Tegucigalpa – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró en forma unánime la inconstitucionalidad presentada por la Fiscalía en contra del decreto 141-2017 contentivo del artículo 238 de la Ley de Presupuesto que fue modificado por una fe de erratas.
– Con esta decisión se reactiva la causa conocida como Red de Diputados, que fue archivada por la jueza Alma Consuelo Guzmán y la turnó el Tribunal de Cuentas.
Así informó esta tarde el oficial de comunicaciones de la CSJ, Melvin Duarte, quien agregó que la decisión establece declarar la inconstitucionalidad del decreto 141-2017 en el que se reformó el artículo 16 y se adicionó el artículo 131-A de la Ley Orgánica del Presupuesto.
Explicó que inicialmente se había declarado con lugar la demanda de inconstitucionalidad formulada por la Fiscalía y la inconstitucionalidad presentada por la Corte de Apelaciones designada en el caso conocido como Red de Diputados.
“En términos generales la Sala ha considerado en relación a estos artículos y en relación al artículo 238 de las disposiciones generales del Presupuesto General de la República para el año 2018 se consideran en efecto fuera de lo establece debe ser contenido en la Constitución y las leyes”, explicó.
El portavoz judicial recordó que en enero de 2018 la jueza de Letras Natural designada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia dictó en su conocimiento de la causa una sentencia interlocutoria en la que resolvió decretar la concurrencia falta de acción en vista que la causa criminal no podía proseguirse, conforme a los artículos que fueron establecidos y en relación al artículo de reforma 131-A de la Ley Orgánica del Presupuesto, y en ese momento se ordenó archivar las diligencias revocando las medidas cautelares impuestas a las personas que estaban encausadas.
Siguió que “en ese sentido ahora lo que tiene que concurrir deberá enviar entonces esas diligencias a la Corte de Apelaciones que conoció en su momento, ya que ahí igualmente fue presentada la apelación por parte del Ministerio Público en relación a esa decisión tomada por la jueza de Letras Natural designada y la Corte de Apelaciones estará analizando lo que corresponda en relación al expediente que fue sometido a su conocimiento”.
Duarte concluyó que “una vez que las diligencias regresen a la Corte de Apelaciones que se pronunció sobre esta inconstitucionalidad sobre esa petición que declaró de oficio la inconstitucionalidad pues tendrán que retomar el fondo de lo que ha sido apelado por el Ministerio Público y resolver en lo que corresponda respecto a la reactivación de la causa”.
El 24 de enero de 2018, la jueza Guzmán que conoció el caso Red de Diputados, decidió acogerse a la reforma aprobada en el Congreso Nacional y determinó trasladar las diligencias al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
En diciembre de 2017, la Fiscalía denunció a una red de cinco diputados –en ese momento vigentes- señalados por el delito de malversación de caudales públicos.
Se trató de Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto Cruz Asensio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Juárez, todos actuales diputados del pleno del Congreso Nacional. Igualmente se vinculó a tres particulares.
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