Tegucigalpa – En tiempos difíciles se requieren cambios, pero lastimosamente estos no siempre son para bien, porque los criminales se adaptan rápidamente para seguir lanzando sus redes de engaño en las que atrapan a sus víctimas para ser sometidas a todo tipo de vejámenes.
Es precisamente el caso de los tratantes de personas que ya han visto en la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 una oportunidad para sus fechorías y están aprovechando que ha incrementado la vulnerabilidad en que viven miles de personas.
“La situación de vulnerabilidad en que viven muchas personas las convierte en blancos fáciles para los grupos criminales que se aprovechan de esas condiciones de debilidad y se lucran a partir de sus necesidades más básicas que se encuentran insatisfechas”, manifestó Rosa Corea, secretaria ejecutiva de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT).
Lamentablemente con la crisis sanitaria, hay un gran riesgo de que crezca el fenómeno de la trata de personas, porque este es un delito que se nutre de la vulnerabilidad de la población, añadió la funcionaria.
Refirió que el incremento de personas en condición de mendicidad, como se ha observado en los últimos meses en las calles de las principales ciudades, donde familias enteras salen a pedir, es “un riesgo inminente” para que inescrupulosos que buscan aprovecharse engañen a para someter a hondureños vulnerables al delito de la trata.
Honduras país de origen para la trata
“Honduras sigue siendo un país de origen para el delito de trata de personas, este año estamos atendiendo un total de 206 víctimas algunas de ellas con casos bastante fuertes por el proceso de victimización que sufrieron, en algunos inclusive han llegado a tener atentados criminales en contra de sus vidas de parte de los tratantes y explotadores la trata de personas” siguió comentando la secretaria ejecutiva de CICEST a Proceso Digital.
A renglón seguido Corea dijo que “actualmente el delito se sigue dando en el país, siempre tenemos nuevas víctimas, este año llevamos 40 de las cuales 13 han sido identificadas y rescatadas en el extranjero”.
Detalló que estás 13 víctimas salieron con la ilusión del -sueño americano- y salieron en un proceso migratorio del país y terminaron siendo presas de este delito siendo víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial y esto se dio en Guatemala y en México.
Caravanas de migrantes caldo de cultivo para los tratantes
En los últimos días pese a la difícil situación que se atraviesa por la pandemia nuevamente miles de hondureños han sido protagonistas al emprender camino en caravanas hacia el denominado sueño americano, tratando de cruzar territorio guatemalteco y mexicano de forma irregular, en esa travesía en busca de oportunidades se enfrentan a cientos de peligros.
Uno de los más grandes riesgos que corren particularmente las mujeres y niñas es el de ser captadas por tratantes.
La directora de CICEST, advierte que las caravanas representan un grave peligro para la población que está emigrando a través de esta estrategia de manera conjunta o en grandes grupos poblacionales, porque pueden ser “presa fácil para el delito de trata de personas”.
A la vez confirmó que “algunas de las víctimas retornadas en este momento y que fueron sometidas en Guatemala o en México, víctimas de este delito, son personas que habían salido en estas caravanas en años anteriores”.
Esta versión coincide con datos que confirma la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) que enfatiza que “Las consecuencias económicas de la pandemia pueden conducir a un aumento de la trata de personas y el tráfico de migrantes desde los países más afectados hasta los destinos más ricos”.
Presupuesto para atención de víctimas es raquítico
El informe de país del 2019 de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras, anota que el país continúa siendo de origen y tránsito para la ocurrencia de los delitos de trata de personas y explotación sexual comercial y además es un problema que se da a lo interno.
El informe en mención revela que en el 2019 se tuvo una cantidad considerable de víctimas en el extranjero, vinculando este delito con el tráfico ilícito de migrantes, llevando a connacionales a ser explotados en la ruta migratoria en Guatemala y México. Por otro lado, también se han tenido víctimas hondureñas en Belice y en España.
Pero este delito no se da solo fuera del territorio ya que también se identificaron y rescataron víctimas en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, Cortés, Comayagua, Copán, Santa Bárbara, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, El Paraíso, Colón, Intibucá, Valle y en la ciudad de La Ceiba.
Lo anterior indica que el delito se está materializando en el país y la mayoría de víctimas son sometidas a la modalidad de explotación sexual.
Con menor incidencia también se identificaron víctimas en las modalidades de trabajo forzado, servidumbre, reclutamiento de personas menores de 18 años para actividades criminales, adopción irregular, pornografía infantil, proxenetismo, utilización de menores en espectáculo de naturaleza y relaciones sexuales remuneradas.
Ante este contexto la lucha contra estos delitos requiere de decisión política y mucho compromiso.
No obstante, hay preocupación debido a muchas limitantes en la lucha y prevención de este delito por falta de presupuesto y por si fuera poco con la entrada en vigor del Nuevo Código Penal, la sanción penal para los delitos de explotación sexual y trata de personas muestra una reducción significativa en las penas, cambios sustanciales en la tipificación, así como algunos vacíos en relación con lo establecido en los estándares internacionales.
En el Código Penal anterior la pena para la Trata de Personas era de 10 a 15 años y en el nuevo es de 5-8 años; según los entendidos en la materia de derecho el delito no tendría una pena proporcional a la gravedad de este, porque si al imputado se le impone el castigo mínimo, podría conmutar y salir libre de forma inmediata.
