Recientemente hemos presenciado la incapacidad de los diputados para lograr un acuerdo y nombrar en propiedad al Fiscal General y el Fiscal General Adjunto. Para nombrarlo se requiere mayoría calificada, es decir 86 votos, y el partido de gobierno tan solo cuenta con 52 votos, mientras que la oposición tiene 74.
Ninguna de las dos partes cedió o negoció, por lo que resultó imposible el nombramiento de los dos importantes funcionarios. Al final, el partido de gobierno, haciendo gala de una creatividad maligna y dañina, utilizó una triquiñuela legal para nombrar, interinamente, a los dos funcionarios.
Recurrió a la Comisión Permanente del Congreso, integrada en su gran mayoría por correligionarios leales del ilegal presidente del Congreso. Es así como el nombramiento de los dos fiscales pasó de requerir 86 votos a tan solo la mayoría de 9. ¿Qué le parece, estimada lectora? Seguramente que no fue esta la intención de los Constituyentes cuando redactaron la Constitución, pero el partido de gobierno está dispuesto a recurrir a cualquier subterfugio legal a fin de continuar capturando las instituciones del Estado aunque en el proceso las destruya y haga desaparecer la independencia de poderes. Pero veamos en más detalle lo acontecido a fin de entender mejor la situación.
El partido de gobierno justifica su torcida interpretación de la Constitución arguyendo que se trata de un nombramiento interino y que los recién nombrados vacarán sus cargos tan pronto sean nombrados los fiscales en propiedad, es decir con el voto de 86 diputados. Sin embargo, como los despabilados lectores entienden, ese interinato podría durar meses, por no decir años. Como los nuevos funcionarios fueron seleccionados discrecionalmente por el partido de gobierno es razonable suponer que seguirán fielmente los dictados del coordinador de ese partido. En pocas palabras, el partido de gobierno no tiene interés alguno en poner fin al interinato. Por el contrario, usarán a los nuevos fiscales para convertir al Ministerio Público en un mecanismo de persecución política.
Ya se escucha que retomarán la denuncia hecha contra empresarios por el Director del SAR, así como el cargo planteado en contra del ex alcalde Tito Asfura y la acusación en contra de varios funcionarios supuestamente involucrados en el caso de los hospitales móviles. Seguramente que nos dirán que quien nada debe, nada teme, pero eso no es así cuando las instituciones se politizan. Vea sino el caso de Corina Machado en Venezuela. Por el simple hecho de haber sido acusada de corrupción por un ente del gobierno se pretende negarle la participación en las próximas elecciones. Basta con acusar. No hace falta probar su culpabilidad. Así son las cosas en estos regímenes.
El libreto que siguen a pies juntillas estipula que los líderes de la oposición deben ser desprestigiados y excluidos de la vida política del país. Un Ministerio Público dócil y sumiso es una valiosa pieza para destruir la oposición.
Y por supuesto, todo se hace alegando un irrestricto respeto a la Constitución, o al menos a su torcida interpretación de la misma, tal y como lo hacen don Nicolás Maduro en Venezuela y don Daniel Ortega en Nicaragua.
En realidad, como las apreciadas lectoras seguramente han percibido, el Congreso se ha convertido en una farsa donde lo único que importa es quien tiene en su poder las llaves que permiten el acceso a la publicación de La Gaceta. La esencia del arte de legislar no reside en la voluntad soberana de los diputados, sino que en la autoridad para lograr que La Gaceta publique el supuesto proyecto de Ley.
Véase sino la vertiginosa rapidez con que publicaron el Decreto que nombró a los fiscales interinos. Solo falta que en estos días, en los que la tecnología parece no tener límites, alguien se dedique a publicar versiones “fake” de La Gaceta. Tristes son los tiempos cuando lo fundamental para legislar no es el interés del soberano, es decir, el bien común, sino el controlar las llaves de La Gaceta.
Como los lectores supondrán, habiendo caído el Ministerio Público en manos del gobierno sería ingenuo no esperar la politización del mismo. Sería igualmente iluso pensar que el interinato será breve. La lógica nos lleva a pensar que se buscará desprestigiar a la oposición y a eliminar posibles candidatos, particularmente aquellos que gocen de apoyo popular. También cabe suponer que todo el proceso electoral será acomodado a gusto del partido de gobierno. Ya han demostrado que pueden salirse con la suya a pesar de contar con una minoría en el Congreso. Todas las reformas electorales, incluyendo la segunda vuelta, serán hechas a conveniencia de Libre. Me parece que ya es evidente que han tomado el poder para retenerlo permanentemente.
La medicina que tomamos para librarnos de JOH pareciera haber resultado peor que la enfermedad. Recordemos lo que sucede con estos regímenes cuando se hacen del poder y piensan que permanecerán allí por siempre gozando de impunidad. Por algo es que Venezuela continuamente aparece como el país más corrupto del Continente. En las pasadas elecciones el pueblo, sabiamente, decidió no entregar el control del Legislativo al partido al cual había entregado el Ejecutivo. Todos pensamos que habíamos logrado limitar el poder del Ejecutivo y que las decisiones en el Congreso se tomarían con base en los votos que cada proyecto de ley pudiera obtener. Es decir, pensamos que en el Congreso privaría la voluntad soberana de los diputados. Ahora hemos sido tristemente sorprendidos al ver que el Congreso ha sido secuestrado por una minoría.
Eso equivale a destruir nuestra imperfecta y joven democracia, para sustituirla con el ilustrado proyecto que un puñado de ideólogos busca imponernos. El reto ahora es como pacíficamente evitamos el negro futuro que pareciera cernirse sobre nosotros. No será fácil porque el partido de gobierno está dispuesto a emplear la violencia mediante el uso de sus colectivos, pero lo peor que podemos hacer es adoptar una postura indiferente y distante. Nuestra libertad, nuestro desarrollo, nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos está en juego. Participemos en la lucha pro libertad y democracia. ¡Hagamos conocer nuestra opinión!
