Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – La violencia contra los jóvenes en Honduras es un problema complejo que tiene raíces profundas y multifacéticas y son muchos los factores que hay que tomar en cuenta para abordar esta temática, lo primero es que debe haber conciencia de que es algo grave, porque se trata de las generaciones de relevo y no se ve un futuro prometedor para ellos.
– 274 personas menores de 30 años han perdido la vida en los primeros cinco meses del año: Conadeh.
– Los departamentos de Francisco Morazán y Cortés son los más afectados por el reclutamiento de menores por grupos criminales.
– En junio de 2024, se registraron 83 muertes violentas de menores, de las cuales 64 fueron hombres y 18 mujeres.
Las causas que contribuyen a tanta violencia en este grupo etario, no son desconocidas, por el contrario, resulta repetitivo estar exponiéndolas, pero es necesario refrescarlas para que en base a ello se pueda dar pie a la acción que es lo que más hace falta.
Para el caso en cuanto a los factores socioeconómicos, muchos jóvenes viven en condiciones de pobreza extrema, lo que los hace más vulnerables a la violencia.
Por otro lado, la tasa de desempleo juvenil es muy alta, lo que lleva a muchos jóvenes a involucrarse en actividades delictivas o a ser víctimas de explotación.
De igual forma, si se habla de factores educativos, es una realidad que el acceso limitado a una educación de calidad deja a muchos jóvenes sin las habilidades y conocimientos necesarios para acceder al mercado laboral. En este mismo tema de la educación persisten los altos índices de deserción escolar y es común que, los jóvenes que abandonan la escuela a menudo caen en situaciones de riesgo.
Los conocedores del tema entrevistados por Proceso Digital, también coinciden en que los factores familiares y comunitarios, están influyendo mucho en los altos índices de violencia y criminalidad en los niños y jóvenes.
En este punto exponen que la migración, es una dolorosa realidad que está dejando familias desestructuradas, y a miles de menores con la falta de apoyo y supervisión.
De igual forma, la violencia intrafamiliar dentro del hogar puede normalizar el uso de la violencia en otras áreas de la vida de los jóvenes. La violencia se ha convertido en una parte normalizada de la vida cotidiana en algunas áreas, lo que perpetúa un ciclo de violencia. Asimismo, la cultura machista puede fomentar actitudes violentas y discriminatorias hacia ciertos grupos de jóvenes, en particular hacia las mujeres y la comunidad LGBTQ+.
Factores de Seguridad y Justicia
Las pandillas y el crimen organizado reclutan a jóvenes, ofreciéndoles una falsa promesa de poder y pertenencia y aquellos que no se unen pueden ser víctimas de violencia o desplazados.
La impunidad y la falta de un sistema de justicia eficaz contribuyen a que los jóvenes sean blancos fáciles. Los delitos contra los jóvenes a menudo no se investigan ni se castigan adecuadamente.
También hay factores políticos como la corrupción en las instituciones gubernamentales que socava los esfuerzos para combatir la violencia y proteger a los jóvenes.
Asimismo, es evidente la falta de políticas públicas efectivas que aborden las necesidades específicas de los jóvenes y que promuevan su protección y desarrollo.
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Alarma en rojo
La violencia y criminalidad que aqueja a los niños y jóvenes en el país no es nada nuevo y data de décadas, y lo más lamentable es que lejos de mejorar la situación empeora cada vez más, al grado que en la actualidad las alarmas ya están en rojo coinciden los especialistas en la temática.
La directora de Casa Alianza, Cándida Sauceda, destacó la preocupante debilidad de los sistemas de protección en Honduras, subrayando que el Estado no está brindando suficientes garantías en términos de protección general, educación y salud.
Los jóvenes, se encuentran en una situación de inseguridad incluso dentro de sus centros educativos y de internamiento y hasta de sus propias familias. Esta situación representa una deuda histórica del Estado hacia la niñez y la juventud, a la que no se le está dando la importancia debida, lamentó en entrevista con Proceso Digital.
Sauceda critica el presupuesto asignado a la protección de la niñez, considerándolo insuficiente para garantizar los derechos de los niños y niñas en el país.
Según la investigación: Situación de Violencia e Inversión sobre la Niñez a Nivel Nacional de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), a partir de análisis al presupuesto de acuerdo a las líneas presupuestarias, la prevención de violencia en NNA para el 2023 asciende a 258,920,824 lempiras, en términos relativos, esto equivale al 2.86% del gasto en protección social. Esa cifra es considerada muy poco si se toma en cuenta las condiciones de vulnerabilidad e inseguridad que existen en Honduras.
La titular de Casa Alianza, añadió que la situación actual es grave porque siguen en aumento las cifras, en junio de 2024, se registraron 83 muertes violentas de menores, de las cuales 64 fueron hombres y 18 mujeres.
