Tegucigalpa- El ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Funes, señaló que la conflictividad agraria en el país, especialmente en Colón, tiene raíces estructurales y complejas que han perdurado durante años.
– «La conflictividad agraria es un problema estructural de años», en gobiernos pasados no se hizo nada, anotó el funcionario.
– También hay alcaldes y diputados involucrados por asuntos de votos, dijo Funes.
Funes explicó que el INA no es el único responsable de resolver el problema, ya que esta situación involucra a diversos sectores.
En el sector de Tocoa y Trujillo el día lunes se registró otra protesta en la que resultaron al menos tres personas heridas con arma de fuego, en el conflicto de tierras de una de las fincas ocupadas.
«Todo el mundo habla del INA, pero el INA es un distribuidor de tierras. Nosotros colaboramos con las instituciones, pero en esta problemática deben participar todos los operadores de justicia: la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Seguridad, Ministerio Público y más. Sin embargo, me hago responsable de nuestra parte y estamos trabajando intensamente en ello», aseguró
Funes, quien coordina la Comisión de Seguridad Agraria, resaltó que el conflicto en Colón involucra ahora a múltiples actores: propietarios con títulos registrados, la plataforma campesina que busca la reivindicación de tierras, comunidades locales y, lamentablemente, grupos criminales que aprovechan el caos. «En río revuelto, ganancia de pescadores. Hay bandas criminales y narcotraficantes tratando de sacar provecho de esta situación», afirmó.
El titular del INA lamentó que los gobiernos anteriores no investigaron los delitos relacionados con este conflicto recurriendo únicamente a la represión, lo que derivó en la pérdida de vidas humanas. «Enfrentar este problema requiere coordinación, porque ya no es solo entre dos sectores. Ahora hay empresarios de la fruta, comunidades locales y también actores políticos, como alcaldes y diputados, que están interviniendo por intereses electorales”, denunció.
En un esfuerzo por abordar la situación, Funes destacó que se ha convocado a todo el gobierno, representantes de derechos humanos y empresarios, con el objetivo de definir una solución integral. Aunque no quiso revelar detalles sobre la estrategia para no comprometerla, se enfatizó que una de las primeras medidas fue perseguir el delito. «Hay personas armadas y restos de bandas criminales del gobierno anterior que operan en estas zonas. El Ministerio de Seguridad ya ha tomado acciones importantes al capturar a algunos de ellos», afirmó.
En río revuelto…
“No dudamos que grupos criminales estén apoyando estas acciones porque en río revuelto ganancia de pescadores porque existen bandas como Los Canechos y Los Cachos que ya tiene información la DPI”, expresó el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Funes sobre el conflicto de tierra en Quebrada de Arena, Tocoa, Colón, Caribe de Honduras.
Enfatizó que “hay en varios sectores que los alcaldes andan promoviendo métanse a esas tierras para conseguir votos, eso está visto y yo lo denuncio”.
Fúnez denunció al alcalde de la Iguala (Lempira) quien en una entrega de tierras de Copinh a 1,064 manzanas que son tierras ancestrales y él llevó de otros pueblos –Santa Cruz– 300 personas, él se mete a Gracias a Dios, eso es política y eso no nos gusta, en Marcala mismo, señaló.
Pidió reforzar la seguridad en esa zona del Bajo Aguán en el Caribe de Honduras, porque si no habrá muertos y es lo que se debe evitar en este conflicto que tiene varias aristas.
El también Coordinador de la mesa agraria nombrada por el Poder Ejecutivo, dijo que se habían detenido las tomas de tierra en el Aguán y Atlántida, pero se están promoviendo estos movimientos.
Dijo que la estrategia del INA es actuar de forma imparcial y pidió cordura a todos los sectores para dialogar y resolver la problemática que dejó cuatro heridos en la toma del lunes de esta semana.
Finalmente, Funes hizo un llamado a no criminalizar a los verdaderos campesinos y a reconocer que la problemática agraria es una de las más difíciles que enfrenta el país. «El diálogo es limitado porque la policía está en medio combatiendo el delito común. Sin embargo, seguimos trabajando para encontrar soluciones justas y sostenibles», concluyó. LB
