San José – El sacerdote nicaragüense Rafael Ríos Gadea dijo este viernes que no existe persecución religiosa en Nicaragua, y que «cuando se delinque, y se comete un delito, paga el que comete el delito, pero no es la iglesia» Católica.
«Quitémonos de la mente lo que muchos dicen, que en Nicaragua hay persecución religiosa», expresó el sacerdote durante una sesión especial de la Asamblea Nacional (Parlamento) celebrada en el municipio La Concordia, provincia de Jinotega (norte), donde se rindió un homenaje al héroe nicaragüense general Benjamín Zeledón.
«La persecución religiosa se da cuando es por odio a la fe y se persigue a todo aquel que es hijo de Dios», continuó el religioso, que bautizó en junio pasado, en Managua, a un nieto del presidente y de la vicepresidenta de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, respectivamente.
«Cuando se delinque, y se comete un delito, paga el que comete el delito, pero no es la Iglesia», prosiguió el prelado.
«Todos somos Iglesia y hoy tenemos que darle gracias a Dios, porque gracias a héroes como Benjamín (Zeledón) hoy (en Nicaragua) estamos en paz. Hoy podemos rezar a Dios y sentirnos hijos de Dios”, agregó.
Un total de 245 religiosos han sido obligados al exilio o han sido expulsados de Nicaragua desde que estalló la crisis social y política en abril de 2018, según el estudio ‘Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?’, de la investigadora exiliada Martha Patricia Molina.
El pasado 26 de agosto, el presidente Ortega señaló al Vaticano de ser parte del «conglomerado del fascismo», y de ser un Estado «que está claramente a favor del imperio», en alusión a Estados Unidos. aunque no ofreció pruebas.
El mandatario nicaragüense también acusó a la Santa Sede de haber sido «cómplices de los nazis» de Alemania y de los fascistas de España e Italia en el siglo pasado».
Esa crítica de Ortega al Vaticano ocurrió un día después de que el papa Francisco animara al «amado» pueblo de Nicaragua a renovar su «esperanza» en Jesucristo, en medio de las tensas relaciones con el Gobierno de Ortega y el encarcelamiento y expulsión de sacerdotes.
Relaciones diplomáticas están suspendidas
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión, encarcelamiento y desnacionalizados de obispos y de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
El agosto de 2023 Ortega ordenó la disolución en el país de la Compañía de Jesús, los jesuitas, orden a la que pertenece el propio papa Francisco, además de expropiar todo su patrimonio.
Meses antes, el pontífice había arremetido contra el régimen de Ortega calificándolo de «dictadura grosera», tras la condena del obispo nicaragüense, Rolando Álvarez, uno de los tres obispos privados de su nacionalidad.
El Gobierno nicaragüense acordó con la Santa Sede la liberación de determinados clérigos presos en el país y su traslado al Vaticano, como fue el caso en enero de los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, así como de otros 15 curas y dos seminaristas.
La última liberación y destierro fue en agosto pasado de un grupo de nueve sacerdotes de la Diócesis de Matagalpa (norte) que se encontraban detenidos y bajo vigilancia policial en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, en Managua.
Nicaragua atraviesa una crisis desde abril de 2018 que se ha acentuado tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. JS
