Ciudad de Guatemala – El futuro y la posible renovación del sistema judicial de Guatemala se encuentra en juego con la elección de los 26 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y más de 200 jueces de salas de Apelaciones para el período 2024-2029, pero ha iniciado bajo la supervisión internacional y la polémica por los presuntos esfuerzos para permitir que abogados con señalamientos de corrupción puedan postularse.
El próximo 13 de octubre, el sistema judicial guatemalteco debe recibir a sus nuevas autoridades para encarar el nuevo periodo de 5 años. Sin embargo, los retrasos en el proceso de elección han levantado alertas sobre la intención de no permitir el cambio de magistrados y postergar el proceso.
El pasado jueves, el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Cruz, advirtió ante medios de comunicación que algunos de los magistrados actuales no desean entregar el poder en octubre y que están «aplicando maniobras» para impedir la alternabilidad.
La elección de magistrados del Supremo es responsabilidad de una comisión, que está integrada por cinco magistrados actuales, los decanos de derecho de las universidades acreditadas en el país, así como por representantes del Colegio de Abogados de Guatemala (Cang).
Esta comisión debe encargarse de recibir los expedientes de todos los abogados que se postulen, examinarlos y determinar una terna de donde serán electas las nuevas autoridades. Durante el primer mes de sesiones, no han avanzado ni un solo de los puntos de la agenda y la discusión se ha estancado con una batalla para decidir la sede donde realizará sus sesiones.
Un proceso frágil
La organización social Movimiento ProJusticia, que destaca como principal observador de la elección de cortes, advirtió en un informe este mes que «existen estructuras paralelas funcionando» y que la elección de magistrados se ve entorpecida por «las conspiraciones contra el Gobierno», de Bernardo Arévalo de León quien asumió el poder el pasado 14 de enero.
De acuerdo con esta organización, diversos operadores políticos como el empresario y abogado Sergio Roberto Villatoro, conocido como «El Rey del Tenis», quien fue acusado en 2019 por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de amañar el proceso de elección de cortes, sigue vigente y sus intereses están representados por algunos integrantes de las comisiones de postulación.
En esta semana, representantes del Colegio de Abogados intentaron aprobar iniciativas para limitar el trabajo de los periodistas que cubren la elección de magistrados y otra para evitar que se descarte a los postulantes por acusaciones de corrupción, sin embargo ambas fueron rechazadas.
Los ojos de la comunidad internacional están puestos sobre el proceso, el pasado 8 de agosto, la Organización de Estados Americanos (OEA) inició una verificación de las comisiones de postulación, a petición del presidente Arévalo, que justificó esto por las denuncias de manipulación de elección de cortes sucedidas en 2014 y 2019.
Estado actual de la justicia
Las preocupaciones por este proceso aumentan al recordar el antecedente de 2019, cuando una investigación penal reveló la complicidad de abogados, magistrados y una red de operadores externos para amañar el proceso, lo que provocó un estanco de 4 años para renovar las cortes del país centroamericano.
En los últimos tres años, organizaciones internacionales como Impunity Watch y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés), han advertido de una cooptación del sistema judicial para garantizar impunidad, así como el entorpecimiento de procesos de justicia transicional y la criminalización contra operadores de justicia, periodistas y activistas.
Derivado del actual estado del sistema de justicia, al menos cinco jueces que conocían casos de corrupción de alto impacto decidieron exiliarse del país, más de una decena de fiscales y unos 25 periodistas han corrido con la misma suerte.
Finalmente, una serie de jueces sancionados por corrupción por Estados Unidos, han mantenido en prisión por más de 2 años al periodista José Rubén Zamora, por un supuesto caso de lavado de dinero en su contra y también condenaron a prisión por un caso administrativo a la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra.
Las autoridades indígenas del país centroamericano pidieron a las comisiones de postulación transparentar la elección de cortes y respetar los procesos o de lo contrario advirtieron que tomarán medidas como manifestaciones masivas en las principales ciudades del país. JS