Por otra parte, la CICESCT cuenta con la asignación presupuestaria más baja de la administración pública, sumado a ello, a lo largo del año, esta dependencia sufrió recortes en el presupuesto los que afectaron de manera directa la operatividad de la misma, del 100 por ciento asignado se recortó el 40 por ciento.
Los datos oficiales indican que el Estado de Honduras asignó a la CICESCT a través de la Secretaría de Finanzas Presupuesto General de la República, un monto de nueve millones ciento ochenta y cinco mil setenta y seis lempiras, (L9,185,076.00), pero tal como se indicó en párrafo anterior el mismo sufrió una reducción de tres millones seiscientos cincuenta mil ciento seis lempiras con veintidós centavos (L3,650,106.22), lo que representa una reducción del cuarenta por ciento (40 por ciento) del presupuesto, lo que afectó el funcionamiento técnico y operativo de la CICESCT.
Lo anterior indica que el presupuesto real destinado a la CICESCT fue de apenas 5,534,969.78, lo que crea una serie de limitantes a la comisión para cumplir con su labor en favor de las víctimas.
Algunos avances
Sin embargo, pese a todas las limitantes, hay algunos avances significativos sobre todo en cuanto a la persecución e investigación del delito y el rescate y atención de víctimas.
La CICESCT, reporta que el año pasado se atendieron un total de 262 víctimas y de estas 84 eran nuevas. Se siguen incrementando los casos judicializados y sentenciados, en el periodo se presentaron requerimientos fiscales contra 78 personas por los delitos de trata de personas y explotación sexual comercial y, se sentenciaron 38 personas por estos delitos.
Para la persecución del delito, la Unidad contra la Trata de Personas, Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilícito de Personas (UTESCTP) del Ministerio Público, tienen jurisdicción nacional para investigar a nivel nacional los hechos denunciados por estos delitos, tiene la potestad de intervenir en cualquier jurisdicción o zona geográfica del país y realiza operativos específicos en la persecución de la trata.
El Ministerio Público a través de la Dirección de Fiscalía, informó que en el 2019 se recibieron 91 denuncias por el delito de trata de personas, y se realizaron las diligencias investigativas que correspondieron.
Delitos Especiales de la Policía Nacional, igualmente, la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), realiza investigaciones, lo mismo que INTERPOL y la Unidad de CIBERCRIMEN y, dependiendo de la complejidad del caso, interviene la Dirección de Inteligencia Policial- DIPOL.
Nuevos peligros acechan en la red a raíz de la pandemia
Según datos oficiales, en el país las víctimas fueron captadas a través de redes sociales y medios de comunicación, con falsas promesas de trabajo, amistades, noviazgos, mediante el uso de amenazas y aprovechando la vulnerabilidad de personas desempleadas, niños, niñas y adolescentes, población LGTBI, mujeres víctimas de violencia, con una situación económica precaria; personas con bajos niveles de escolaridad y víctimas del desplazamiento forzado.
Y lo que es peor también se reportan casos donde el tratante ha sido un miembro de la misma familia.
Las redes sociales siempre han representado un peligro inminente, pero en tiempos de Covid-19 este se incrementa, con solo el hecho de que más jóvenes y niños tienen mayor acceso a las mismas debido al confinamiento pasan más en las pantallas electrónicas.
En uno de sus más recientes informes UNDOC, “Impacto de la pandemia Covid-19 en la Trata de Personas” confirma que la restricción de movilidad, la crisis económica y la falta de servicios de salud y de protección son los factores que más contribuyeron a la captación de nuevas víctimas, quienes han tenido que lidiar muy de cerca con el riesgo al contagio.
De acuerdo con el mismo informe, la llegada de la COVID-19 agudizó la trata local de mujeres y especialmente de niñas y adolescentes en América Latina, una región donde el número de víctimas detectadas ha crecido de forma “pronunciada” en los últimos años.
UNODC, anota que se ha advertido que los criminales están haciendo ajustes en la denominada “nueva realidad” a través del abuso de herramientas tecnológicas.
De acuerdo con datos de esta iniciativa global ya se ha detectado el incremento de la captación en línea, posible aumento de la demanda cibersexo de menores, aprovechando una posible menor fiscalización de las autoridades y atención de organizaciones.
Ante esta situación, la advertencia es tanto a los padres de familia como a los jóvenes para estar más atentos a situaciones en las que puedan ser engañados.
Dentro de las principales recomendaciones de UNODOC, resalta que “a pesar de la desaceleración económica prevista por causa del COVID-19 y de las consiguientes presiones sobre los presupuestos nacionales, los países deben seguir apoyando el trabajo en contra de la trata de personas y adaptar sus programas de asistencia a las nuevas y extraordinarias circunstancias creadas por la pandemia y sus secuelas”.
Es una necesidad imperante que la sociedad conozca este delito, pero sobretodo que los entes encargados de la lucha no quiten el dedo del renglón y se haga una lucha incansable por la prevención pues a mayor vulnerabilidad más riesgo y la trata de personas es uno de los delitos más crueles y de los que más secuelas deja en las víctimas a nivel psíquico. (PD)
