuados, las instituciones encargadas de velar por la transparencia quedan expuestas y vulnerables a los ataques de quienes, con ironía, terminan señalándolas como débiles e incapaces. La falta de conectividad no es solo un fallo operativo, sino una herramienta útil para quienes buscan deslegitimar el proceso electoral y sembrar incertidumbre en la ciudadanía.
Ante este escenario, uno de los precandidatos del Partido Liberal, Salvador Nasralla, ha insistido en su narrativa y posiciones públicas sobre la urgencia de garantizar conectividad total en el país el día de las elecciones primarias. Su planteamiento no es solo una propuesta de campaña, sino una exigencia elemental en cualquier sistema electoral que se precie de ser transparente. Su insistencia en la necesidad de garantizar que todos los centros de votación estén debidamente conectados responde a una realidad incuestionable: sin acceso equitativo a la tecnología, la transparencia electoral se convierte en una ilusión.
La Ley Electoral exige el uso de herramientas tecnológicas como el sistema biométrico, el lector de huellas y la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Sin conectividad, estas herramientas son inoperantes y el proceso se vuelve susceptible a la opacidad y la manipulación. En un país con una democracia frágil, la falta de inversión en infraestructura electoral refuerza la percepción de un sistema vulnerable, incapaz de garantizar elecciones limpias y confiables.
El CNE ha intentado proyectar una imagen de modernización, pero sin el respaldo financiero necesario, su credibilidad se desmorona. La falta de conectividad no solo afecta la logística electoral, sino que erosiona la confianza en la institucionalidad democrática. La democracia no puede depender de la improvisación ni de medidas temporales. Sin acceso equitativo a la tecnología, la transparencia se vuelve una consigna vacía.
Las elecciones no pueden seguir operando bajo condiciones de precariedad. Si la clase política no asigna los recursos adecuados para garantizar una cobertura total de conectividad, estará perpetuando un sistema frágil y deslegitimado. Honduras no puede permitirse seguir desconectada de su propia democracia. La transparencia comienza con voluntad política y se consolida con ciudadanos informados que exigen procesos justos y equitativos.