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“Este dato debería alarmar a la población y al país en su conjunto, y no puede ser ignorado. Además, desde 2019 hasta 2024, 25 niños han muerto bajo la custodia del Estado, una situación que requiere un análisis profundo para identificar y corregir las debilidades del sistema”, enfatizó.
Los jóvenes como cifras frías
La coordinadora de la Defensoría de Niñez y Familia del Conadeh, Cándida Maradiaga, en entrevista con Proceso Digital, expuso la crítica situación que enfrenta la niñez y juventud de Honduras, subrayando múltiples factores de riesgo que los exponen a violencia extrema.
Entre enero y junio de este año, se registraron 4,093 menores de edad retornados al país, principalmente desde Estados Unidos y México. De ellos, 951 viajaban solos, enfrentando graves riesgos, no solo de violencia, sino también de las duras condiciones climáticas y los peligrosos trayectos migratorios.
El panorama educativo es igualmente alarmante, con más de un millón cien mil niños fuera del sistema educativo, a pesar de que la Constitución de la República y la Convención de los Derechos del Niño garantizan el derecho a la educación. La exclusión educativa sigue siendo una deuda pendiente, a pesar de algunas iniciativas gubernamentales para mejorar la situación.
En ese sentido, es crucial fortalecer el sistema educativo, creando escuelas de alto nivel en lugar de cárceles, para desarrollar plenamente las capacidades de los jóvenes y prevenir la delincuencia de manera más efectiva y menos costosa.
Adicionalmente, se estima que un millón 632,000 niños y niñas están involucrados en trabajo infantil, ya sea en actividades económicas, tareas domésticas o ambas, lo cual afecta su desarrollo integral y los expone a accidentes.
A esto se suma la gravedad de los abusos sexuales, con 1,800 denuncias anuales, lo que implica que cada cuatro horas un menor de edad es víctima de abuso sexual en el país. Además, cada año más de 20,000 adolescentes dan a luz, la mayoría como resultado de violaciones, perpetuando la pobreza y obligándolas a migrar o a vivir bajo abusos.
El 94% de estos casos quedan en la impunidad, agravando aún más la situación.
Por otra parte, la situación de calle afecta a más de 20,000 niños, a pesar de un fallo de la Sala de lo Constitucional en 2022 que reconoció la violación de sus derechos humanos. Sin embargo, la falta de un mandato explícito a nivel institucional deja una deuda social con estos menores.
Maradiaga, añadió que otro grave problema es la trata de personas y el desplazamiento forzado, con 47 denuncias de menores de 30 años en el Conadeh. Las organizaciones criminales reclutan forzosamente a niños y jóvenes, obligándolos a participar en actividades ilícitas. Este contexto desfavorable expone a los adolescentes a niveles de violencia extrema, con 274 personas menores de 30 años que han perdido la vida en los primeros cinco meses del año.
Consultada sobre la corrupción que afecta la institucionalidad, dijo que en definitiva la corrupción agrava la situación, al desviar los recursos destinados a programas sociales, limitando las oportunidades de crecimiento para los niños y jóvenes.
La niñez y la juventud en Honduras:
víctimas históricas de la violencia
El defensor de derechos humanos Bertilio Amaya expresó a este medio que la violencia y los asesinatos que afectan a este grupo no son fenómenos nuevos, pero se han vuelto más visibles últimamente. Históricamente, la niñez y la juventud han sido los más afectados por la violencia relacionada con el crimen organizado, especialmente maras y pandillas.
“En Honduras, ser joven, niño o niña es un factor de riesgo”, ya que estos grupos etarios son vistos como sinónimos de violencia e inseguridad, sin considerar que su involucramiento en actividades ilícitas responde a factores estructurales y no a simples actos de rebeldía.
Los escuadrones de la muerte en Honduras tienen una larga historia, comenzando en los años 90 con casos como el de los Cuatro Puntos Cardinales, que llevó al Estado a enfrentar una demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Amaya subraya que siempre ha habido sospechas de involucramiento de autoridades policiales y militares en estos actos, y no sería sorprendente que esto continúe en la actualidad.
Según la conclusión de los expertos consultados el Estado ha priorizado acciones punitivas sobre políticas públicas y programas de rehabilitación, como lo evidencia la construcción de cárceles de máxima seguridad que costaron millones, dinero que podría haberse destinado a la educación y salud en comunidades vulnerables.
Asimismo, se remarca que la verdadera solución es ofrecer oportunidades a los niños y jóvenes colocados en situación de vulnerabilidad. Resaltan que según su experiencia, si a los niños y jóvenes se les saca de entornos vulnerables y se les brinda la oportunidad de estudiar, formarse o iniciar negocios, logran alejarse de las estructuras criminales. Sin embargo, en Honduras, estas oportunidades son limitadas, perpetuando el ciclo de violencia y exclusión. LB
