San Salvador – Un juez instructor de El Salvador juramentó este lunes a siete peritos en el proceso penal que enfrenta el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) por la supuesta malversación de fondos destinados a la construcción de una represa.
Según el órgano Judicial, estos expertos verificarán si Funes y otros procesados tuvieron un ‘incremento patrimonial’ derivado del manejo de estos fondos.
Además de Funes son procesados su cónyuge, Ada Mitchell Guzmán; el expresidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) José Leopoldo Samour y el empresario Miguel Meléndez.
También enfrentan cargos los representantes de la empresa ASTALDI José Efraín Quinteros y Mario Perasgostine, de origen italiano.
Los delitos atribuidos a estas persona son peculado, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y cohecho propio.
La fuente señaló que la etapa de instrucción o investigación judicial concluirá el próximo 13 de noviembre y que el período puede ser prorrogado por seis meses más.
El 4 de enero de 2019, la Fiscalía salvadoreña acusó a Funes ante una corte por el supuesto manejo irregular de 108,5 millones de dólares de la construcción de la represa El Chaparral.
El Gobierno de Funes, de acuerdo con la Fiscalía, pactó con la empresa ASTALDI el pago directo del referido monto, que incluía la cancelación de ‘la obra ejecutada hasta el momento, más una suma adicional de 45.244.418 dólares, sin existir base legal ni técnica’ para el monto extra.
‘En julio 2012, después de hacer negociaciones de manera unilateral y directa, (los acusados) lograron anular el contrato y desviar entre ellos un monto de 108,5 millones de dólares’, sostuvo la Fiscalía el pasado 4 de enero.
La acusación de la Fiscalía señala que Funes recibió 3,5 millones de dólares en ‘dádivas’ de la referida empresa que supuestamente fueron movidos mediante empresas ‘fachadas’ en El Salvador, Panamá, Suiza, Islas Marshall y Curazao.
Funes, quien gobernó bajo la bandera del ‘cambio’ del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) ante la corrupción de Administraciones anteriores, es el tercer presidente de la democracia salvadoreña en ser acusado de apoderarse de dinero público.
