Afirmábamos en la primera parte de este texto que, frente al modelo neocon-neo liberal, la educación debería regirse por un decálogo de principios y prácticas, entre las cuales incluíamos como primeros tres: 1) el “blindaje” constitucional y financiero de la educación como un derecho fundamental; 2) la adopción de la educación pública para garantizar a todos las mismas oportunidades de acceso; y 3) la gratuidad de la educación, para que los recursos indispensables para asegurar ese acceso estuvieran disponibles desde el nivel básico al universitario. Además de los anteriores, agregaríamos los siguientes:
4. Educación laica. La educación debe respetar la libertad de conciencia y de creencias, educar sin dogmas y no introducir ninguna forma de adoctrinamiento ni en el horario ni en el currículo escolar; tampoco permitir actos o simbologías religiosas en los espacios públicos educativos. La escuela pública no es antirreligiosa, simplemente defiende valores morales comunes que nos unen. Las familias pueden transmitir a sus hijos e hijas las convicciones religiosas que consideren adecuadas, pero en el ámbito familiar o en los espacios religiosos destinados para ello.
5. Educación inclusiva. Debe promover la máxima igualdad atendiendo a la diversidad de toda la población, evitando todo intento de segregar al alumnado que presente más dificultades en su proceso de aprendizaje. Considerar la diferencia como una oportunidad y no como un problema. Por eso debe enfocar su planteamiento pedagógico desde un modelo de educación inclusiva: pensado para todos y todas, pero desde quienes más lo necesitan. No se trata de la educación de un conjunto determinado del alumnado, sino de repensar las medidas que ayuden a los sistemas escolares y al profesorado a estar mejor capacitados para enfrentarse a la diversidad de situaciones y necesidades que puedan presentar sus alumnos y alumnas, cualesquiera que estas fuesen. Educar supone atender a la diversidad; si no se atiende la diversidad, no se educa, sino que se deseduca.
6. Educación que reivindica la Educación Infantil. La educación debe favorecer la escolarización temprana, como desarrollo de un aprendizaje que aumenta el bienestar, la confianza, la seguridad en sí mismo y la socialización del niño y la niña, y también como factor compensador de desigualdades. Por eso garantiza y asegura todas las plazas públicas necesarias de Educación Infantil en la etapa de 0 a 6 años, con carácter plenamente educativo.7. Educación democrática. Debe fomenta auténticas «escuelas de democracia» donde las asambleas de reflexión, la deliberación dialógica y los acuerdos consensuados son una estrategia habitual que corresponsabiliza al alumnado en la dinámica educativa de los centros e implica a toda la comunidad en la construcción de una auténtica comunidad de aprendizaje. Una educación que educa en y para la democracia desde la práctica educativa y donde los estudiantes participan en la toma de decisiones sobre qué aprenden. (2/3)
