Tegucigalpa- «Era de esperarse, el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a la constitucionalidad del Decreto de Amnistía Política, porque lo que se eligió fue una CSJ doblegada a los intereses políticos», afirmó la abogada constitucionalista Ruth Lafosse.
La abogada Lafosse expresó su preocupación ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró constitucional el Decreto 04-2022, conocido popularmente como el «Pacto de Impunidad». Según Lafosse, la decisión del pleno de la CSJ, que fue adoptada por mayoría, confirma que el sistema judicial hondureño está sometido a intereses.
«Era de esperarse. Lo que se eligió fue una Corte Suprema doblegada a la voluntad política de dos poderes del Estado», señaló Lafosse, subrayando que, lejos de tener una justicia independiente, el Poder Judicial ha sido cooptado para servir a intereses específicos.
La abogada explicó que la situación actual demuestra la falta de autonomía de la CSJ en un contexto en el que se esperaba que la máxima autoridad judicial actuará.
En su análisis, Lafosse destacó que el problema radica en la concentración de poder dentro del órgano judicial, reforzada por un reglamento interno que otorga a la presidenta de la Corte un control excesivo sobre la incorporación de magistrados. Es ella quien dirige e incorpora a las personas que considera más afines a sus intereses, lo que hace que las decisiones estén previamente inclinadas hacia un fallo que favorezca en este caso la constitucionalidad del decreto, añadió
Recordamos que ayer martes, el pleno de la CSJ resolvió «sin lugar» los recursos presentados contra el Decreto de Amnistía Política, lo que ha generado una ola de críticas en sectores que consideran que esta ley protege a funcionarios vinculados con actos de corrupción. Lafosse enfatizó que era «muy difícil» esperar un fallo distinto dado el contexto en el que opera la Corte, sugiriendo que la independencia judicial está comprometida.
La decisión ha vuelto a encender el debate sobre la separación de poderes y el Estado de la democracia en Honduras, en medio de denuncias de que el Poder Judicial está subordinado a intereses políticos.LB
