Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Honduras es uno de los países latinoamericanos en donde más se duda acerca de la integridad electoral, pues 2 de cada 5 hondureños creen que los políticos conocen cómo votaron, y no creen en que se cumpla la secretividad, revela en su más reciente publicación, el Barómetro de las Américas 2024.
-El informe del Barómetro de las Américas señala que solo el 28 % de los hondureños confían en la secretividad de su voto.
El Barómetro que toma el pulso a las democracias, entre ellas la de Honduras, destaca que los hondureños dudan respecto a la secretividad del voto y poseen uno de los niveles más bajos de confianza en las elecciones, apenas un 28 %.
A la pregunta, ¿Cree que los votos se cuentan de manera correcta?, la respuesta de los consultados es la siguiente: a) A veces (45%), b) Siempre (27%), C) Nunca (29%). La percepción de que los votos se cuentan de manera limpia es minoritaria, sostiene el informe.
De esta suerte, más de 2 de cada 5 hondureños expresan que los políticos pueden saber cómo ha votado cada uno de ellos (44%), mientras 3 de cada 5 hondureños consideran que eso puede ser cierto “en algunas” ocasiones (34%), y un 22% estima que su voto está “a salvo” del escrutinio de los políticos.
Y al abordar la confianza en las instituciones políticas relacionadas con las elecciones, las respuestas fueron las siguientes: 30% (CSJ), 28% (Presidencia República), 27% (CN), 18% (Partidos Políticos). Los hondureños, señala el Barómetro, creen que más de la mitad de los políticos son corruptos (66%).
Desafíos electorales
Esta radiografía sobre la integridad electoral pone una enorme presión a los entes de control electoral del país que se preparan en septiembre próximo para convocar a comicios primarios e internos a realizarse en el mes de marzo de 2025, de cara a los comicios generales de noviembre de ese mismo año.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) como ente regulador del proceso electoral, el Registro Nacional de las Personas (RNP), responsable de emitir la cédula de identidad para poder ejercer el sufragio y otros derechos inherentes a los hondureños, y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tienen ante sí el desafío de garantizar elecciones transparentes, confiables, creíbles en donde el elector sienta que su voto es respetado y protegido. Se suma a estos entes de control, la Unidad de Política Limpia, responsable de fiscalizar el uso y procedencia del dinero de las campañas políticas.
La campaña electoral oficialmente inició en septiembre, pero en la práctica comenzó en enero de 2024 cuando desde la Casa Presidencial se oficializóun candidato de la preferencia de la cúpula de Libertad y Refundación (Libre) y del poder ejecutivo: Rixi Moncada. En un posteo en la red social X, el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, dijo “la campaña ha iniciado”. Zelaya Rosales, es expresidente de Honduras y el principal asesor del gobierno de la mandataria Xiomara Castro.
Los primeros llamados de sociedad civil
Ese banderillazo otorgado en enero de 2024 abrió el bazar de la política y el CNE y la Unidad de Política Limpia no han podido detener ese frenesí bajo el argumento que no existe un llamado oficial de convocatoria a las campañas.
Señalan que las reuniones de los precandidatos presidenciales son bajo techo, aunque ya empiezan a verse concentraciones a cielo abierto. El CNE no ha podido, hasta ahora, hacer un pronunciamiento público para llamar la atención de respetar la convocatoria, y la Unidad de Política Limpia, menos, en cuanto a la procedencia de los recursos con los que financian los aspirantes esos encuentros.
La campaña política ya inició, los entes de control no la pueden regular y tienen entre otros obstáculos para poder operar con eficiencia, la displicencia del Congreso Nacional en aprobar el presupuesto enviado desde mayo por el CNE para financiar las elecciones primarias e internas de marzo de 2025.
La ruta establecida por el cronograma electoral se está cumpliendo a medias y a cuentagotas. El CNE solicitó al Congreso Nacional un presupuesto de 1,492 millones de lempiras para las elecciones internas y primarias, que representa un crecimiento del 30% más de lo aprobado en los últimos comicios de esa índole hace cuatro años.
En el Congreso Nacional nadie quiere dar la cara del porqué de la tardanza, y se debaten entre el visto bueno de la Secretaría de Finanzas (cuyo titular asume en septiembre como consejero del CNE), y los archivos secretos del Poder Legislativo. Nadie sabe en cuál de estos laberintos se encuentra la solicitud presupuestaria del CNE.
Instancias de sociedad civil como la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) y la Red por la Equidad Democrática de Honduras (RED-H) han elevado su voz demandando un proceso electoral confiable, limpio y transparente.
En su pronunciamiento, la RDD indicó que Honduras se ve abocada a un proceso electoral marcado por la polarización y la incertidumbre, destacando el rol que deben jugar los entes de control electoral, entre ellos el CNE. Exhorta a estos entes a desmarcarse de la politización partidaria, y a dar trámites para que se produzca la llegada al país de las misiones de observación internacional, así como de la veeduría nacional.
Pide a las autoridades del CNE dar muestras de que no existen “sesgos de ninguna índole y apegarse a los más altos estándares en temas de democracia y con ello evitar posibles conflictos de interés”.
En tanto la RED-H advierte que una aprobación tardía del presupuesto que requiere el CNE lleva a una improvisación en la planificación electoral, algo en lo que ya está cayendo ese organismo. Esa improvisación ha permitido dos costumbres administrativas de consecuencias negativas: las compras directas y las ampliaciones del presupuesto. La Red-H advierte que esos retrasos se explican quizá porque los altos incrementos en los presupuestos de las elecciones muestran un disparo en montos de los años 2017 y 2021.
Tanto la RED-H como la Red por la Defensa de la Democracia señalan que una de las inquietudes frente al retraso en el cronograma electoral se centra en la licitación para la Transmisión de los Resultados Electorales (TREP), al abrirse mediante compras directas el camino a la opacidad y a la contratación de empresas de dudosa reputación que abren dudas a la transparencia del proceso.
Demandan también más compromisos de la Unidad de Política Limpia para fiscalizar la procedencia y uso del dinero en las campañas políticas, que se dote de presupuesto a esa instancia para ser más efectivas en sus acciones, con alta capacidad sancionatoria y no sólo discursiva, como hasta ahora.
Estos hechos y otros como el no tener, hasta ahora, una Ley Procesal que fortalezca las facultades del Tribunal de Justicia Electoral hacen que crezca la incertidumbre sobre la calidad del próximo proceso electoral, que, en palabras de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, espera que sea confiable, sólido y transparente.
Los comicios en Venezuela, en donde un aparente fraude del oficialismo que lidera el presidente Nicolás Maduro ha robado las elecciones a la oposición, llevando a varios países a desconocer el triunfo de Maduro y sucumbido a ese país en una nueva crisis político, institucional y social sin precedentes y sin un rumbo claro acerca del desenlace, ha puesto a los sectores de sociedad civil, del sector privado e incluso las iglesias, a demandar comicios transparentes en Honduras basados en integridad electoral. Las cifras del Barómetro 2024 son una señal de lo que piensan y creen los electores hondureños. El desafío es revertir esas percepciones. (PD).
