Tegucigalpa – Un año después de haber entrado en vigencia, los Tribunales Nacionales de Corrupción de Competencia Nacional Territorial, conocidos popularmente como juzgados anticorrupción, comienzan a tener una fuerte actividad con los llamados casos de impacto en la materia, siendo uno de los más fuertes el juicio contra la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, conocido como “Caja chica de la dama”, investigado y presentado por el Ministerio Público, a través de su unidad UFECIC, con el apoyo de la MACCIH.
Pero también están conociendo los casos de la corrupción en el Colegio de Abogados, el de los ex consejeros del Consejo de la Judicatura, un caso de Fraude al Seguro Social, el caso Gualcarque, Patuca III, corrupción y colusión, entre otros.
El exgerente de la ENEE, Roberto Martínez, es uno de los señalados en Gualcarque
Gualcarque y Patuca III están relacionados con los otorgamientos de contratos de energía y sus presuntas irregularidades. El primero, relacionado con el otorgamiento de un contrato energético denunciado por la asesinada líder ambientalista Berta Cáceres, en tanto el segundo, Patuca III, corrupción y colusión, se vincula a supuestas irregularidades en otorgamiento de contratos para la construcción de la represa. En ambos casos, los imputados, por ahora, a excepción de uno que anda prófugo y otro goza de prisión preventiva, el resto tiene medidas cautelares distintas a la prisión, mientras continúa el proceso.
Poco a poco estos tribunales que integran el llamado circuito jurídico anticorrupción están poniendo a prueba sus destrezas, sus resoluciones indicarán la calidad de impartición de justicia y el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho.
Dos casos relevantes
De los juicios que empiezan a conocer los tribunales anticorrupción, los dos que acaparan, por ahora, la atención mediática es el juicio contra la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, que ya está en su última fase.
La exprimera dama junto a su cuñado y exsecretario durante juicio Caja Chica Dama
Es un juicio en el cual hasta los testigos de la defensa se han ausentado y ésta optó por renunciar a ellos al resultar imposible ubicarlos. La etapa de este juicio, en donde por primera vez una ex primera dama es juzgada en la historia del país, está por finalizar, se prevé que tras la etapa de conclusiones la sentencia esta a las puertas de ser dictada.
Otro de los casos que ha concitado el interés público es el denominado “Fraude al Instituto Hondureño de Seguridad Social”, relacionado con la compra sobrevalorada de equipo por parte de esa institución de seguridad social, en el cual se ve implicada la ex directiva de este, entre ellos representantes del sector privado y líderes gremiales.
Una apelación de la Fiscalía llevó al tribunal a revocar la libertad provisional que gozaban ocho de los ex directivos del Seguro Social, en tanto para otro dos, dejó firme la resolución de arresto domiciliario por problemas en su salud, ratificados por médicos expertos.
Los exdirectivos del IHSS durante la audiencia inicial en los Tribunales Anticorrupción
Este último caso, ha desatado la incomodidad de los obreros, que aseguran que quieren convertir a sus líderes en “chivos expiatorios” y amenazan, como lo hicieron la primera vez, con presionar en los tribunales, pero diversos sectores sociales les recuerdan que la justicia debe ser pareja y deben dejar que ésta siga su curso.
El caso del IHSS
El desfalco en el Seguro Social, la mayoría de las líneas investigativas por parte del Ministerio Público han sido judicializadas y en casi todas han obtenido sentencias condenatorias, es un hecho emblemático que ha causado indignación ciudadana, permitido que se instale una misión internacional como la MACCIH, pero también revelado cómo ha operado desde las instituciones públicas la corrupción.
En el libro “El manejo político y social de la corrupción en Honduras”, del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), señala que el caso del Seguro Social es un caso típico de cooptación del Estado al identificar redes burocráticas, económicas y políticas que ejercían su “derecho de propiedad”.
Mario Zelaya y José Ramón Bertetty, han recibido las mayores condenas en el desfalco del IHSS
“A la luz de desfalco en el IHSS se identifica claramente como los pilares de la corrupción entre corrupto y corruptos, amparados en la impunidad y la tolerancia social, ejercían su derecho a piso como una práctica normal en medio de una institucionalidad diezmada. Se configuraron así los elementos de satisfacción de intereses políticos o económicos particulares afectando el cumplimiento de responsabilidades públicas de interés colectivo y de la moral social”, señala el libro.
Dentro de las llamadas redes burocráticas, destacan los gremios sindicales y en el caso del Seguro Social, el reporte de la comisión interventora destaca que en las negociaciones algunos gremios ahí representados lograban que con el presupuesto del Seguro Social se les pagaran hasta los postres y las meriendas, aparte de los tres tiempos de comida como “conquistas laborales”, en cambios otros, desde la directiva de la institución habrían solicitado “coimas” o comisiones para gestionar el pago de contratos que ellos mismos habrían aprobado, a sabiendas que la institución carecía de presupuesto.
En los llamados casos de impacto que empiezan a conocer los juzgados anticorrupción, estas formas de cooptación empiezan a dibujarse y por ser dentro del sistema jurídico integrado anticorrupción, los responsables de juzgar y emitir sentencias, sus fallos serán trascendentales para los procesos que al respecto ha comenzado a tener el país.
Los juzgados en materia de corrupción
La creación de los llamados juzgados anticorrupción surge al detectarse que, en Honduras, a la luz de la progresividad del derecho, los casos de corrupción son sometidos a un integrado sistema jurídico para responder al fenómeno de la corrupción con un abordaje adecuado.
Hoy los casos que están siendo conocidos, son pruebas de fuego para sus integrantes, pero también para quienes los presentan, pues de la contundencia de sus investigaciones, del cotejo de datos y la sustentación de pruebas, depende también que la justicia actúe correctamente, haciendo prevalecer la ley sin violentar el debido proceso.
